E

l optimismo es el gran ausente en las conversaciones sobre el proceso por el cual se debe nombrar al defensor del Pueblo, instituto que se impulsó en la reforma de la Constitución provincial. Es difícil imaginar que un cargo de la jerarquía como el que está en disputa surja por consenso en un año electoral y con el peronismo partido al medio e imposibilitado de imponer su mayoría lograda en las elecciones de 2007. En resumen: la Cámara de Diputados responde a Jorge Busti y el Senado a Sergio Urribarri. Ambos quieren ocupar durante los próximos cuatro años el Poder Ejecutivo. Hace una semana, el diputado radical Marcelo López requirió a la Secretaría del Senado la convocatoria para que se reúna la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo para que se designe el defensor titular así como sus adjuntos con el objeto de poder contar “con tan importante figura para todos los entrerrianos a la mayor brevedad posible”. No hubo respuesta. Radicales “En este año electoral no se va a definir el asunto. No creo que tengamos un defensor”. El pesimismo es de Griselda De Paoli, postulante a quedarse con el cargo. Para la dirigente radical el tema quedó entrampado “en la interna del partido del gobierno”, lo que impide que “este año tengamos una definición”. Su correligionario, López, entiende que su deber es bregar por definir el asunto cuanto antes, sobre todo porque la ley reglamentaria ya fue promulgada. No se anima a adelantar un pronóstico sobre el tiempo que llevaría la designación. El silencio suele afirmar cosas. Los mismos radicales tienen posturas diferentes frente a los problemas que hay que resolver en el seno de la Comisión Bicameral para avanzar en el proceso. Para De Paoli, el rechazo de la terna por parte de la Cámara de Diputados no fue correcto. Cree que ese cuerpo legislativo debía haber anulado el mecanismo de “terna” por el que se propusieron los nombres de Mariano López, Sebastián Aguilar y Víctor Luis María Centurión. La mujer cita la ley en donde se especifica que el defensor y los adjuntos se nombran por separados y no en un sólo acto como sucedió. Es por eso que los nombres mencionados tienen el derecho a volver a ser propuestos. “Aparentemente fueron los que mejor quedaron en la lista de méritos”, sostuvo en diálogo con esta Hoja. El término “aparentemente” la radical lo utiliza irónicamente para expresar su desconocimiento sobre cómo quedó el tablero de puntajes de todos los postulantes. Es que a fin de año presentó una nota para saber en qué posición quedó y no tuvo respuesta. López, por el contrario, sostiene que el concurso se debe declarar desierto o, en caso de seguir con el mismo, los postulantes que fueron rechazados por los diputados estarían afuera. En fin, esta cuestión se debe resolver y coinciden en que llevará tiempo. Peronistas Otro de los puntos que retrazará el proceso de designación del ombudsman es la acefalía por la que pasa la Comisión Bicameral. Quienes la presidían, el diputado José Allende y el senador Raúl Taleb, renunciaron a sus cargos y aún no hay reemplazantes. La salida de los legisladores fue cuando aún respondían a Busti. El paso al costado de ambos tiene como correlato el rechazo de la Cámara de Diputados a la terna. Sucedió que el presidente de ese cuerpo siempre estuvo al tanto de todo lo que acontecía con el proceso de designación. Es por eso que en el Senado se sorprendieron con la actitud cuando supuestamente los nombres habían sido parte del consenso del que el ex gobernador estaba al tanto. “Todo lo alcanzado durante meses de conversaciones, en Diputados lo voltearon en dos minutos”, contó una fuente parlamentaria peronista que siguió de cerca el tema. Y dedujo: “Busti, al oponerse a la terna, no sólo cuestiona el mecanismo, sino que pone en dudas la idoneidad de los postulantes de los cuales sabía que habían sido elegidos”. Lo cierto es que ante la indefinición de las autoridades de la comisión y el debate sobre qué hacer con el concurso, todo indica que es imposible en clave de tiempos parlamentarios que la cuestión se resuelva antes de octubre. Todos coinciden que el procedimiento sería sin dudas más engorroso en un año electoral con un bloque peronista partido y que decidió profundizar las diferencias. Sin participación ciudadana La figura del defensor del pueblo fue introducida en el texto constitucional a partir de la reforma del 2008 y regulada por Ley Nº 9931 sancionada en noviembre de 2009 con la misión general de protección y promoción de los derechos humanos y de las garantías individuales, de los derechos difusos y de incidencia colectiva, y de los demás derechos tutelados por el ordenamiento jurídico, frente a hechos, actos u omisiones de la Administración pública que impliquen un ejercicio abusivo, discriminatorio, negligente o irregular de sus funciones. La forma de elegir el ombudsman fue pensada en base a acuerdos políticos, ya que la ley reglamentaria previó que la postulación de candidatos se realice sólo a través de la bendición de un legislador con lo cual no hubo ni petitorios ni acciones de organizaciones sociales motorizando candidatos. El mecanismo obstruye la participación ciudadana acotándolo a un sistema parlamentario. El escenario político, en rigor la mutante interna peronista, abrió un abanico de posibilidades. (Federico Malvasio. El Diario)