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a Justicia desestimó el amparo planteado desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en contra de lo que considera la privatización del juego en la provincia, y ante esto el gremio apeló el fallo y criticó la decisión del juez de feria Roberto Croux. “El Juez no ve la urgencia como para escoger la vía del amparo, la que se utiliza en casos excepcionales, cuando peligra el derecho en la demora de hacer justicia”, admitieron desde ATE. Sin embargo, entendieron si no ejercen “una acción inmediata”, se firmarán “en breve” contratos privatizando el juego en Victoria y Concepción del Uruguay, pues “ya está declarado factible por el gobernador y ordenado por el Directorio del Iafas la confección de los contratos a través de los decretos y resoluciones denunciados en la demanda y por los que se pedía su nulidad”, remarcó el gremio este martes mediante un comunicado. También criticaron que el juez no les haya reconocido los derechos de representación para accionar, ya que –aseguraron– éstos están previstos en la nueva Constitución Provincial. “Tampoco el sentenciante percibe cuál es el daño inminente de los trabajadores de Iafas afiliados a ATE. Pues bien, la urgencia es porque corren actual riesgo de quedarse sin trabajo, ya que el lugar donde cumplen sus servicios pasará a manos privadas en forma inminente y por ende sus empleos están bajo amenaza cierta de desaparecer. La transferencia de privatización se hace en forma encubierta y sin la planta de empleados que quedarían desocupados”, afirmaron los sindicalistas. “Tampoco se refiere ni toma en cuenta el juez para dictar sentencia, que la demandada Iafas solicitó una conciliación obligatoria ante la Dirección Provincial del Trabajo, citando a ATE y solicitando que se llegue a un acuerdo, donde el sindicato debía cesar con las medidas de fuerza que se llevaban a cabo en el mes de diciembre 2010. ATE acató la conciliación obligatoria y cumpliendo su resolución a fin de conciliar concurrió a las audiencias y firmó un Acta de Conciliación que el Iafas viola descaradamente”, denunciaron, ya que el organismo provincial se comprometió a no ejecutar ningún acto de privatización de los casinos, algo que no fue respetado a juicio del sindicato. (UNO).-