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l Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) ya consiguió que cinco jueces fallaran a favor de la decisión de descontar los días no trabajados a los empleados que durante casi todo enero, mientras se desarrolló el conflicto que afectó la actividad en casinos y salas de máquinas tragamonedas, se adhirieron al paro dispuesto por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Una primera sentencia confirmatoria de aquella medida fue rubricada por el juez Carlos Hugo Ríos, titular del Juzgado de Instrucción Nº 2, en la causa “Pasquet Luis Héctor c/Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social. s/Acción de Ejecución”. El juez no vio en la medida del Iafas un accionar “arbitrario o ilegítimo”. De ese modo, se abría el camino para que el Gobierno consiga en la Justicia rubricar la metodología de no pagar los días no trabajados durante los días de huelga de los trabajadores del Estado, una tesitura que durante los últimos tres años ha mantenido firme con los docentes. Más fallos A aquel primer fallo, se sumaron cuatro más favorables a la postura del Iafas. Los pronunciamientos que avalaron los descuentos salariales ocurrieron en los juzgados de Instrucción Nº 5, a cargo de Ricardo Bonazzola; Correccional Nº 2, cuyo responsable es Daniel Malatesta; de Ejecución de Penas, a cargo de Miguel Retamoso; y Civil y Comercial Nº 5, de Roberto Croux. La disposición del organismo encargado de regentear el juego en la provincia está contenida en la resolución Nº 35, de enero último, que ordenó aplicar los descuentos a los empleados que, aún asistiendo al trabajo y habiendo además marcado el reloj tarjeta, no cumplían con su tarea habitual sino que se sumaban a la protesta motorizada por ATE. Como ocurrió con los docentes en cada paro que han cumplido hasta ahora, la determinación de no pagar los días no trabajados por medidas de fuerza se apoya en una directa de 2007, la Nº 30, dictada por el ex gobernador Jorge Busti. Esa norma fue puesta en vigencia por la actual administración a través del decreto Nº 4.940, del 21 de agosto de 2008. Allí, se impone la determinación de “hacer cumplir el principio que se debe remunerar por prestaciones laborales efectivamente realizadas”. Aunque hasta ahora el Iafas ha logrado que la Justicia avale esa decisión, la disputa planteada en los tribunales todavía no se agota. En total, se presentaron 50 amparos por parte de trabajadores del organismo que se sintieron afectados por esos descuentos salariales. De igual modo, de confirmarse sentencias favorables al Estado en todas las presentaciones, la voluntad oficial es distribuir los montos retenidos por el adicional por productividad entre los trabajadores que no realizaron paro. Conflicto La protesta de los trabajadores del Iafas, que puso en vilo la actividad del organismo en toda la provincia durante el verano, la temporada con mayor demanda por parte de los turistas, se desató luego de que el Poder Ejecutivo dictara los decretos Nº 3.733 y Nº 3.931, a través de las cuales se declaró de interés turístico propuestas privadas tendientes a explotar los casinos de Victoria y de Concepción del Uruguay. ATE no sólo promovió la paralización de los casinos y salas de juego, sino que además presentó en la justicia una acción excepcional para que se obligara al Gobierno a poner freno a esa iniciativa. La pretensión, sin embargo, chocó con dos sentencias en contra. Primero, un juez de feria, Roberto Croux, rechazó el planteo bajo el argumento de que no podía actuar en un asunto que no se había concretado (la supuesta privatización), algo que todavía está a estudio. No conforme con ese fallo, el sindicato de los estatales fue en apelación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), que terminó confirmando la sentencia de primera instancia. La segunda embestida del sindicato fue la presentación de amparos contra la determinación del Iafas de descontar los días durante los cuales se extendió el conflicto sindical –prácticamente todo el mes de enero– pero hasta ahora los fallos han sido favorables a la postura del Poder Ejecutivo. El dato $ 9.203.878 es la pérdida que, según el Iafas, tuvieron los casinos y salas de juego durante enero a raíz de las protestas sindicales en comparación a lo ocurrido en diciembre. (El Diario)