Viernes 29 de abril de 2011
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Interés general
Los Pacayut: se fijó fecha del juicio oral y público
El ex senador y su esposa están procesados por fraude a la administración pública. La mujer recibió, en carácter de indigente, una vivienda otorgada por el Estado. Su marido era por entonces Senador.
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Pacayut y su mujer llegan a juicio.
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A

belardo Pacayut y Ruth Klein andarán por Paraná durante la segunda quincena de mayo. Es que la Justicia fijó para el 17 de mayo y hasta 24 el período en que se desarrolle el juicio oral y público que tiene al ex senador y su esposa en la causa caratulada “Falsedad Ideológica y Fraude a la Administración Pública”. La misma surgió luego de que se detectara que el ex legislador hizo pasar por indigente a su cónyuge y así conseguir a título gratuito una vivienda del Estado en el paraje Mazaruca, en el departamento Islas, cedida por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). El 11 de diciembre de 2006 se había dictado el procesamiento de Pacayut en la causa, pero desde esa fecha el expediente estaba a la espera en la Sala I de la Cámara del Crimen, aguardando ser anexado a la causa Puerto Ibicuy, que también se sustancia en ese mismo tribunal. Esto último, reclamado por los abogados defensores, finamente no se concretó confirmaron. Indigencia Una vez que Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) desactivó a mitad de la década de 1990 un establecimiento forestal que poseía en Mazaruca, una población ubicada a 25 kilómetros de Ibicuy, quedó allí un grupo de viviendas de estilo inglés totalmente deshabitadas. En la Legislatura se impulsó un proyecto para que el IAPV tomara a su cargo esas viviendas y distribuirlas entre familias más necesitadas. Entre los postulantes, se presentó la esposa de Pacayut, Ruth Klein. Mazaruca es un pequeño asentamiento frente a las islas Lechiguanas. El pequeño condado empezó a ser noticia en los medios capitalinos cuando estalló la denuncia contra los Pacayut, pero los tiempos de la Justicia hicieron que vuelva al libro de la memoria. Pasaron los años y el rincón entrerriano “colonizado” por un grupo de ingleses volvió a cobrar una notoriedad fugaz a principios de la década siguiente, cuando el lugar fue escogido para realizar prácticas de guerra por parte de un escuadrón de “marines” de los Estados Unidos. En la actualidad no deben pasar de las tres decenas la cantidad de familias que habitan allí. El ex senador justicialista, quien ostentó su banca entre 1987 y 2003, quedó en medio de un pleito que tendrá su desenlace a partir del 17 del mes próximo. La Justicia pretende probar que al momento de adjudicarse esa vivienda, la esposa de Pacayut no era indigente, sino propietaria de una vivienda en Paraná, ubicada en Laprida al 500. El tribunal que los juzgará será la Sala Primera de la Cámara del Crimen integrada por Hugo Daniel Perotti, Miguel Ángel Giorgio y Daniel Malatesta. Este último, en rigor, reemplazará a José María Chemez, quien actuó como fiscal de la causa. Causa “Puerto Ibicuy” Otras de las causas que tiene Pacayut y que está elevada a juicio es la conocida como “Puerto Ibicuy”. En esta oportunidad se investiga qué destino tuvieron unos 20 millones de dólares producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron dirigirse a la construcción de un puerto de aguas profundas. En el caso, además del ex senador, están involucrados su hermano, Carlos Pacayut, y Norberto Dourrels, Rafael Morana, Miguel Sindor, Aldo Navarro, Julio Ivanovich y Carlos Loveras. La investigación sobre el destino de esa suma de dinero la inició la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda gobernación de Jorge Busti. Con sólo contar los años del inicio de la causa se puede percibir la importante dilatación que sufrió el proceso a través de planteos permanentemente de nulidades, apelaciones, y casaciones. El expediente, si bien ya estuvo en la Corte Suprema de Justicia, lo intentará estar nuevamente, según se informó. La defensa, encabezada por Guillermo Bonabotta y Rubén Cabrera, apelará al máximo cuerpo de justicia de la Nación tras la negativa a su defendido de producir pruebas. El delito por el que se los acusa es el de peculado –apropiación de dineros públicos— y tiene relación directa con el destino de los fondos destinados al Puerto Ibicuy.
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