E
l maetes, luego de casi seis meses, el juez Federal que actúa en la causa, Gustavo Pimentel, dispuso la “desintervención” de una voluminosa documental secuestrada en un procedimiento llevado a cabo el pasado 23 de septiembre de 2010 en la ciudad de Gualeguaychú por el cual la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) intentaba probar la sospecha de “transacciones inmobiliarias declaradas por montos sensiblemente inferiores a los reales”, según trascendió desde la delegación Regional Paraná del ente recaudador.
La Dirección General Impositiva había llegado al dato en septiembre pasado en el marco de una investigación por excesivos alquileres que cobraba la inmobiliaria Cappelletti, ubicada en calle Urquiza 842 de Gualeguaychú. La indagaciones se dirigieron hacia la venta de un gran loteo en la zona de Nuevo Pueblo Belgrano, al este de la ciudad del sur entrerriano, por un total de 13 predios de 48 manzanas (es decir por 642 lotes de un 20 x 30 metros en promedio), que para esa fecha estaban casi todos vendidos. La comercialización se ofrecía a unos 15 mil dólares cada fracción en folletería publicitaria, pero que en las escrituras –con la firma de la escribanía Méndez–, no superaba los 6 mil pesos de venta final.
Esto motivó que el 23 de septiembre el juez diera el visto bueno a un allanamiento en cinco sedes distintas entre ellos los domicilios particulares de los denunciados, que involucró a 30 inspectores de la AFIP y ocho gendarmes más algunos testigos. Ese día, los agentes fiscales se llevaron carpetas y computadoras a las cuales se les extrajo información estratégica para el caso con especiales sistemas informáticos.
El accionar recurrente de los abogados de Fabián y Luis Cappelletti con impugnaciones, rechazos y apelaciones impidió la revisión fiscal de los documentos incautados. El martes, el secreto fue develado y desde la sede provincial del organismo que dirige Daniel Tortore se confirmó la versión: “El acto de apertura y desintervención llevado adelante en el día de la fecha no fue pacífico. Los representantes legales de los involucrados opusieron todo tipo de resistencia a fin de evitar que los inspectores de AFIP accedieran a la documentación que revelará las maniobras y montos evadidos. A pesar de los artilugios que se pretendieron utilizar, finalmente la desintervención se llevó a cabo con éxito, lo que le permitirá finalmente determinar la cuantía de la evasión y avanzar con la querella penal que alcanzará a los involucrados. Se presume que se trataría de una asociación ilícita entre los titulares de la inmobiliaria, los escribanos intervinientes, compradores y vendedores”, se indicó.
Según informaron testigos, en la escribanía se encontraron numerosos boletos de compra–venta originales firmados por el valor real de la operación –con base en los 15 mil dólares o más– y que aparecían presentados fiscalmente por un valor de 6 mil pesos. Esto, se juzgó, muestra “una clara connivencia entre las partes”.
Los actores mencionados estaban conformados por la inmobiliaria Cappelletti –dueña en muchos casos de los terrenos–, la escribanía Méndez –que daba fe de operaciones mendaces–, el vendedor –que participaba firmando los documentos–, y el comprador –que debía conocer la diferencia, ya que firmaba tanto el boleto como la escritura que le entregaban–.
De allí que la AFIP encuadre la operación en la figura de Asociación Ilícita, entre otras, y confirme que habría más de 120 involucrados, entre los que se encuentran vecinos de la zona de distintos ámbitos y sectores sociales.
“También se encontraron valores denunciados escondidos, boletos de compra–venta ocultos y hasta las planillas de ventas de la inmobiliaria y la escribanía como otros respaldos documentales que el martes fueron confirmados. Los peritos pudieron corroborar lo actuado en septiembre y la evasión impositiva habría generado un desfalco superior a los 5 millones de pesos”, se especificó.
Los investigadores creen que podrían ser más incluso, porque era un loteo muy grande en un lugar que se había convertido en el apéndice más recoleto de Gualeguaychú, que involucraba, por lo menos, a 150 lotes.
La AFIP espera avanzar rápidamente con las pruebas periciales que comenzaron e iniciar las acciones legales pertinentes, en un caso que reconocen como “clave de lo que venimos haciendo en Entre Ríos”, publicó El Diario.
