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e la redacción de INFORME DIGITAL La sección "recorriendo el protocolo" salde al aire de lunes a viernes entre las 9 y las 12 horas en el programa "El Arranque" que conduce Rolo Martinelli por radio f5. Si el funcionario no está en su horario de trabajo y no pueden justificar su ausencia estará "bajo la lupa" para volver nuevamente a su oficina con nuestra sección "recorriendo el protocolo". Este martes la radio pasó por la Oficina Anticorrupción y Ética Pública para saber qué tareas realizan en la sede ubicada en la intersección de Av. Alameda de la Federación y Pasaje Falucho. En el lugar la sorpresa es que quien figura en el protocolo como el titular del área, Luis Francisco Pedemonte, hace más de un año y medio que se desempeña en otro lugar -ligado a la Defensoría- y su nuevo titular, Gustavo Acosta, no supo o no quiso dejar en claro a quién le cabía responsabilidad por el error. El funcionario no tuvo problemas en contar que "esta oficina depende de la Fiscalía, organismo encargado de velar por los intereses del Estado". "Nuestra oficina debe velar todo lo que sea materia de aplicación del a Convención Internacional sobre Corrupción, las disposiciones de la Constitución nacional, provincial y leyes", marcó Acosta. El titular de la oficina Anticorrupción aseguró que "tenemos dos o tres funciones actualmente, una de ellas es recepcionar todas las denuncias sobre acceso a la información pública, otra es la función administrativa sobre el manejo de expedientes y participación en cuestiones judiciales, es decir, todas las causas de delitos contra la administración pública que se vienen dando desde el año 2000". Hoy en día "existen algunas actuaciones administrativas contra esta gestión por diferentes anoticiamientos que nos han realizado de posibles irregularidades, se realiza un expediente administrativo, se sustancia y si se llega a la conclusión de que puede haber un delito, se interpone la denuncia". Por la presencia del titular del área y la información precisa, la Oficina Anticorrupción y Ética Pública saca un aprobado, aunque no precisar a la ciudadanía sobre el nombre de su actual titular es un error grosero.