L

a Fiscalía de Estado, que ha recibido los planteos por escrito del abogado santafesino, asegura que no hay ningún documento que avale la contratación y que por tanto justifique el pago de honorarios. Eduardo Giménez Lassaga, un reconocido abogado del foro santafesino, profesor de Derecho en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y dueño de un bufete de vasta trayectoria, está reclamando al Gobierno de Entre Ríos el pago de honorarios por el asesoramiento de la administración del ex gobernador radical Sergio Alberto Montiel. Todavía no le ha puesto precio a su reclamo, pero en los asuntos que asegura haber actuado se movieron muchos millones de pesos. Giménez Lassaga dice que elaboró los estatutos de una sociedad estatal que Montiel creó sobre el final de su gestión, una medida polémica y a las apuradas: la creación de la Compañía Entrerriana de Energía SA (Coensa), luego de haber despojado la concesión a los privados que hasta 2003 manejaban la ya desaparecida Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos SA (Edeersa). También dice haber participado en la redacción del acuerdo que Montiel pretendió instrumentar con el Nuevo Banco de Entre Ríos SA (Nuevo Bersa), a través del cual la provincia buscó dejar en manos de la entidad que es agente financiero del Estado la tarea de recupero de deudores impositivos de la Dirección General de Rentas (DGR). De momento, los pedidos transitan por la fase administrativa, y sin mencionar montos de lo demandado, pero no descartan que el pleito pueda llegar a los tribunales. Los dos asuntos públicos en los que Giménez Lassaga dice haber actuado como asesor de Montiel derivaron en sendas demandas en la Justicia contra el ex gobernador. Cuando en 2003 Montiel decide tomar el timón de la distribuidora eléctrica provincial, que entonces navegaba en un mar de dudas luego de que los operadores norteamericanos al mando de PSEG Américas decidieran dejar sus activos en la provincia, se alzó encima con un problema institucional grave. Lo que quedaba de los operadores privados en Edeersa, con el abogado Jaime Barba a la cabeza, decidieron rechazar por la vía judicial esa estatización, y lo hicieron a través de un amparo que tuvo acogida favorable por parte del Juzgado de Instrucción Nº 2, entonces a cargo de Jorge Barbagelata. Lejos de dar marcha atrás, Montiel hizo caso omiso al reclamo judicial, y eso le valió una causa en su contra por desobediencia judicial. Coensa, claro, no prosperó: Edeersa retomó el control, hasta que durante la administración de Jorge Busti se estatizó, creándose así la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa), en 2005. El otro convenio en el que dice haber actuado Giménez Lassaga también derivó en una causa judicial contra el ex gobernador radical. En 2004, la Justicia lo procesó por el delito de violación de los deberes de funcionario público por negarse a publicar la ley que declaró nulo el fideicomiso con el banco, instrumento a través del cual el Estado propuso dejar en manos privadas la gestión y el cobro de los créditos fiscales a los deudores morosos de Rentas. El abogado local Carlos Moro es quien está representando a Giménez Lassaga en sus reclamos a la provincia. Aunque el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, asegura que no hay ningún documento que avale la existencia de esos servicios prestados. “Cuando un abogado externo al Estado realiza un trabajo administrativo, se pacta en un contrato la remuneración por ese servicio, las condiciones de la prestación, y sobre todo cuál va a ser su remuneración. No se encontró esa documentación. En la Fiscalía no hay nada que avale lo que este abogado pretende”, señaló. No habiendo registro respaldatorio, Rodríguez Signes establece otras hipótesis. Una alternativa es que Giménez Lassaga dé un paso más y haga una nueva presentación reclamando, con pelos y señales, cuál es el monto de lo que demanda siguiendo la pauta de la ley de honorarios judiciales, algo que todavía no hizo. Una tercera vía sería que acuda a la Justicia, y entonces, “en vez de pedirnos a nosotros, que directamente se presente ante un juez, y que el juez le regule los honorarios que pretende. Hasta ahora no se ha dado nada de eso: estamos en una situación en la que no encontramos elementos que comprueben que actuó como asesor en Coensa y en el fideicomiso. Quizá la documentación pueda estar en algún lugar del Estado, pero hasta ahora no la encontramos”. (El Diario)