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os directivos de las entidades públicas y privadas consultados por PERFIL expresaban ayer que se enfrentan a una gran cantidad de problemas de implementación. “Vamos a tener que poner una, dos o tres personas por sucursal para que se encarguen del trabajo de retirarle los teléfonos celulares a cada cliente que entra”, se quejaban ayer desde un banco de capital extranjero. “No tenemos la menor idea de cómo hacer para instalar un sistema de lockers en todas las sucursales, y mucho menos, nos imaginamos cómo se puede hacer para chequear si un cliente tiene o no un celular encima”, mencionaron desde una de las cámaras del sector. La entidad conducida por Mercedes Marcó del Pont publicó el jueves por la noche la reglamentación de la Ley Nº 26.637, que fue aprobada por el Congreso luego del caso Píparo. La Ley Antisalideras fue una de las primeras que logró su aprobación, a pesar de que fue propuesta por la oposición. Fue resistida por el Banco Central, que lanzó su propio paquete de medidas para evitar las transacciones en efectivo, como las que hicieron gratuitas las transferencias por menos de $ 10 mil, a través de medios electrónicos. La indicación más polémica de la reglamentación es la de “recurrir a procedimientos tales como la retención por parte de personal de seguridad y/o de la entidad con guarda individualizada del teléfono celular”, el uso de “bolsas precintadas” para evitar que se realicen llamadas o la instalación de “detectores de terminales de telefonía móvil”. En el Central, se defendieron ayer de las críticas diciendo que responden a una ley sancionada por el Congreso. Recordaron, además, que uno de los artículos de la norma establece el uso de inhibidores de señales de los celulares, “siempre que no afecten los derechos de terceros fuera de la sucursal”. Para el Central, esto es de difícil cumplimiento y es por ello que optó por reglamentar la retención de los aparatos móviles. Según afirman en la autoridad monetaria, la instalación de esos inhibidores sin afectar a terceros es imposible, y por ello, la reglamentación de la ley terminó siendo laxa en ese punto en particular. “Las recomendaciones de usar locker y bolsas precintadas son sugerencias, los bancos pueden aplicar cualquier otra medida que le propongan al área correspondiente del BCRA”, comentó a este diario una fuente del Central. La reglamentación del BCRA establece, además, la instalación de mamparas que impidan ver las operaciones realizadas por los clientes en cajeros y cajeros automáticos, además del refuerzo de las bóvedas de cajas de seguridad para evitar ataques de “boqueteros”. (Fuente: Revista Fortuna)