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l Poder Ejecutivo fijó en 8,5% el aumento salarial para la Justicia. La propuesta se enmarca en el convenio firmado en noviembre del año pasado entre ambas partes y que tiene como fin equiparar los salarios de los magistrados entrerrianos con los nacionales. El artículo 1º de ese texto apunta que "a las remuneraciones de magistrados, funcionarios, y empleados del Poder Judicial de la provincia se les aplicará de manera automática todo incremento que por cualquier concepto se produzca en las asignaciones del Poder Judicial de la Nación". El primer paso que dio el Gobierno fue solicitar, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, las liquidaciones de los haberes de los funcionarios judiciales de las provincias de Santa Fe y Córdoba con el fin de tener un panorama regional preciso en materia salarial. Desde ambos poderes coinciden que para alcanzar la llamada "equiparación" se debe transitar un plan progresivo de "armonización" normativa de tal manera que la política salarial se dé en un marco "razonable" a la realidad de, en este caso, Entre Ríos. El jueves se reunió la Comisión de Salario y Presupuesto que componen los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Juan Ramón Smaldone y Claudia Mizawak; el defensor de la provincia, Maximiliano Benítez; el procurador general, Jorge García; representantes de la Asociación de Magistrados; y dos representantes de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER). En principio, la propuesta del Ejecutivo que comprende un aumento del 8,5% en los salarios es aceptada en por todos los sectores que conforman el comité. El punto que atrae todas las miradas y las dudas –principalmente la del gremio–, es que la iniciativa comprende un plus por única vez para los vocales. Este punto vendría a "emparejar" los salarios de los integrantes del máximo cuerpo con los de sus pares de las provincias vecinas de Santa Fe y la Córdoba. Este punto del paquete que compone la iniciativa habría salido del mismísimo alto cuerpo. El gremio coincide con que los funcionarios del STJ entrerriano están entre en un 40% y 50% atrasados en sus salarios a comparación de los magistrados de las provincias vecinas, pero desconfían de la forma en que se aplicaría esa suma reparativa. En rigor, temen a perder el sistema de enganche que implica que cada vez que se aplica un incremento a la Justicia, los trabajadores también lo reciban. No obstante, en un plenario llevado a cabo el jueves pasado, AJER aprobó la propuesta. "Nada está cerrado" Así respondieron fuentes consultadas en el ámbito del Poder Ejecutivo, los tribunales y el gremio. La próxima semana se volverá a reunir la comisión. Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado espera un acuerdo para empezar a trabajar en la implementación del incremento.