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reenpeace denunció este miércoles un boicot al tratamiento del proyecto de ley de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que ya lleva tres años de debate y demoras en la Cámara de Senadores de la Nación. En reunión conjunta de comisiones para obtener dictamen del proyecto de ley, los senadores nacionales Arturo Vera (UCR), María Eugenia Estenssoro (Alianza Coalición Cívica-Buenos Aires), Sonia Escudero (Alianza Partido Justicialista - Frente Justicialista para la Victoria - Salta) y Roberto Basualdo (Alianza Frente Producción y Trabajo - San Juan), entre otros, objetaron la firma del dictamen al plantear una lista de observaciones y argumentar falta de tiempo en el debate. “Desde hace tres años senadores, empresas, organismos de gobierno, Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), recicladores y técnicos hemos venido trabajando en el proyecto de ley que este miércoles debía obtener dictamen. Sin embargo, en la reunión de la Comisión de Ambiente, se presentaron nuevos cambios y objeciones”, explicó Eugenia Testa, Directora Política de Greenpeace Argentina. “Las empresas ya han logrado así tres años de demora y no dudamos que hay intereses para que Argentina no legisle en la materia”. La reunión debió ser suspendida por falta de quórum. A su vez, el senador Vera, miembro de la Comisión de Ambiente y presidente la Comisión de Industria y Comercio, pidió hace dos semanas y en forma anti reglamentaria, el giro del proyecto a la Comisión que preside. El proyecto de ley presentado por primera vez en 2008 y nuevamente en 2010 -luego de haber perdido estado parlamentario por la dilación en su tratamiento-, responsabiliza legal y financieramente a las empresas de aparatos eléctricos y electrónicos por la gestión de los residuos de sus productos. El proyecto de Ley de Basura Electrónica, fue presentado en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado inicialmente en el año 2008 por el senador nacional Daniel Filmus, quien debió volver a proponerla en abril de este año. El texto de la ley plantea la Responsabilidad Extendida del Productor, principio a través del cual las empresas importadoras, productoras o ensambladoras de productos eléctricos y electrónicos se hacen cargo legal y financieramente de la gestión y tratamiento de este tipo de residuos. Al mismo tiempo establece los lineamientos para la creación de una infraestructura nacional de transporte, acopio, recuperación y reciclado de este tipo de residuos a través de la creación de un ente mixto público no estatal responsable del sistema. “El grupo de senadores que bloqueó la ley no permitió que los fabricantes de productos eléctricos y electrónicos asuman su responsabilidad como lo hacen en los países donde tienen sus casas matrices, los senadores les están permitiendo a estas empresas trabajar con un “doble estándar”, señaló Testa. “Las empresas seguirán transfiriendo los costos de la gestión de su basura a los municipios, es decir, a la sociedad; una irresponsabilidad y una injusticia”, agregó. Los residuos eléctricos y electrónicos son la fracción de residuos domiciliarios que más sustancias tóxicas aportan a los rellenos o basurales donde son enterrados. En Argentina, se estima que cada habitante genera al menos 2,5 kilogramos de basura electrónica por año. En este contexto, por ejemplo se espera que en 2011 se descarten más de 1 millón de computadoras y 10 millones de teléfonos celulares. Hoy el 40 por ciento de estos residuos terminan en rellenos o basurales, el 50 por ciento sigue siendo almacenado en depósitos o en hogares y solo el 10 por ciento llega a ser recuperado o reciclado. “Esta nueva paralización del proyecto agravará la situación y los senadores que se han opuesto a su tratamiento serán los responsables. Las empresas continuarán sin hacerse responsables de la contaminación que generan sus productos, como las pilas y baterías, transfiriendo de manera descarada esa carga a la sociedad”, concluyó Testa. (Recintonet).-