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n decreto del 25 de julio de 1980, identificado con el número 2.411, que firmó el entonces gobernador de facto Carlos Aguirre, autorizó la venta a distintas empresas privadas de 14.928 hectáreas de tierras de dominio público, ubicadas en islas Las Lechiguanas, en el departamento Gualeguay.
Una de las firmas que se benefició con esa venta es El Trébol SA, un condominio con domicilio fiscal en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, uno de cuyos socios es el abogado Emilio Alfredo Cártey. El letrado disparó un búmeran: reclamó la escrituración a su nombre de los lotes vendidos durante la década de 1980, y su pedido no hizo más que activar una investigación que derivará en la anulación de aquella operación inmobiliaria concretada por el gobierno militar.
El Trébol había conseguido una cesión precaria de lotes en agosto de 1971, y bajo el gobierno de facto de Ricardo Favre. Aún en medio de la disputa irresuelta con la provincia de Buenos Aires en torno a la posesión de las islas del Delta de Paraná, la Subsecretaría de Asuntos Agrarios de Entre Ríos le cedió la tenencia de 3.440 hectáreas en Las Lechiguanas.
El Trébol había prometido un plan de desarrollo agrícola, ganadero y forestal en las islas. Pero en realidad después le dio un uso de rentas: en los años sucesivos fue arrendando los lotes para el pastoreo del ganado de terceros. Se sabe: el ojo del amo engorda el ganado, y aquí el amo estaba a varios kilómetros de distancia, así que un tercero se quedó con buena parte de las tierras de El Trébol: Héctor Omar Biasotti, nativo de Ramallo, provincia de Buenos Aires. El abogado Cártey lo define, sin embargo, como un delincuente.
Cártey, y su sociedad El Trebol, nunca pudo escriturar las tierras que malvendió el gobierno de la dictadura. El 13 de agosto de 2010, Cártey efectuó una presentación formal ante el Gobierno de Entre Ríos y pidió la confección de la escritura traslativa de dominio –o sea, que las más de 3.000 hectáreas que le vendió el ex gobernador Aguirre salgan de la órbita de dominio público y queden en su patrimonio– pero el pedido se le volvió en contra.
Un dictamen que firmó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, observa dos aspectos: que la venta de las tierras en cuestión fue dispuesta "dentro del marco de un gobierno de facto", pero también que esa enajenación se apoyó en un decreto que fue "emitido en violación de preceptos con jerarquía superior que tutelan el orden público". Las islas constituyen bienes "públicos naturales" que requieren de una ley del Congreso Nacional que autorice a la provincia a su venta, y recién entonces proceder a su transferencia a particulares.
Pero Cártey apura la escrituración de esos lotes por una razón de vecindad: Biasotti, convertido al parecer en un personaje del far west en el Delta, se está quedando con casi todos los lotes en Las Lechiguanas a fuerza de pistola. "Biasotti es un delincuente que con la complicidad de deshonestos funcionarios de la provincia usurpó y enajenó más de 35 mil hectáreas en las islas Lechiguanas", planteó Cártey en la nota que llegó a manos de la Fiscalía de Estado.
A El Trébol le arrebató 160 hectáreas, y la única forma de sacarlo de ahí es mediante un juicio de desalojo, pero a Cártey se le presenta un problema: no tiene escrituradas a su nombre las tierras que le reclama a Biasotti. De igual modo, en 2000 el abogado entabló una demanda por usurpación ante el Juzgado de Instrucción Nº 2, de Gualeguay, que de todos modos no consiguió que avance. "Biasotti tiene atemorizados a todos los isleños y propietarios de las islas Lechiguanas, tal es así que nuestros puesteros no se animan a enfrentarlo; además de portar armas largas, amenaza con muertes y secuestros", contó.
Biasotti, dice el abogado Cártey, actúa "como señor feudal", que escritura tierras de dominio público a su nombre, y después vende "en 15 dólares la hectárea". Y lo define como un "matón" que avanza con la fuerza cuando alguien se le pone en frente, "como el caso de Víctor Doménech, a quien le aplicó una feroz puñalada".
Una denuncia judicial
El viernes 1 de octubre de 2009, la provincia motorizó una denuncia penal contra Héctor Oscar Biasotti por la usurpación de 5.000 hectáreas en las islas del Delta próximas a Gualeguay. La presentación fue hecha ante el titular de la Fiscalía Nº 2, de Gualeguay, Darío Ernesto Crespo, y apuntó contra Biassoti, a quien se acusó de haber usurpado "distintos inmuebles pertenecientes al dominio público del Estado provincial".
El escrito resalta que el delito denunciado "es permanente", que no prescribe aún con el tiempo transcurrido desde la ocupación de los predios. El documento, de ocho páginas, apunta a la ocupación irregular de siete lotes en Las Lechiguanas: los lotes Nº 1 y Nº 2, de 1.155 y 1.154 hectáreas, respectivamente, fueron ocupados por Biasotti en 1999 a partir de un contrato de pastoreo que firmó entonces con el Instituto Provincial de Transformación y Colonización Agraria de Entre Ríos (Iptycaer), por un plazo de 12 meses. "Vencido el cual, se mantuvo ilegítimamente en el inmueble", dice el escrito judicial. El lote Nº 3, de 482 hectáreas, fue ocupado por Biassoti, con carácter de "clandestinidad"; lo mismo ocurrió con el Lote Nº 4, de 570 hectáreas; el Lote Nº 5, de 517 hectáreas; el Lote Nº 7, de 229 hectáreas; y el Lote Nº 9, de 588 hectáreas.
"Biassoti ingresó al citado inmueble de manera oculta respecto del titular del bien jurídico protegido, facilitándose ello por las características propias del inmueble", dice la presentación.
