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a historia comenzó en los meses finales de 2003. Por aquellos tiempos se comenzaba a gestar la posibilidad de crear el Consejo de la Magistratura, organismo por el cual se evaluaría a todos aquellos que pretendan ingresar al Poder Judicial. En la Justicia entrerriana son 203 los cargos abiertos a concursos entre juzgados, fiscalías, vocalías de cámara y defensorías. De esa cifra, y desde que comenzó a funcionar el organismo asesor del Poder Ejecutivo, se llamaron a 172 concursos, de los cuales 82 ya finalizaron y otros 52 se encuentran en trámite. Pero el dato a observar es el número de funcionarios designados: 109. A ochos años de su creación se renovó un poco más del 50% de la Justicia provincial. ¿Faltarán 8 años para completar el otro 50%? No. En el Consejo sacan cuentas y por el número de concursos en trámite y las nuevas reformas que se implementaron en el proceso de evaluación, en dos años, siendo optimistas, se cerraría el círculo renovador de los estrados provinciales. De las 109 designaciones del Poder Ejecutivo, 55 corresponden a la gestión anterior de Jorge Busti, mientras que los otros 54 a la actual de Sergio Urribarri. Jóvenes Cuando se debía establecer el procedimiento por el cual el postulante debía ser evaluado se convocó a especialistas que se pusieron a estudiar experiencias que se habían dado en otras provincias, incluido el Consejo de la Magistratura de la Nación. Finalmente se llegó a la conclusión que el concursante debía pasar tres etapas: Antecedentes (en la que presentaría su historia profesional y de especialización; Oposición (en la que debe resolver un caso concreto); y la Entrevista Personal (donde se somete a la observación de un jurado conformado por la sociedad civil). Luego se elevaría una terna al Senado para darle acuerdo y luego se enviaría los pliegos al Ejecutivo que será quien designe al magistrado. Los vectores del diseño, en rigor, fueron establecidos en el sistema nacional. La manera en que se distribuyó y combinó la escala de puntaje en cada una de las etapas fue pensada para que los magistrados de primera instancia (jueces de instrucción, de ejecución de penas, civiles y comerciales, de quiebras, agentes fiscales y defensores), ronden los 40 o 45 años; y los de segunda instancia, entre los 50 y 53 años. “El sistema apunta a tener una Justicia medianamente joven en donde la diferencia de edad entre un juez y un camarista, por ejemplo, esté relacionado a la experiencia y a la especialización que pudo haber tenido el postulante”, explicó a el secretario general del organismo, Gustavo Castiglioni. Se estima que un abogado recibido con 28 años debería tener unos 10 o 12 años de desarrollo profesional y tiempo suficiente para especializarse, de tal manera de estar en condiciones de convertirse en funcionario judicial. En el caso de los camaristas, la mayoría tuvo su primer paso en el Poder Judicial como magistrado de primera instancia. Cambios El tiempo que lleva un concurso fue la piedra en el zapato en el Consejo de la Magistratura. Si bien se aduce que no hay un lapso estimado de lo que puede llevar el proceso de evaluación, se coincide que es uno de los puntos a solucionar. En consecuencia, es que se propuso una reforma que se implementará en lo inmediato y que es la inversión del orden de las etapas en el proceso de evaluación. El primer paso que dará un postulante es el examen de oposición, para luego computarle los antecedentes. La modalidad que se propone tiene una justificación lógica que, según Castiglioni, agilizará el concurso. Un dato de la realidad y así lo demuestran los informes es que el número de inscriptos no sólo duplica, sino triplica en algunos casos al de aspirantes que se presentan para dar el examen escrito. Hay una cultura de anotarse a cuanto concurso ande dando vuelta. Ocurre en la mayoría de los casos que una vez conocida la convocatoria, el interesado se anota y presenta los antecedentes aún no teniendo bien en claro si le interesa el cargo. En una recorrida por el sitio oficial del organismo se observa un número importante de profesionales que aparece anotado en varios concursos, de los cuales muchos de ellos no fueron a la segunda etapa. Eso retrasa el proceso, ya que no se llama al examen de oposición hasta tanto no se evalúen los legajos de antecedentes. Un ejemplo claro ocurrió hace poco: había 14 postulantes para rendir en un concurso que repartía 3 cargos y sólo se presentaron 4. Los que no fueron quedaron eliminados. Hace unos días cerró la inscripción para los nuevos concursos. Se anotaron alrededor de 200. “El ejercicio de la profesión está muy dura y eso lleva a que el ingreso al Poder Judicial sea una muy buena alternativa”, apuntó el secretario del organismo. Nuevo Código La implementación del nuevo Código Procesal Penal no generará nuevos cargo en la Justicia, sino que habrá un reacomodamiento con los funcionarios que ya están. En los llamados a concursos empezaron a aparecer los nuevos nombres de los lugares que están entrando en vigencia. Los jueces de instrucción, por ejemplo, se convertirán en jueces de garantía. “Si bien se ha generado un movimiento de nominaciones y contenido no serán más los lugares a disputar, sino que se reacomodarán”, señaló Castiglioni. Este sistema de enjuiciamiento ya tiene más de un año de experiencia en Concordia y próximamente se avanzará en Colón, San Salvador, Tala y Villaguay. (Federico Malvasio. El Diario)