L

os trabajadores de los casinos y salas de juego del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas) iniciaron las presentaciones judiciales en procura de conseguir que el organismo les reintegre los montos descontados por los días no trabajados durante todo enero, mientras se desarrollaron protestas sindicales en toda la provincia. El primer amparo recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 2, a cargo de Carlos Hugo Ríos, quien el lunes resolvió abrir el proceso a prueba, medida que motivó el martes la presentación de un recurso de revocatoria por parte del Iafas contra esa determinación del magistrado. “Consideramos que no corresponde. Nos están pidiendo que acreditemos si el agente concurría a trabajar, y nosotros nunca dijimos que no concurría. Lo único que decimos es que si bien asistía a su trabajo, después no cumplía con su trabajo, porque se sumaba a la protesta sindical”, dijo Enrique Daniel Trillo, abogado del Iafas. Los descuentos fueron ordenados a través de la resolución Nº 35 del Iafas, y se apoyaron en un andamiaje legal ya existente que sirvió para aplicar idéntica medida con los docentes. El antecedente es la directiva Nº 30, dictada en 2007 por el ex gobernador Jorge Busti, que cobró vigencia a través del decreto Nº 4.940, del 21 de agosto de 2008. Esa normativa ordenó a las diferentes áreas del Estado “hacer cumplir el principio que se debe remunerar por prestaciones laborales efectivamente realizadas”. O sea, día no trabajado por paro, día que no se paga. Vía equivocada La protesta en el Iafas se desató a finales de diciembre de 2010 y se originó a raíz del dictado de dos decretos, Nº 3.733 y 3.931, y de dos resoluciones del organismo que regentea el juego en Entre Rïos, Nº 1.550 y Nº 1.551, mediante las cuales el Gobierno declaró de interés turístico propuestas privadas tendientes a explotar los casinos de Victoria y de Concepción del Uruguay. A juicio de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), así se estaba frente a un proceso de “privatización” que contrariaba el texto de la Ley Nº 5.144, de creación del Iafas. Por eso, el 12 de enero ATE presentó un “mandamiento de prohibición”, un recurso legal por el cual pretendió que la Justicia obligase al Estado a abstenerse de avanzar con cualquier tipo de proyecte que se considere “ilegal”. Pero por esa vía el gremio se topó con un revés. El juez de feria Roberto Croux rechazó, dos semanas después, el amparo presentado por ATE. En lo medular de su resolución, el magistrado entendió que no podía actuar en un asunto que no se había concretado (la supuesta privatización), algo que todavía está a estudio. En su sentencia, sostuvo que el gremio “carece” de “legitimación suficiente para su promoción” y, sostuvo que de la lectura de los decretos y resoluciones cuestionados “no surge ni a modo de simple evidencia, cuál es el perjuicio que el mismo les podría acarrear a los trabajadores del Iafas., máxime que como bien se señala al comienzo del decreto, solo se declaró de interés turístico provincial el citado proyecto, por lo que cabe concluir que para la concreción del mismo, se deberán emitir nuevos decretos y formalizar los contratos pertinentes, por lo que resulta totalmente prematuro analizar en ésta instancia, la existencia o no de un verdadero perjuicio”. ATE fue en apelación al STJ, que confirmó la sentencia de primera instancia. Más reclamos José Galarraga, secretario adjunto de ATE, dijo que el gremio hará una presentación administrativa para reclamar que el Iafas vuelva atrás con los descuentos, y además dará amparo legal a los trabajadores que resuelvan ir con recursos de amparo ante la Justicia. “Los amparos ya empezaron a presentarse anoche (por el lunes), aunque en forma individual. Lo hicimos así, porque a pesar de que la Constitución nos ampara, los jueces rechazan la representatividad del sindicato para presentar esos amparos. Lamentablemente, los descuentos se han aplicado mal y de forma discriminatoria. A algunos compañeros, incluso, les han descontado hasta la cuota alimentaria y las asignaciones familiares”, señaló. “En algunas oficinas, donde todos los trabajadores hicieron paro, le descontaron a uno, y al resto no”, agregó. Sebastián Wulfsohn, delegado de sala, dijo que la mecánica es la presentación de amparos por “grupos de cinco” empleados. “Empezaron los más damnificados. Hay gente a la que se le descontó 2.000 pesos, como es mi caso, y a otros entre 3.000 y 4.000 pesos. Hay personas que no cobraron nada, que incluso tuvieron problemas con los créditos y las cuentas que se pagan por débito automático. Pero lo más grave es que se metieron con la plata del alimento de la familia, porque también descontaron las asignaciones”, relató. La situación ha generado “malestar” entre los trabajadores del Iafas, aunque todavía no han resuelto ninguna medida de acción directa, luego de las protestas que se extendieron durante todo enero y que provocaron severas pérdidas económicas, superior a los 9 millones de pesos. El STJ no quiso fallar a futuro El Superior Tribunal de Justicia (STJ) dio por tierra con la estrategia planteada por ATE, con el asesoramiento legal de la abogada Milagros Reñé, de frenar los procesos de incorporación de la inversión privada en los casinos de Concepción del Uruguay y Victoria. El máximo tribunal, con las firmas de los vocales Carlos Chiara Díaz, Daniel Carubia y Claudia Mizawak, confirmó la sentencia de primera instancia del juez de feria Roberto Croux, y rechazó el planteo del gremio de los estatales. El STJ argumentó que al no haberse concretado el anuncio del Gobierno de dar participación privada en las salas de juego, no puede fallar sobre algo que no existe. Así, sostuvo, la “mera posibilidad de una eventual conducta ilegítima no autoriza la procedencia de este remedio excepcional, el cual no ha sido instituido con carácter preventivo sino reparatorio, sin abarcar hechos futuros o inciertos”. “Para colmo, la pretendida violación de la Ley 5.144 de creación del Iafas no constituye materia susceptible de ser analizada y resuelta en este proceso a petición de ATE, dado que la misma alcanzaría relevancia recién si se configurara en el futuro una afectación para la fuente laboral, y en la distribución de uno de los conceptos que conforman el haber de los trabajadores, a través de la denominada Caja de Empleados, sin profundizarse tampoco para poder apreciar su magnitud para todos o algunos de los afiliados a ATE”, señala el tribunal en el fallo. Conocido el pronunciamiento, José Galarraga, secretario adjunto de ATE, cuestionó severamente el fallo, y particularmente el voto de la vocal Claudia Mizawak quien, dijo, debió abstenerse en la votación por haber sido fiscal de Estado. “Muy vergonzosamente, la misma persona que fue fiscal de Estado, que convalidó la privatización del juego, no se excusó en la votación, y es parte del fallo. Esto es una demostración de la dependencia política de a la Justicia”, aseguró. El dato 70 Es el número de trabajadores que en Paraná, y sobre una planta total de 250 empleados, soportaron quitas en sus salarios por adhesión a las medidas de fuerza. (Ricardo Leguizamón. El Diario))