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a Unión de Consumidores de Argentina (UCA), el Centro de Educación al Consumidor (CEC) y el Centro de Orientación y Defensa del Consumidor (Codec), informaron que la campaña “No al monopolio Telefonica/Telecom” cerró su primera etapa, en la vía pública, con la recolección de más de 12.000 firmas. La campaña sigue a través de Facebook “para que los usuarios tengan la posibilidad de seguir juntando firmas contra la concentración de las telefónicas”. “La campaña que tiene como objetivo concientizar que la fusión de ambas compañías, permitida por las autoridades nacionales, atenta contra los intereses de los usuarios al crear un monopolio en el mercado de las telecomunicaciones”, explicaron en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL. “La concentración del mercado se da concretamente debido a que Telefónica de España es propietaria en Argentina de Telefónica y a su vez ahora con la decisión del gobierno tiene el 52% de Telecom. Esto llevó a que actualmente, entre ambas empresas, manejen: 90 % de la telefonía fija, 74% de Internet, 62% de la telefonía móvil”, graficaron desde la Unión de consumidores de Argentina. Desde las asociaciones afirmaron que “el Estado avaló esta situación” aunque recuerdan que anteriormente “estuvo dos años investigando a estas empresas a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y dictaminó, en agosto de 2009, que Telecom Italia debía desinvertir en Telecom Argentina”. Sin embargo, manifestaron que este planteo se fundamentó “solamente en la presentación de los Compromisos asumidos por Telefónica y Telecom para garantizar la competencia” y que “esos compromisos no se hicieron públicos por parte del Estado Nacional, lo cual los usuarios y consumidores no tienen ningún conocimiento al respecto y, en consecuencia, ninguna capacidad de control sobre su cumplimiento”, denunciaron. Ante esta problemática el 23 de noviembre, UCA solicitó a la CNDC una copia de los compromisos con el fin de controlar el cumplimiento de lo acordado entre el Estado y las empresas en los dictámenes 835 y 836. “Hasta hoy no hubo ninguna respuesta”, expresaron con preocupación. “Toda esta situación planteada vulnera lisa y llanamente los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores de un servicio público de gran importancia para el desarrollo social, ya que la concentración trae aparejada consecuencias concretas en los consumidores, a los que convierte en rehenes, por ejemplo; no poner teléfonos fijos porque no le conviene como están haciendo ahora las telefónicas o aumentar precios en forma arbitraria en telefonía celular. También las empresas pueden realizar maniobras para no realizar inversiones y, de este modo, poner en riesgo la naturaleza de servicio público”, advirtieron para luego considerar que “el Estado debe proteger a los usuarios y consumidores, pero en este caso privilegió el interés privado de las empresas, poniendo en riesgo un motor esencial del crecimiento de la sociedad en su conjunto como es hoy el sector de las telecomunicaciones”.