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ara el Estado Nacional y su Ministerio de Defensa es uno de los muchos casos en los que, a lo largo de dos décadas, ha prosperado el planteo de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas, que pidieron la inclusión en sus haberes de aquellos códigos que los militares en actividad cobran en negro. Sí, leyó bien, en negro. Para los jubilados que debieron iniciar el reclamo a mediados de la década del noventa y todavía esperan cobrar, es un calvario. Una causa que está radicada en un edificio grande, lleno de papeles, conocido con el dudoso nombre de Justicia. Como “Ramos Nicanor y otros” hay al menos una decena de causas en la Justicia Federal de Paraná. Pero el caso en cuestión es llamativo, por un detalle increíble: el juicio tiene fallo favorable de la Cámara Federal desde hace más de 10 años, y en 2007 el grupo de retirados y pensionados consiguió que se les pagase una parte de la deuda. El resto está en el Banco Nación desde esa fecha, y los ancianos esperan desde hace un año y medio que el juez Federal de Paraná estampe su firma, ordenando a la entidad que les pague lo que se les debe. El reclamo fue iniciado por retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas todo el país, para cobrar como pasivos el porcentaje correspondiente a las sumas no remunerativas y no bonificables que el Estado argentino pagó a militares en actividad, desde 1992. Los jubilados fueron ganando los juicios y el fisco comenzó a pagar en bonos. Sin embargo, siempre discutió los montos. Y la situación de los retirados empeoró con una serie de medidas oficiales. Por ejemplo, a partir del año 2000, por aplicación de la Ley de Emergencia Nº 25.344 –impulsada por el Ministerio de Economía, por entonces a cargo de José Luis Machinea–, se les impidió embargar las cuentas estatales. Por otro lado, el Estado reservó el derecho de realizar las liquidaciones, en una decisión cuestionable pero avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostenida por las sucesivas administraciones y prorrogada periódicamente, incluso hasta fines de 2011. La firma En la causa “Ramos Nicanor y otros”, son una decena de retirados y pensionados, asistidos por el abogado de Paraná Rodolfo Pratti, los que están batallando desde 2007 para terminar de cobrar el dinero que se dispuso en el fallo de la Cámara. El Banco Nación les pagó una parte de los bonos –su valor residual—, y sobre el saldo, informó al Juzgado Federal de Paraná que está disponible para ser cobrado en efectivo. Para que ese pago se concrete, los retirados necesitan una orden del Juzgado a la entidad crediticia, y la esperan desde mediados de 2009. Pero el Juzgado Federal de primera instancia de Paraná está en una situación delicada desde hace largo rato, enzarzado en una serie de subrogancias e interinatos que perjudican el servicio. El alejamiento de la jueza titular, Miriam Galizzi, que fue subrogada por el ex secretario electoral Gustavo Zonis, y el desplazamiento de este último que debió subrogar, a su vez, a otro magistrado, hicieron que el despacho quedase a cargo de Aníbal Ríos, quien se jubiló hace algunos años pero debió ser convocado nuevamente para poner fin a la acefalía. Los retirados y pensionados no lograron que Galizzi, Zonis ni Ríos firmen la resolución que disponga al banco Nación hacer entrega del dinero que se les adeuda. Mientras tanto, el contador de la Cámara Federal se expidió reiteradamente en favor de ese pago, pero la orden sigue sin ser emitida. Algo similar ocurre con el abogado que representa al Estado. Angustia Entre todas las causas iniciadas en Entre Ríos, familiares de los retirados consultados calcularon que son unos 50 los ancianos afectados por la apesadumbrada espera. Les deben montos que van, según el caso, desde los 12.000 hasta los 200.000 pesos. “Algunos fallecieron esperando cobrar, otros siguen el trámite a través de sus hijos, que han sido nombrados como apoderados, como el caso de un señor de Paraná que está postrado” dijo la hija de una pensionada. Todos, pasaron los 80 años de vida. Como caso extremo, los parientes de los retirados comentaron que uno de los retirados presentó en 2010 un escrito solicitando el pronto pago, fundamentando la urgencia con certificados médicos que dan cuenta de una enfermedad oncológica. Pero ni así ha podido conmover a la pesada burocracia judicial.