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n 2010, CIPPEC analizó la transparencia presupuestaria en todas las provincias, con más énfasis en seis jurisdicciones. Realizó un índice que verificó, en tres oportunidades durante el año, disponibilidad, grado de detalle y actualización de 10 documentos presupuestarios clave en las finanzas provinciales, como leyes de presupuesto, informes de ejecución del gasto, la cuenta general del ejercicio, informes sobre deuda pública y transferencias a municipios, entre otros. Sobre 10 puntos, el promedio obtenido en febrero por todas las provincias fue de 5,33; de 6,8 puntos en julio, y de 6,16 en noviembre. Más de la mitad de las jurisdicciones superó el puntaje promedio, lo que revela un grado considerable de transparencia. Entre ellas se destacan Mendoza -con un promedio superior a los 9 puntos-, Córdoba, San Juan, Buenos Aires y Entre Ríos, todas con promedio superior a 8 puntos. La transparencia en La Pampa, La Rioja, Chaco, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Misiones, Jujuy, Corrientes y Chubut es relativamente baja. Si bien Tierra del Fuego se ubicó por debajo del promedio en todos los relevamientos, realizó importantes avances en diciembre último que hoy la ubican encima del promedio. Esto revela que es posible avanzar significativamente en un plazo muy corto si existe decisión. Además, se analizaron en profundidad los casos de Córdoba, Buenos Aires, Salta, Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Respecto de la presentación del presupuesto ante la Legislatura de cada provincia, Córdoba, Chaco y Tierra del Fuego son las únicas jurisdicciones que suelen cumplir los plazos establecidos por ley. Los desvíos entre el presupuesto aprobado y el ejecutado (en 2009) fueron de entre el 5% y el 18%, según el distrito. En todas las provincias la Constitución y/o la Ley de Administración Financiera restringen la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar los presupuestos aprobados y, generalmente, reservan esta atribución para situaciones de emergencia. Sin embargo, en todas las provincias estudiadas es común que en las leyes de presupuesto se delegue en el Ejecutivo la capacidad de modificar los créditos presupuestarios y ampliar las situaciones en las que es posible realizar estas reestructuraciones. Las Legislaturas son relativamente débiles frente al Ejecutivo en el proceso presupuestario, lo cual se asemeja a la realidad nacional. Estas suelen aprobar con escasas modificaciones los presupuestos, salvo que estén conformadas por mayorías opositoras.En esos casos, ofrecen mayor presión a la aprobación del presupuesto y en ocasiones se rehúsan a aprobarlo. Un recurso que dotaría de capacidad técnica al Poder Legislativo es crear una Oficina de Presupuesto en cada Legislatura. Este organismo cumpliría una función de asesoramiento, análisis, opinión y consulta (no vinculante) para asistir a los legisladores y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la discusión, seguimiento y control del presupuesto, en el impacto fiscal de propuestas legislativas e inquietudes sobre finanzas públicas. Por otro lado, todas las provincias presentan los informes de ejecución, con menor o mayor detalle, en un lapso menor a los seis meses. Sin embargo, sería óptimo que se publicaran los informes con datos mensuales con menos de tres meses de rezago, como hace Salta. En cuanto a la Cuenta General del Ejercicio (documento que presenta la ejecución presupuestaria en el año fiscal, muestra los recursos efectivamente percibidos y las erogaciones realizadas y refleja el resultado final del ejercicio), Córdoba y Tierra del Fuego son las únicas que la publican, aunque sólo en Córdoba se presenta y se aprueba debidamente. El Índice revela que Chaco es -dentro de las seis provincias analizadas en profundidad- la jurisdicción más dependiente de las transferencias de Nación ya que, en conjunto, transferencias automáticas y no automáticas representan más de un 85% de sus ingresos. La menos dependiente es Buenos Aires, con un 45% de sus ingresos provenientes de Nación. En cuanto a la recaudación, el impuesto más importante es Ingresos Brutos, gravamen muy volátil que genera cierta vulnerabilidad en las finanzas provinciales. Ambos ingresos son fuertemente procíclicos, lo que sumado al alto endeudamiento que muchas de las provincias poseen, dificulta la continuidad de las políticas provinciales, especialmente en momentos de desaceleración o recesión económica. A esto se agrega la inequidad de la coparticipación federal, que profundiza las desigualdades estructurales entre provincias. Existe poca información sobre transferencias de provincias a municipios. Ni el gobierno nacional ni los provinciales profundizan en datos fiscales sobre el nivel local, aunque Mendoza, Córdoba, San Juan, Buenos Aires, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén publican esta información actualizada y detallada. La transparencia presupuestaria provincial no es homogénea. Existe un número considerable de provincias que publica información desagregada y actualizada, otro grupo que publica sólo algunos documentos presupuestarios relevantes, y un bloque con un grado muy bajo de transparencia presupuestaria. Medir la transparencia presupuestaria en unidades subnacionales es clave para profundizar los debates y avanzar en el acceso a la información pública y en la rendición de cuentas. Es, además, un insumo para comprender las complejidades de nuestro federalismo fiscal. Las autoras son investigadoras del Programa de Política Fiscal de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento). (La Nación)