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ada más fácil, dicen los que transitan los pasillos de los tribunales, que demandar al Estado. Cierta o no esa sentencia, lo real es que la provincia enfrenta hoy un total de 6.540 demandas, algunas como demandante, pero otras tantísimas más como demandado. Buena parte de los pleitos judiciales son laborales, y la mayoría de estos tienen su origen en los sucesivos procesos de privatización de empresas del Estado concretadas durante la década de 1990. Un cálculo aproximado, pero no definitivo, da cuenta que el total de juicios involucraría una sufra que supera los 1.000 millones de pesos. Un detalle exhaustivo de esas demandas judiciales será presentado el último día de marzo por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, a la Legislatura, tal cual lo establece la Constitución provincial. El artículo 209º de la Carta Magna fija que antes del 31 de marzo de cada año la Fiscalía de Estado informará el listado de juicios en trámite y su estado, y que esa información debe ser puesta a consideración del Poder Legislativo, y también del Ejecutivo. Qué, cómo De los 6.540 juicios en trámite, señaló el fiscal Rodríguez Signes, “la mitad corresponde a beneficios de litigar sin gastos, y ejecución de honorarios”, e involucra causas que alcanza a la Administración Central, y también a organismos descentralizados, como el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), agobiado por amparos de parte de afiliados; Salud, con causas por mala praxis; y la Policía, por accidentes de tránsito de los patrulleros. Pero el listado no incluye causas que tramitan organismos como la Dirección General de Rentas (DGR) y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro, “sobre los cuales no tengo registro”, señaló. “Estoy tratando de cuantifica económicamente lo que supone esa cantidad de causas, que no son todas contra el Estado, sino en muchas la Provincia es parte como demandante. Pero una suma estimativa diría que superan los 1.000 millones de pesos”, aseveró Rodríguez Signes. El número de causas supone un incremento del listado contenido en la última presentación hecha por la Fiscalía de Estado ante la Legislatura: en 2010 el conteo había establecido un total de 4.917 juicios. El registro de demandas tiene una necesidad clave: conocer la envergadura de las sumas en juego y, ante la eventualidad de que los pleitos se pierdan en sede judicial, contar con la previsión presupuestaria para hacer frente al pago de la indemnización impuesta y las costas. Residual ¿Qué origen tiene la mayoría de esos juicios que enfrenta el Estado entreriano? La primera respuesta del fiscal de Estado es esta: el panorama, asegura, es muy variado, y con esa frase quiere decir que hay involucra a distintos estamentos de la Administración. Pero después comienza a establecer un orden de prioridades, y tras de señalar los incesantes reclamos en la Justicia de las jubiladas amas de casa, que plantean que el haber que perciben es menor al que les corresponde, y el millonario juicio que iniciaron empleados de la Dirección Provincial de Vialidad, que ganó la provincia pero que resta definir quién y cómo se hará cargo de abonar los honorarios, dice que la mayor litigiosidad proviene de las privatizaciones de la década de 1990. A mitad de los años 90, cuando la provincia privatizó el Banco de Entre Ríos –primero en manos de un consorcio de entidades cooperativas, luego adquirido por el grupo francés Credit Agricole, que lo controló hasta 2002, y ahora en poder del Grupo Eskenazi– se generó un reclamo de empleados y jubilados del banco. El eje fue un fondo compensador que los activos pagaban de modo de acceder luego a una mejor jubilación. Al privatizarse, el decreto que amparaba ese fondo compensador quedó sin efecto, y eso dio lugar a una andanada de demandas contra el Estado, que la provincia ha ido perdiendo en forma sistemática. Otra empresa estatal privatizada, la Empresa Provincial de Energía de Entre Ríos (Epeer) que salió de la órbita pública en 1996, ocasionó otro entuerto en tribunales: cuando se privatizó se conformó el programa de propiedad participada, por el cual se garantizó el 10 % en manos de los empleados. Ese programa nunca se reglamentó, y cuando Edeersa se estatizó, en 2005, quedó en agua de borrajas, y originó otra demanda en la Justicia. Pero además, la propia estatización de la distribuidora, ahora denominada Energía Entre Ríos SA, generó demandas de los ex gerentes: Jaime Javier Barba, Hugo Sergio Testa y María Eugenia Novatti, que entre los tres reclaman una indemnización por despido que ronda el millón de pesos, sin actualizar. En primera instancia, la Justicia les dio la razón. La lista de pleitos es, claro, todavía más extensa, y así Líneas Aéreas Entre Ríos (Laer) SA también es fuente de conflictos judiciales, no sólo de indemnización a los familiares de las víctimas por el sonado accidente aéreo del 2 de junio de 1995, cuando un Cessna cayó a las aguas del Ríos de la Plata con un saldo de seis muertos, sino por la falta de pago a las empresas aseguradoras de las pólizas. Por fuera de todo eso, están los juicios por mala práxis. El más oneroso resultó el pago al que fue obligado el Estado en 2010 cuando la Justicia determinó que fue una negligencia médica que llevó a una mujer a la muerte en 2005. Sometida a una intervención quirúrgica de rutina en el Hospital Centenario de Gualguaychú, un error humano provocó el desenlace fatal: entre los líquidos ocupados para embeber las gasas que se estaban colocando, se utilizó un frasco que contenía soda cáustica. El dato $ 10 millones es la cifra que podría se obligada a pagar la provincia en concepto de honorarios en la causa judicial que se tramita en los tribunales de Tucumán luego de la quiebra del Ingenio Victoria, una refinería de azúcar de remolacha, ocurrida en 1988. En el juicio de quiebra que se tramitó a nivel local, la Provincia se presentó como uno de los principales acreedores de la firma, ya que el Estado le había concedido un préstamo hipotecario para que la empresa se pusiera a andar, que nunca canceló. Pero en forma paralela, en Tucumán se inició una demanda a través de la cual se consiguió declarar nula aquella subasta. En las sucesivas instancias en las que la Provincia apeló, las sentencias les resultaron adversas. La causa todavía está en trámite. Está en discusión el valor real económico de la planta.