E

n la nota, que fue enviada en febrero al presidente del Tribunal de Cuentas, Hugo Molina, los concejales Horacio Casanovas, Ana Karmazyn y Julio Dellagustina, del bloque opositor, piden al organismo de contralor que “a la brevedad” se constituya una comisión investigadora para determinar si se cometió una irregularidad en el accionar del jefe comunal, Rodolfo Orué, y su asesor legal, al disponer la compra de las cuatro piscinas y después de colocadas, se elevó al Concejo el pedido de autorización. “Nosotros lo que pedimos al Tribunal de Cuentas es que investigue esta situación. Queremos saber si es legal o no que primero se hayan comprado las piletas, se las coloque y después nos manden el proyecto para que lo aprobemos. Sabemos que por el monto de la compra se debió hacer, por lo menos, un cotejo de precios”, señaló Casanovas quien es uno de los firmantes del pedido al organismo de contralor provincial. De acuerdo con la denuncia de los ediles, la compra se efectuó en la primera semana de enero. Las cuatro piletas fueron compradas a una empresa de Rosario, Santa Fe, y recién el 9 de febrero se citó a sesión al Concejo para que apruebe el proyecto de ordenanza. En esa norma, el Ejecutivo Municipal pidió a los ediles la “autorización para la contratación directa, previo cotejo de precios, de provisión e instalación de cuatro piscinas de plástico reforzado con fibra de vidrio en el predio del complejo polideportivo municipal”. En los fundamentos de la iniciativa se indicó que la adquisición era “urgente” y que de aprobarse se cumpliría con el “clamoroso reclamo social”. Asimismo, se citó que la compra directa se enmarca en varios artículos e incisos de la Ley 5.140 y 133 bis del decreto 795/96 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos. “La inversión sólo se justifica en tanto y en cuanto se disponga urgentemente, siendo obvio que ello implica prescindir de los procedimientos y plazos que reclama el procedimiento precontractual de licitación pública, el que a priori, sería exigible conforme al artículo 15 de la Ley 3.001”, se indicó en la ordenanza del Ejecutivo Municipal, la que fue rechazada no sólo por el bloque opositor sino también el oficialista. Es más, al fundamentar su rechazo, el bloque justicialista indicó que si bien coinciden en la “necesidad social de nuestro pueblo de contar con la adquisición de las piletas en el complejo polideportivo municipal” y “estamos de acuerdo con el proyecto que el Departamento Ejecutivo quiere realizar”, se indicó que “las vías administrativas que se exponen en el proyecto de ordenanza 03/11, no son para nosotros viables, por lo cual nuestro voto es negativo, y dejamos en manos del Departamento Ejecutivo nuevas propuestas administrativas, viables y adecuadas a la situación”. “Creemos que hubo una serie de irregularidades, pero le pedimos al Tribunal de Cuentas que investigue y que, de comprobarse el hecho, se haga la denuncia respectiva”, acotó Casanovas. Tanto para los opositores como para el bloque oficialista, el jefe comunal y el asesor legal incurrieron en un error, como fue el de comprar las piletas, sin licitación pública, en enero, y después que se colocaron recién, en el mes de febrero, se pidió la debida aprobación del Concejo. “La irregularidad está dada porque no se llamó a licitación pública para hacer esa inversión y además no creemos que sea de necesidad y urgencia, como se argumentó en el pedido”, opinó Casanova, al tiempo que indicó que “en la ciudad existe un club que posee piletas preolímpicas y el clamor social se hubiese subsanado con un convenio con esa entidad, hasta tanto se haga el proceso licitatorio”. En la nota que fue enviada al Tribunal de Cuentas, los ediles hacen saber que la ley y los artículos e incisos que se citan en la ordenanza, no son aplicables para ese caso, ya que no se estaba frente a una “catástrofe u emergencia”. “Lo grave de esta situación es que compró y colocó las piletas y después nos pidió autorización”, denunció Casanovas.