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a defensa y recupero de tierras fiscales es uno de los intereses del fisco que desvela a Fiscalía de Estado. Desde 2007 hasta la fecha, el Estado provincial avanza vía jurídica en retomar 60.000 hectáreas en una zona estratégica y con un enorme potencial productivo, además de otras 200.000 al dejar sin efecto el arrendamiento de tierras. “La intervención de Estado, a través de Fiscalía de Estado, se focaliza en las islas porque es parte del dominio público, pero además porque es un territorio inconmensurablemente rico en agua y tierra”, aseguró el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes al ser consultado sobre el trabajo que se está realizando desde el Estado en este sentido. Incluso, y en materia productiva, advirtió que “hoy solamente hay explotación ganadera porque el pasto es extraordinario y gratis en esa zona cuando baja el río, pero es una zona de una riqueza fabulosa”, insistió. Y hay más argumentos. “En la zona de islas de Entre Ríos hay aproximadamente un millón de hectáreas si se contempla las que hay en La Paz , en la costa del río Uruguay y en el Delta desde Diamante hacia abajo, con el plus que a la altura del paralelo en las que están ubicadas en el mundo, prácticamente no hay tierras con las características del Delta: con abundante cantidad de agua y tierras de una fertilidad fabulosa”, remarcó. En Entre Ríos la superficie de islas supera las 900.000 hectáreas , de las cuales 200.000 son propiedad del gobierno entrerriano. Se desconoce a quien pertenece el resto de los terrenos, y en eso el fiscal del Estado es claro: “Ese es otro capítulo que ni siquiera lo hemos podido abrir y, como se está llevando a cabo una pelea jurídica de lo que tenemos, no hemos podido avanzar en lo que se perdió pero sin dudas hay que recuperar”, aspiró. Sobre esto último, Rodríguez Signes acotó un dato más: “Hay situaciones en las cuales no hay un juicio de usucapión planteado o hay una venta mal hecha, en tales casos planteamos la lesividad. Es decir, la nulidad de una venta porque no se podía vender el inmueble que pertenecía al dominio público en las condiciones que se hicieron. No son muchos casos, pero hay algunos importantes en los alrededores del puerto de Ibicuy”, advirtió. El gobierno avanzó en otro frente a lo que recupero de tierras fiscales refiere. “Se dejó sin efecto todos los arrendamientos y el gobierno provincial recuperó cerca de 200.000 hectáreas. El Estado había dado en este concepto una superficie importante en las que se verificó situaciones irregulares, sea por los insignificantes cánones locativos que se pagaban o bien porque directamente no se pagan”, comentó. A esto hay que sumar que el Delta desemboca en el puerto Ibicuy que es “la gran posibilidad de la salida al comercio mundial con buque de ultramar”. Para dimensionar la estratégica ubicación, Rodríguez Signes marcó la distancia que hay entre el puerto de Rosario (el puerto oleaginoso más importante del mundo) y del Ibicuy, y la ventaja que presenta este último si se desarrolla como corresponde y llega a ser el puerto de toda la cuenca agrícola del norte de la pampa húmeda y la producción agrícola entrerriana. “Por eso los accesos al puerto Ibicuy son cruciales como la infraestructura portuaria”, explicó. Sin embargo, desde Fiscalía reconocen que resta camino por recorrer porque, en rigor, no existe un registro público de inmuebles, ni tampoco se cuenta con todas las herramientas para llevar adelante un contralor de las tierras fiscales en la zona de Islas. No obstante, se avanza. “Dentro del procesos de regularización que lleva adelante el Estado, ahora se está redactando un proyecto de decreto para crear una unidad ejecutora que dependa directamente del gobernador que administre y controle todo los bienes que son del dominio público porque no todos los bienes están anotadas. Las islas, por ejemplo, no están registradas”, reveló. “El día que podamos sistematizar el registro del territorio para la producción agrícola, se hará una defensa que trascenderá lo estrictamente jurídico para entrar en lo económico productivo”, aseguró el fiscal de Estado Ahora bien, la intervención del Estado en defensa de sus intereses adquiere visibilidad también a partir de la decisión política de fortalecer las funciones constitucionales que tiene la Fiscalía de Estado, pero además porque desde 2007 el Superior Tribunal de Justicia generó una herramienta judicial estratégica: la Acordada del Superior Tribunal de Justicia Nº 7. “Cuando alguien plantea usucapión, los jueces están alertas porque hay un 99 por ciento de posibilidad que sea rechazado”, advirtió Rodríguez Signes. “A través de esta acordada, el Superior Tribunal de Justicia ordena a los Juzgados de primera instancia que cuando se plante un juicio de usucapión, en cualquier lugar de la provincia, lo notifiquen a la Fiscalía ”, sostuvo el letrado. En rigor, la Acordada N º 7 del 20/03/2007 del Superior Tribunal de Justicia, en su punto undécimo, hace referencia a anomalías detectadas en algunos juicios de usucapión en los cuales los bienes a usurpar son islas o inmuebles potencialmente pertenecientes al domino estatal, advierte que “es innegable el derecho que tiene el Estado de participar en este tipo de procesos, al verse afectado el interés público y por tratarse de bienes que pertenecen a su patrimonio”.