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l presidente del Consejo Provincial del Niño y la Adolescencia y la Familia (Copnaf) Raúl Solanas, le envió una nota a la titular del Superior Tribunal de Justicia, para que tome intervención en aparentes irregularidades detectadas en la entrega directa de bebés recién nacidos en La Paz, lo que daría a pensar de la existencia de situaciones irregulares en las que podrían tener que ver médicos y abogados de esa zona. El funcionario provincial tomó la decisión al conocer que en poco tiempo se había dispuesto la autorización para entregar en forma directa a tres bebés de manera ilegal. En la nota dirigida a la vocal Leonor Pañeda, le informa “de la profunda preocupación que existe en el organismo respecto de los acontecimientos que se han suscitado en la Jurisdicción Judicial de La Paz, y que involucrarían una supuesta entrega directa de un bebé a una familia de la ciudad de Buenos Aires”. Comenta el funcionario que se tomó conocimiento “que desde el Juzgado Civil y Comercial de La Paz, a cargo de Silvio Calleja, se había convocado a una audiencia para disponer la restitución de un bebé, en la cual estuvieron presentes además de la familia que tenía en su poder al niño, la madre biológica, el fiscal, el médico de Tribunales, la defensora de Pobres y Menores y personal de la Coordinación Departamental de La Paz. Además de las situaciones incómodas que debieron soportar los trabajadores del Copnaf”. Solanas en su pedido de intervención al Superior, le recordó que desde la Coordinación de La Paz ya se venía interviniendo en esta situación desde 2010 atento a que se poseían datos de una posible entrega directa del bebé, disponiendo el acompañamiento de la madre, tratando de fortalecer su rol materno, entre otras acciones, sin embargo el hecho igualmente sucedió, habiéndose producido el nacimiento en una clínica privada”. Aclaró el titular del Copnaf que “el hecho denunciado no es el primero que ocurre en la citada localidad, ya han sucedido otros que han implicado entregas directas de bebés, en clara violación a las normas legales vigentes, lo cual nos lleva a presumir que en esa localidad existirían personas que se dedican a realizar maniobras penadas por la ley, y que merecen una investigación profunda por parte de los órganos judiciales competentes, que son los que deben velar por el cumplimiento irrestricto de la legislación referente a la adopción de los niños y adolescentes para evitar justamente que se repitan hechos como el relatado, que implican entregas directas de niños violentando los procedimientos que deben ser celosamente preservados”. Por todo lo expuesto es que Solanas consideró “necesario que se adopten urgentes medidas para evitar hechos repetitivos como el aquí mencionado, debiéndose investigar las clínicas que existen en la zona y que la nueva ley de creación del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos impone como obligación legal la denuncia por parte de los directores y funcionarios al juez de Familia competente cuando tomen conocimiento de una situación de abandono de un niño o de la determinación de su progenitor o progenitores de darlo en adopción o de no hacerse cargo de su crianza”. Por ello es que para Solanas quien viole esta legislación incurre en el delito de violación de los deberes de funcionario publico, sin perjuicio de que su accionar implique también la comisión de otro ilícito. Por esta entrega directa de bebés es que le reclamó a Pañeda “ordenar una investigación sobre todos los procesos en los cuales se han entregado niños en guarda a fin de establecer si los procedimientos se han adecuado al Derecho vigente o en su caso si se han infringido normas legales de cumplimiento ineludible” de parte de los funcionarios que autorizaron tales procesos de adopción.