E

l Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) buscará acordar con el Gobierno un sistema de asistencia financiera destinado a cubrir los desfases que produce en las finanzas del organismo la cobertura de tratamientos especiales, que están en alza y se llevan buena parte de los recursos financieros. Se apoya en una serie de normas sancionadas por la Legislatura, como la Ley de Discapacidad o la Ley de Obesidad, que obliga al Iosper a dar prestaciones amplias aunque sin considerar ningún tipo de asistencia financiera, según el análisis que hacen en la obra social provincial. El hecho crea una ficción: el Iosper es obligado a dar coberturas mediante recursos de amparo que consiguen acogida favorable en la Justicia. La idea, que ya fue presentada al Poder Ejecutivo, es conformar en la provincia un fondo similar al que rige a nivel nacional, que administra un organismo autónomo del Ministerio de Salud para las amplias coberturas en discapacidad. Cada cobertura integral que están obligadas a dar las obras sociales, tiene el resguardo de un fondo especial que les reintegra esos gastos. La Ley Nº 24.901, que instrumentó un sistema de cobertura integral a las personas con discapacidad, obligó a las obras sociales a cumplir con un menú básico de prestaciones en beneficio de sus afiliados. Pero a la vez, estableció un mecanismo de financiamiento, a través de la Administración de Programas Especiales (APE) que le permite a las obras sociales el recupero de dichas prestaciones. En Entre Ríos, la Ley Nº 9.891, promulgada el 20 de febrero de 2009 y todavía no reglamentada, estableció la adhesión de la provincia a aquel régimen de prestaciones básicas en discapacidad. E impuso a la Secretaría de Salud la tarea de garantizar “las prestaciones para la rehabilitación o tratamiento de las personas con discapacidad sin obra social”, y al Iosper, le impuso velar para que se cumplan “las prestaciones en discapacidad a sus afiliados obligatorios”. La ley provincial no especifica cuáles son esas prestaciones básicas, pero sí la norma nacional. Entre otras, establece “prestaciones preventivas”, desde el momento de la concepción, y en caso de existir “factores de riesgo, se deberán extremar los esfuerzos en relación con los controles, asistencia, tratamientos y exámenes complementarios necesarios, para evitar patología o en su defecto detectarla tempranamente”, se define. “Si se detecta patología discapacitante en la madre o el feto, durante el embarazo o en el recién nacido en el período perinatal, se pondrán en marcha además, los tratamientos necesarios para evitar discapacidad o compensarla, a través de una adecuada estimulación y/u otros tratamientos que se puedan aplicar”, dice la ley nacional. Ariel de la Rosa, vicepresidente a cargo de la presidencia del Iosper, dice que los recursos judiciales cuando encuentran acogida favorable entre los magistrados, obligan a la obra social a cumplir con el menú de prestaciones que establece la ley nacional. “Con la diferencia que las obras sociales nacionales tienen el auxilio del APE, que les retribuye por las prácticas de alto costo. Nosotros no tenemos esos recursos”, apunta. Propuesta económica Por eso, De la Rosa asegura que las conversiones con el Gobierno apuntan a estructurar un sistema de financiamiento no sólo para los afiliados con discapacidad, sino también el conjunto de terapias “de alto costo”, como celíacos u oncológicos. Y si bien mantienen el planteo para que le devuelvan el aporte del 2% de los jubilados, dice que esa es una disputa más simbólica. “Hemos tenido una charla con el gobernador (Sergio Urribarri), y sabemos que el tema está en la agenda del Gobierno. La devolución del 2% tiene un valor más simbólico, emblemático, que económico real. Es muy poca plata. Son más o menos 2,2 millones por mes. Al año, 24 millones de pesos. Pero barajamos otras posibilidades”, dice De la Rosa. –¿Cómo cuáles? –Por ejemplo, el aumento de aportes patronales, algo que requiere de un análisis mucho más largo, que no se puede dar de un día para el otro. También, se está evaluando la creación de una especie de fondo compensador, o de APE provincial. Se trataría de un fondo que nos compense el costo de las terapias de alto costo. Lo que pasa es que nosotros advertimos que los legisladores sancionan leyes, como discapacidad, obesidad o celíacos, sin que se analice de dónde saldrán los fondos para dar ese tipo de coberturas. –¿Cuáles son las coberturas más caras en el Iosper? –Los costos más altos se da en los afiliados con esclerosis múltiple. Son muy poquitos pacientes, pero proporcionalmente muchos más que los oncológicos. Son prestaciones de alto impacto económico, y bajo impacto sanitario. Pero si la tendencia sigue, y seguimos además incorporando nuevas leyes sin contar con los recursos, vamos a terminar desfinanciados. Para que esto no ocurra, hay que hallar una herramienta económica que nos auxilie. (El Diario)