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n hecho verdaderamente vergonzoso estaría siendo investigado tanto administrativamente, como también en la faz judicial. De acuerdo a versiones recogidas, el episodio de neto corte delictivo sería el motivo por el cual hace algunas semanas removieron al jefe de la comisaría 2ª de la capital provincial, comisario Eduardo Cellman, tras lo cual entró en funciones en su reemplazo el comisario Carlos Suázaga. De acuerdo a las fuentes, todo se habría iniciado con el secuestro de una motocicleta que había sido sustraída por un delincuente de los denominados “motochorros” y que, tras ser recuperada, fue a parar al edificio de la comisaría 2ª, en calle Gualeguaychú de Paraná. El propietario del rodado, que oportunamente había realizado la denuncia por el ilícito, recibió en determinado momento una notificación judicial, en la cual se le mencionaba que el vehículo de su propiedad estaba secuestrado en la céntrica dependencia policial. Asimismo, se le indicó que finalizados los trámites, ya podía acercarse para recibirla como depositario judicial, para lo cual tenía que completar algunos últimos trámites para retirarla. Mientras tanto, la Policía debía cumplimentar algunas actas de rigor y papelerío en los cuales también toman cartas en el asunto peritos de la Dirección de Criminalística que deben confirmar las características del rodado y asentar los detalles en un legajo interno. Desconcierto En estas gestiones, grande habría sido la sorpresa cuando al llegar los peritos a la comisaría, nadie supo explicar dónde estaba la moto que pocos minutos después debía ser reintegrada a su dueño. Cual si fuera el juego del “Gran Bonete”, todos se miraban entre sí. Ante la falta de una solución sobre el paradero de la moto que no aparecía en ningún lugar, se habría decidido implementar un plan B. Según algunas fuentes judiciales consultadas, esta idea habría consistido en esperar al propietario del motovehículo y fingir la situación. Entonces, cuando el dueño se acercó a recuperar su moto, tras hacerle entender que su rodado se podría haber “traspapelado” y que lamentablemente no tenían una explicación lógica para darle, se le habría ofrecido “negociar” la situación. Cifras más, cifras menos, se habría pactando un precio por el rodado que, según los comentarios, no superarían los 3.000 pesos. La suma se habría logrado tras hacer una colecta entre quienes deberían saber del destino de la motoneta, tras lo cual se habría pagado el monto acordado. Lamentablemente para algunos, de acuerdo a la versión de fuentes judiciales, la historia que parecía haber finalizado tras la negociación y el pacto de que “aquí no ha pasado nada” no terminó allí. El motivo habría sido quizás alguna filtración, o por papeleo que no convenció al responsable del Juzgado de Instrucción Nº 5, que citó al propietario de la motocicleta y la situación salió a la luz. Esto motivó coletazos internos en la faz administrativa policial y una causa que ahora también afrontan quienes eran responsables de la custodia de aquella motocicleta secuestrada. Voz oficial Consultado sobre este hecho, el jefe de Policía de Entre Ríos, Roberto Massúh, confirmó a esta Hoja que “es cierto que se inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos, para deslindar las responsabilidades de quienes podrían haber tenido que ver con este hecho, pero por el momento estamos en plena etapa investigativa, amén de lo que el Juzgado de Instrucción interviniente disponga sobre este caso. Lo importante para destacar es que este hecho fue encausado de inmediato por la propia institución, que no va a tolerar este tipo de situaciones dentro de sus filas”, sostuvo el funcioanrio. (Mauricio Antematten. El Diario)