E

l documento se refiere a acciones de ambas márgenes llevadas adelante entre el 2 de septiembre y el 30 de diciembre pasados para encarar el monitoreo ambiental acordado en 2010 por Cristina de Kirchner y José Mujica. La información será colocada en las páginas web de Cancillería y de la CARU. «Va a estar todo ahí; se recorrió todo el río Uruguay, se hizo el relevamiento, se avanzó en el control del medio ambiente de todo el río, principalmente en Botnia», aseguró en las últimas horas el canciller Héctor Timerman. No será, sin embargo, un informe con resultados de controles, sino que permitirá conocer la letra chica de lo actuado hasta el momento en materia de métodos. «Ya estamos de acuerdo en cómo se va a controlar Botnia; será un control continuo, pero hay que ponerlo en práctica, no es tan sencillo», dijo Timerman. Los documentos serán leídos con lupa por los combativos ambientalistas de Gualeguaychú, quienes exigen precisamente que se encare un monitoreo exhaustivo y permanente. Mientras tanto, los asambleístas denunciaron la aparición de «una mancha de color amarronada» en el río Uruguay, justo por encima de donde se encuentra el caño difusor de la ex Botnia. «Tenía como cuatro kilómetros de largo y era como una espuma de un café batido, con partes blancas y otras más amarronadas», aseguró Jorge Fritzler. Este escenario se da mientras avanza la futura instalación de una nueva pastera en tierra oriental -Montes del Plata, de capitales sueco-finlandeses y chilenos-, esta vez en el departamento de Colonia, en las costas del Río de la Plata. El pasado viernes, Timerman recibió en Buenos Aires a su par de Uruguay, Luis Almagro, quien le presentó oficialmente el nuevo proyecto, que ya había sido aprobado en 2008 por el Gobierno argentino -se trata de un cauce compartido- cuando estaba en manos de la empresa ENCE. Por eso, el funcionario de Cristina de Kirchner aseguró que la Argentina «de ninguna manera» va a «impedir el desarrollo» de la pastera, al reiterar que el proyecto «cumple estrictamente» el convenio. Pese a no tratarse de la Cuenca del Uruguay, sino de la del Plata, un ramillete de ambientalistas de Gualeguaychú se apresuró a advertir que el emprendimiento privado viola el tratado internacional de la segunda cuenca y que pondrá en juego la salud de los pobladores argentinos -entre Zárate y en La Plata- por «contaminación aérea».