E

l juez de feria Roberto Croux rechazó el lunes la acción de amparo que había presentado la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en procura de frenar la decisión oficial de dar intervención a la actividad privada en la explotación del juego, hecho que el gremio consideró como una “privatización”. Hace dos semanas, el sindicato había presentado un “mandamiento de prohibición”, un recurso legal a través del cual buscó frenar los acuerdos del Gobierno con los administradores privados del Casino de Victoria, y de Concepción del Uruguay. El argumento fue que esa decisión gubernamental violaba la Ley Nº 5.144 que establece que la administración del juego debe estar bajo la órbita del Estado. La acción legal, caratulada “Asociación Trabajadores del Estado (ATE) c/Gobernador de la Provincia de Entre Ríos s/Acción de Prohibición”, se dio en el marco de una extensa medida de fuerza que paralizó la mayoría de las salas de juego de la provincia durante lo que va de 2011, que todavía no concluye. Pero el Ejecutivo rechazó el cuestionamiento. Y argumentó que los decretos Nº 3.921 y Nº 3.733, que ampararon aquellas “privatizaciones”, fueron dictados en el marco de las atribuciones que le otorgó al Poder Ejecutivo la Ley de Turismo Nº 9946, “norma que entre otras previsiones consagra en cabeza del Ejecutivo la potestad de declarar de interés turístico un proyecto integral de emprendimiento turístico, previa ponderación de circunstancias, verificación de determinadas condiciones, con los alcances y consecuencias que la misma normativa prevé”, según el texto de la contestación a la demanda sindical. El Gobierno se apoyó en el texto del artículo 3º de la Ley de Turismo que establece que la declaración de interés turístico provincial de los proyectos integrales de emprendimientos turísticos “deberá hacerse por decreto del Poder Ejecutivo fundamentándose en la incidencia económica”, y que en “aquellos emprendimientos turísticos declarados de interés provincial podrán prestarse servicios de salas de juegos recreativos de azar y /o casinos, previa evaluación de factibilidad por parte del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas)”. Con esa base legal, la contestación oficial a la demanda de ATE, presentada por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, señaló que los decretos Nº 3.733 y Nº 3.921, cuestionados por el sindicato, “no sólo no son actos expresamente prohibidos por ley, sino que muy por el contrario son actos expresamente contemplados por el ordenamiento jurídico”. En la noche del lunes, la asesora legal de ATE, Milagros Reñé, estaba analizando el contenido del fallo del juez Croux con vista a presentar la apelación respectiva, medida para lo cual tiene un plazo de 24 horas, ante la Sala de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El sindicato considera que es “ilegal” la “privatización” del juego que dispuso el Iafas, a través de dos resoluciones que se apoyaron en lo dictaminado por sendos decretos del Poder Ejecutivo. De ese modo, el gremio rechazó la decisión oficial que dispuso permitir la explotación compartida con el Casino Victoria SA la administración de los juegos de paño y la concesión de máquinas tragamonedas en Concepción del Uruguay. Por eso, en su presentación judicial, el gremio le reclamó a la Justicia que prohíba al Iafas “ejecutar acciones contrarias a derecho, como sería la de firmar cualquier tipo de contratación donde se concesione o se dé en administración compartida, o de cualquier forma encubierta se privatice en todo o en parte la explotación del juego de azar en la Provincia de Entre Ríos, por encontrarse prohibido por la Ley 5.144”. En la visión de la Fiscalía de Estado, el gremio “carece de legitimación” para una solicitud de ese tenor. Y hace notar “la vaguedad e imprecisión de la pretensión prohibitiva articulada, pero en el tema que nos ocupa, la absoluta desconexión existente entre lo que se pretende y el presunto interés jurídicamente protegido”. Es decir, no menciona quién se vería afectado por la concesión de las salas de juego ni qué daño provocaría la medida oficial, según la presentación de la Fiscalía. ATE analiza qué caminos seguir El secretario adjunto de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), José Galarraga, anticipó la decisión del gremio de apelar el fallo dictado por el juez Roberto Croux. En esa tarea, estaba trabajando contrarreloj la abogada de la entidad sindical, Milagros Reñé. De acuerdo a fuentes consultadas, la apelación debe presentarse en un plazo no mayor a las 24 horas, ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Galarraga no abundó en demasiados detalles porque al cierre de esta edición no habían podido leer por completo el fallo. De todos modos, anticipó que la protesta en las salas de juego se mantendrá, aunque por estas horas se evaluará de qué modo. “Nosotros insistimos en la ilegalidad de la decisión del Gobierno, porque viola la ley de juegos”, subrayó. Respecto a cómo continuará la protesta en los casinos, dijo que lo están evaluando. “Vamos a ver cuál es la mejor estrategia”, acotó. –¿Se mantiene el paro? –Algunas salas están trabajando con protestas, y otros cerrados definitivamente. Vamos a ver cuál es la mejor pelea, cuál es el mejor camino para seguir.(El Diario).-