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��Mientras existan establecimientos que utilicen a las personas para enriquecerse, exponiéndolos a tareas muy duras sin respetar las leyes sociales, sin proveer elementos de seguridad, vulnerando los derechos de los niños y, lo que es peor, sin siquiera mantener las condiciones mínimas de alimentación y sanidad, allí estaremos con esta red que se ha constituido a nivel nacional para evitar el trabajo esclavo en la Argentina”, aseguró –con tono firme– el director de la Regional Paraná de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Daniel Tortore, en relación al episodio que vuelve a colocar a Entre Ríos en el trágico ranking de empleo esclavo en establecimientos en la Provincia. De acuerdo a la información emitida desde el ente recaudador, durante miércoles y jueves se llevó a cabo en un radio de unos 10 kilómetros en la zona de Colonia Loma Negra, Los Charrúas y la Criolla –a unos 20 kilómetros de Concordia– dos operativos en establecimientos rurales dedicados a la explotación forestal y en un de ellos se generó información que los llevó a un tercero a pocos kilómetros de allí. En total, en los tres, se logró detectar 22 casos de trabajo esclavo, algunos de ellos menores de edad que vivían en “condiciones infrahumanas”, según Tortore. Como en los casos anteriores, en Concordia, trabajaron en conjunto AFIP y la Secretaría provincial de Trabajo, a cargo de Aníbal Brugna, quien describió a la agencia APF que se hallaron 10 mayores en “condiciones precarias de trabajo y hábitat” y tres menores. Estos últimos, oriundos de la provincia de Misiones, ya están a disposición del Consejo del Niño. En el día de hoy se avanzó sobre un tercero donde se logró detectar nueve mayores más. En su gran mayoría era oriundos de Misiones y en los tres casos sólo uno de ellos se encontraba formalmente inscripto en el ámbito laboral. “Los operativos se llevaron a cabo en Colonia Loma Negra (los dos primeros), y en uno de los establecimientos, Primadera SRL, se detectaron seis trabajadores en negro en condiciones de trabajo y de hábitat lamentables. En otro de los establecimientos, cuya titular es Nélida Arruaberrena SRL, se encontraron cuatro mayores y tres menores oriundos de la provincia de Misiones (uno de 13 años y dos de 14 años), que estaban trabajando con sus padres”, sostuvo Brugna. En lo que respecta a los menores se le dio intervención al Consejo del Niño y ellos seguirán los pasos correspondientes, declaró el funcionario. Red nacional Este ya es el segundo operativo de resonancia en la provincia en consonancia con muchos otros que se reflejan en los medios de comunicación. Tortore enmarcó los operativos de ayer en una gran nacional que coordinación del Ejecutivo Nacional donde participan diversos organismos combatiendo el trabajo ilegal, infrahumano y en condiciones extremadamente precario. Trabaja la AFIP, por el Ministerio de Economía, la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia a través de la Oficina de Ayuda a las Víctimas, Unidades fiscales y en Entre Ríos se suma el Copnaf (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia), y la Policía de la provincia, amén del gran número de sindicatos que se quieren sumar para combatir este flagelo. Es una gran red pública que en ocasiones combate con las estrategias de una especie de red privado donde muchas veces los subcontratistas funcionan como empresarios víctimas de empresarios más grandes. Casi siempre relacionados al agro, lejos de los centros urbanos y evitando la fiscalización”, precisó Tortore. La referencia que hace el jefe de lo sabuesos acerca de los empresarios remite a que, en este caso, aparentemente según el mismo reseñó, no sólo se detectaron delitos como evasión previsional, sino que ni siquiera la subcontratista le habría estado facturando a la empresa que pagaba por los servicios de deforestación. Según consignó Brugna, “se intimó a las firmas para que en un plazo de cinco días para que regularicen la situación”. Las condiciones Entre los datos de color que se desprenden de las fotografías e informaciones que emanaron desde los organismos públicos que llevaron adelante los procedimientos no difieren mucho de los casos anteriores, aunque no dejan de asombrar por su crudeza. Hacinamiento, casas de madera, humedad, sin baños, sin piso, menores y hombres que trabajan descalzos, alimentación con muy bajas calorías, sin acceso a las condiciones mínimas de salud y donde casi no salían del complejo. Los inspectores recabaron información de los menores que reflejan la situación en que se encontraban trabajando: se les pedía que descascaren los árboles de menor valor y para “llegar a un ingreso digno de unos 2 mil pesos debían pelar unos tres mil árboles por mes. Pensemos que son misioneros que les cobran la comida, el alojamiento, las herramientas, etcétera. Son buena gente, gente de trabajo, que son explotados porque casi no se quejan”, narró Daniel Tortore. –¿Por qué no se corrigen estos episodios cuando todo el mundo ya sabe que existen operativos que ustedes están realizando? –Creen que a ellos nunca les va a tocar. O a lo mejor no les importa. Por eso es importante que las noticias lleguen a todos, porque cada vez la gente nos está informando más, nos pasa datos y estamos detectando más y podemos combatir con más firmeza —respondió el director de la Afip. (Fuente: El Diario - Por Gustavo Sánchez Romero)