Viernes 21 de enero de 2011
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Interés general
Los menores cometen sólo uno de cada diez delitos
Las estadísticas contradicen la urgencia de un régimen de sanciones para los menores. La problemática de la población infanto juvenil abandonada a su suerte, sólo de vez en cuando vuelve a dominar el centro del tratamiento mediático.
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Buscan mejorar su calidad de vida, no meterlos presos.

D

istintas voces se levantaron en las últimas horas, nuevamente, para reiterar la urgencia en que se sancione un régimen penal juvenil que baje la edad de punibilidad (de aplicación de una sanción) a los 14 años. Fue a raíz del conmocionante crimen de un hombre en provincia de Buenos Aires en el cual están señalados tres adolescentes de 13, 15 y 16 años. Pese a la preocupación reinante, las estadísticas a nivel nacional y local indican que no la violencia extrema en hechos delictivos no es asunto en que se suelan involucrar menores. Sólo el 0,1% de los homicidios son cometidos por niños y adolescentes en la Argentina y, yendo a la realidad más cercana, las estimaciones indican que, en Paraná, sólo uno de cada diez delitos de cualquier índole tiene por autor a un menor. “Popeyes” En la mayoría de los casos, los chicos son autores de arrebatos y casi siempre con el fin de acceder a drogas. “Ocho o nueve de cada diez menores que delinquen tienen serios problemas de adicción, no van a la escuela y no cuentan con contención familiar”, aseveró el titular de la Defensoría Nº 8 del Poder Judicial entrerriano, Pablo Barbirotto, enfocando el asunto en otro lado. Aseguró que lo usual en Paraná es el consumo de psicofármacos y otros remedios mezclados con alcohol, a partir de los 10 años. “¿Qué es lo que sentís con esto?”, cuenta Barbirotto que le preguntó a un chico que había mezclado Rivotril con alcohol. La respuesta que tuvo fue tan infantil como gráfica: “¿Sabe cómo doctor? ¿Vio a Popeye cuando comía espinaca? Así, poderoso, te da coraje para seguir”. Tras reparar en los datos consignados, el funcionario hizo notar que “el Estado, que perpetúa situaciones de desigualdad, después se quiere sacar de encima el problema encerrándolo”, dijo en alusión a las posibilidades de imponer a menores penas privativas de la libertad. Perspectivas Barbirotto repasó las diferentes miradas que desde el Estado se aplicaron tradicionalmente desde el paradigma del patronato, del juez que tutela al menor “en situación de riesgo” y que decide su destino a su arbitrio. Remarcó el giro que impuso en el derecho argentino la jerarquización como texto constitucional de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que vino a pensar al niño como sujeto de derecho, ya no como objeto sobre el que decide el Estado. Con relación a las iniciativas que vuelven a estar en danza ahora en el debate legislativo, Barbirotto marcó sus disidencias con la propuesta más avanzada, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores de la Nación, y que fue girado a Diputados a fines de 2009 para su tratamiento. Es un proyecto que prevé un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil elaborado en base a iniciativas de los legisladores María Perceval, Sonia Escudero y Gerardo Morales. Para Barbirotto, el texto contradice “a la Convención de los Derechos del Niño que considera al menor como un educando, un sujeto en grado de desarrollo”, apuntó. “Este régimen de responsabilidad pretende considerar al menor como si fuera un mayor, dejando de lado el concepto de educando, otorgando las mismas garantías pero aplicando penas reducidas”, subrayó el defensor que aclaró que el proyecto lo que hace es bajar la edad de punibilidad a los 14 años. “Hoy el menor de 14 y 15 años puede ser imputado de un delito aunque no se le puede aplicar una pena”, distinguió del concepto de “baja de la edad de imputabilidad”. Detalló que la propuesta “contempla la pena privativa de la libertad como último recurso y en delitos graves como el homicidio o los delitos contra la integridad sexual”. El texto dispone que los menores de 14 o 15 años no podrán ser condenados a más de tres años y los de 16 y 17 a no más de cinco años de encierro en centros especializados. Barbirotto fue enfático al afirmar que la problemática requiere un debate serio, amplio, “que tenga la relevancia, la importancia que tuvo, por ejemplo, la discusión de la Ley de Medios, con encuentros en todo el país”. Tras repasar las versiones taquigráficas del debate en el Senado, recalcó que “se votó entre gallos y medianoche y después de exposiciones que marcan mucho desconocimiento del tema”. Finalmente, fue concluyente: “De cualquier modo, no puede ser la respuesta del Estado la privación de la libertad de un menor”. Responsabilidades compartidas “La convención de los derechos del nño es muy linda pero hay chicos que no tienen acceso a la salud, a la escuela que es expulsiva ante los problemas de conducta, no tiene familia y no hay políticas ciertas de prevención de las adicciones que surgen como una especie de familia ortopédica para los chicos que están solos y desprotegidos”, subrayó el defensor judicial provincial Nº 8, Pablo Barbirotto quien también plantó culpas entre la sociedad civil: “Vemos a un chico de cinco años, a las 5 de la mañana, que nos abre la puerta del taxi en la terminal y en realidad no lo vemos. O a lo sumo es parte del paisaje. Unos años después lo queremos encerrar”, cuestionó y remarcó en varias oportunidades su intención de “no justificar” aunque insistió en tomar nota de las causas de la problemática de los adolescentes que delinquen. (Luz Alcain. El Diario).-
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