E

l planteo hecho por el ex senador provincial justicialista Mario Yedro en la Justicia en procura de lograr que le restituyan un campo, que le fue confiscado en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito, podría volvérsele en contra. Bajo la figura penal de estafa procesal y usurpación, la jueza de Instrucción de Rosario del Tala, Noelia Ríos, hizo lugar al requerimiento de instrucción formal que efectuó el fiscal Samuel Rojkin a raíz del planteo hecho por el ex senador justicialista Mario Yedro y los integrantes de la sociedad Delrubio y Hunmendi SRL, de la que son socias sus hijas Fátima, Luciana y Lara. El requerimiento de instrucción se inició a raíz del reclamo que hizo Yedro para que se le restituya el campo de 2.164 hectáreas, ubicado en Rosario del Tala, que le fuera decomisado como parte de la sentencia condenatoria que le impuso en 2005 la Justicia por el delito de enriquecimiento ilícito. El ex senador provincial justicialista fue condenado por la Justicia por el delito de enriquecimiento ilícito a una pena de tres años de prisión en forma condicional, una multa de $ 90.000, inhabilitación por el término de 10 años para ejercer cargos públicos y el decomiso de un campo de 2.164 hectáreas, por el cual ahora reclama la restitución, el que se encuentra en posesión del Estado provincial. De comprobarse la comisión de este nuevo delito, estafa procesal, Yedro podría ir a la cárcel: al poner en cuestión una sentencia del máximo tribunal de la provincia, quedaría sin efecto la prisión condicional que se le impuso, la que entonces sería efectiva. Al respecto, el procurador General de la provincia, Jorge García, está ahora a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), donde Yedro recurrió en queja cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ratificó su condena. De pronunciarse el Alto Tribunal de la Nación, el procurador anticipó que hará una presentación contra Yedro “por quebrantamiento de la condena de prisión condicional”, debido a que parte del cumplimiento de la condena era el decomiso del campo. (Ver aparte). RECLAMO. El requerimiento de instrucción formal se inició a los pocos días de conocerse el planteo que efectuó Yedro, ante el Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala, donde interpuso una “acción reivindicativa”, para que se le restituya el campo a su “legitima propietaria”. En su argumentación, el ex senador consideró ilegítimo el decomiso de ese establecimiento, debido a que se desconoció –según expuso– “el carácter inviolable de la propiedad privada”. En su planteo, el ex senador consideró que con el decomiso se violaron “elementales garantías constitucionales”, por cuando la condena por enriquecimiento ilícito recayó sobre el “socio gerente” del Delrubio y Hunmendi SRL, y no sobre la sociedad propietaria del campo, lo que convierte a sus socios en “terceros no responsables”. Esa sociedad está integrada además de Yedro, por sus tres hijas; Fátima, Luciana y Lara, quienes pasaron a formar parte en 2003, tras la separación del ex legislador de su esposa Silvia Torres, quien también fuera condenada en 2005. Según se desprende de esa presentación, el ex senador dijo que el 3 de abril de 2003 ante el escribano Daniel Corsini, junto a su ex esposa hicieron el reparto de bienes y Torres, ese mismo día, donó a sus tres hijas su participación accionaria en la empresa. “Con el requerimiento de instrucción formal lo que se pretende es que se investigue si Yedro, con esa presentación, intenta engañar al juez pretendiendo la devolución del campo, lo que constituiría un delito de estafa procesal, debido a que ese establecimiento rural fue decomisado, con sentencia firme”, explicó el procurador General. Pero eso no es todo. Además, se le endilga el delito de usurpación ya que sigue ocupando y explotando ese establecimiento, pese a que pertenece al Estado provincial, aunque todavía no se hizo efectivo el pedido de desalojo. “Lo que se le pidió al Juzgado de Instrucción es que investigue la presunta comisión de delito contra la administración pública por parte de Yedro y los integrantes de una sociedad, quienes están ocupando y explotando el campo que le fuera decomisado”, explicó Rojkin, quien hizo el requerimiento de instrucción formal. En la Corte Desde el 21 de septiembre de 2009, el expediente caratulado “Yedro Mario Alberto y Silvia Torres/Enriquecimiento ilícito de funcionario público”, no ha tenido movimiento alguno en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La queja fue interpuesta por Yedro en 2005 y desde entonces el expediente ha tenido poca circulación en el Alto Tribunal de la Nación. Según se desprende de la página oficial de la CSJN, el 27 de septiembre de 2007 egresó del despacho del vocal Enrique Petracchi y dos años después, es decir, el 21 de septiembre de 2009, fue girado para su pronunciamiento a la oficina del presidente Eugenio Zaffaroni, donde todavía se encuentra. Lo que la CSJN debe resolver es si confirma o no la condena que la Justicia provincial le impuso al Yedro y a Torres por el delito de enriquecimiento ilícito. Hasta tanto no haya pronunciamiento de la Corte, el Gobierno entrerriano no puede establecer el destino final del campo ubicado en el departamento Tala, que le fuera confiscado como parte de la condena impuesta. Si bien el Procurador General emitió su dictamen el 25 de agosto del año pasado, en el que recomendó no hacer lugar al planteo de queja, el Tribunal todavía no se expidió. (El Diario. Marcela Pautaso).-