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a encargada de Asuntos Legales de la Cancillería Susana Ruiz Cerrutti recibió ayer al equipo Legal de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, oportunidad en que intercambiaron opiniones sobre el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Argentina y Uruguay para monitorear la planta ilegal de Botnia UPM. La reunión había sido concretada semanas atrás para avanzar en temas que preocupan a la comunidad. “De cualquier manera, el encuentro sirvió para interiorizarnos de algunos puntos”, informó Luis Leissa. La delegación la completaron Osvaldo Fernández, Ana Angelini y Andrés Sobredo. - ¿Cómo se retiraron del encuentro? ¿Satisfechos, con expectativas? - No me animo a decir que salimos contentos, simplemente con más información respecto a esta circunstancia nueva que se ha producido que es el acuerdo del 14 de noviembre entre ambos cancilleres. Veremos la letra chica de todo este acuerdo, sí es un compromiso de la Dra. Ruiz Cerrutti que las dudas que se puedan tener las disipemos en un encuentro que ella va a promover entre los representantes técnicos de la Asamblea y los integrantes del Comité Científico de la "Comisión Administradora del Río Uruguay", es decir, ante Lyons y Colombo. - ¿Les comentaron qué se va a hacer en la planta? - La Dra. Ruiz Cerrutti plantea que la información que llega del Uruguay no se ajusta a lo que realmente se acordó, de ninguna manera es cierto de que no haya sensores, ni presencia de elementos de control como estaba haciendo aparecer el Uruguay en la prensa. Nos dijo que la voluntad del gobierno es empezar a trabajar de inmediato respecto a conseguir las muestras para después saber los resultados. Sí nos preocupa, por ejemplo, el lugar donde se harían las muestras, Canadá aparece como el lugar alternativo ante la posibilidad de que ambos países unilateralmente produzcan los informes y de lo que de eso iba a resultar. Nos expresó también la preocupación porque en pleno conflicto que según ella había sido agudo y tenso por la tozudez y reticencia del Uruguay a entender lo que significa los alcances de la sentencia de la Corte; se haya producido un acercamiento por parte del gobierno de Entre Ríos en Montevideo con el presidente Mujica. - ¿Qué opinó del encuentro Urribarri – Mujica? - El gobierno nacional se desentiende de esa cuestión y plantea que eso es una decisión autónoma de la provincia de Entre Ríos. Hay que hacer las interpretaciones después con el lenguaje hermético que esto siempre suscita y con las explicaciones que se dan a nivel diplomático. Leissa habló de una próxima reunión “antes de fin de año entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, su par de Entre Ríos y los representantes de la Asamblea para determinar con las mayores precisiones cómo sigue todo esto y cómo avanza”. - ¿Cuándo comenzaría el trabajo en Botnia? - Aparentemente empezaría de inmediato. Según la terminología que utilizan en Cancillería habría aproximaciones sucesivas. Hay parte de los trabajos que se pueden hacer enseguida, otros más adelante. Aparentemente Uruguay debería adquirir equipamiento y Argentina otro tanto pero en menor cantidad. Dato que por otro lado pone de relieve la forma con que Uruguay ha manejado este tema. Cabe preguntarse ¿Si Uruguay no tenía la tecnología necesaria cómo puede haber dicho que Botnia fue controlada en cuanto a sus estudios de impactos ambientales previos si carecía de ese nivel de aparatos, de tecnología como para medirla y ahora sale a medir? Hay cosas que acá resultan incomprensibles. - La reunión ¿tenía otros objetivos? - Estaba prevista tiempo atrás, coincidió justo con este acuerdo del 14 de noviembre. Por eso ahora hay que empalmar todo lo que signifique parte de los controles. Hay cuestiones acá que van a ser controladas por la propia Comisión Administradora del Río Uruguay. Otras en forma bilateral verificadas por la República Argentina. En ese tema, estaba el tema de las emanaciones atmosféricas, aquella contaminación aérea que no tenía impacto en el río hay que medirla por el lado argentino. Eso también es un tema que se tiene que dilucidar. Habrá que empalmarlo con este acuerdo que ha celebrado la nación con la provincia días atrás. Recurso de casación En tanto, consultado el Dr. Osvaldo Fernández sobre el recurso de casación elevado por el Fiscal de Cámara Federal de Paraná, Ricardo Álvarez, manifestó su sorpresa. “Frente a la contundencia del fallo de la Cámara en el tema que está vinculado a la denuncia que nos hizo el gobierno nacional a 10 asambleístas, que ha sido derrotado en primera instancia frente al fallo del Juez Pimentel, y nuevamente derrotado en segunda instancia ante el fallo de la Cámara Federal de Paraná; que sigan insistiendo, llama la atención”. Que aparezca “ahora este recurso deja a las claras que hay alguna instrucción, evidentemente de origen político, para mantener esta causa abierta. Si la Cámara Federal no admite este recurso de casación el fiscal puede ir mediante recurso de queja a la misma Cámara de Casación. Y si la Cámara admite el recurso, también el expediente se va a ir a Buenos Aires a la Cámara Nacional de Casación Penal. Con lo que se evidencia una voluntad a mantener a causa abierta, latente en cuanto a su capacidad de amenaza”. -¿Con qué objetivo? - Y todo esto tiene que ver con la estrategia de amedrentar a la Asamblea, de criminalizar la protesta social y de llevar a los tribunales cuestiones que en realidad son propias de los poderes políticos. (Fuente: El Día y Radio Cero de Gualeguaychú)