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espués de varios meses de ingresado el proyecto, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó con modificaciones la creación de 250 cargos en la Policía de Entre Ríos, por lo que deberá volver al Senado. Para la Cámara Baja, dichas incorporaciones deberán integrar la futura Policía Judicial, tal como lo establece el nuevo Código Procesal Penal (CPP). Si bien el nuevo CPP dispone la creación de una Policía Judicial – que dependerá directa y orgánicamente del Poder Judicial–, el jefe de la fuerza, Héctor Massuh, había recomendado no hacerlo para “evitar conflictos internos”, y como contrapropuesta había elevado un proyecto para modificar la Ley Orgánica de la Policía, la que todavía no fue debatida en el Senado (ver aparte). Sin embargo, los diputados no lo entendieron así, y en la sesión del miércoles pasado aprobaron la creación de los 250 nuevos cargos, con la especificación de que deberán estar a disposición de los fiscales de Investigación, tal como lo establece el nuevo CPP. En el despacho de comisión, que lleva la firma de los diputados Jorge Bolzán, Juan Bettendorff, Horacio Flores, Eduardo Jourdán, Jorge Maier, Lidia Nogueira, Daniel Bescos y Héctor de la Fuente, se aconsejó aprobar la iniciativa, “con los cambios introducidos”, según reza el texto. Cambios “El personal que sea designado en dichos cargos (seguridad, personal suboficial y tropa) deberá capacitarse para estar a disposición de los fiscales de Investigación, en las jurisdicciones donde se implemente el nuevo Código Procesal Penal”, según quedó incorporado en el proyecto aprobado por Diputados. Con las modificaciones introducidas, el proyecto deberá volver a la Cámara de origen, donde, los senadores para mantener el proyecto original deberán contar con los dos tercios de los votos. En aquella oportunidad, la Cámara Alta aprobó: “la creación en la jurisdicción de la policía de Entre Ríos de 250 cargos de agentes en el escalafón de seguridad, personal suboficial y tropa”, se especificó. “Se creyó necesarios introducir esos cambios al proyecto aprobado por el Senado, porque es un paso para la creación de la Policía Judicial, tal como lo establece el Código”, aclaró el diputado Maier, integrante de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. El jefe de Policía no es partidario de que se cree una Policía Judicial El jefe de la Policía de Entre Ríos, Héctor Massuh, no acuerda con que se cree una Policía Judicial que dependa orgánicamente del Poder Judicial. Su oposición, según dijo, es para “evitar conflictos internos”, dentro de la fuerza. Por esa razón, cuando se aprobó el nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos, el jefe de la fuerza de seguridad entrerriana, presentó un proyecto para “adecuar” la actual Ley Orgánica de la Policía. La iniciativa, se encuentra en la Cámara de Senadores desde el 17 de diciembre de 2009 y fue girada a las comisiones de Legislación General y la de Peticiones y Milicias, las que aun no han emitidos sus respectivos despachos. La idea del jefe de Policía, tal como se había anticipado en el mes de julio, es no marcar diferencias entre una y otra fuerza, es decir, entre la que dependa del Poder Judicial con la del Poder Ejecutivo. “Formar una nueva institución que dependa del Poder Judicial, no es lo más conveniente por los conflictos internos que puede causar esa división, entre los que serán policías judiciales y los policías de seguridad”, había dicho a este medio. El nuevo Código Procesal Penal modificó (por lo menos en los lugares donde sí está vigente) el organigrama del Poder Judicial y también, desde la fuerza se impulsa lo mismo. El proyecto presentado por el Ejecutivo, que fue elaborado por Massuh, es que se creen dos superintendencias, que dependerán de la jefatura de Policía, pero con roles claramente definidos. Por un lado, estará la superintendencia judicial, a la que se le anexarán las direcciones: de Investigaciones, de Toxicología, de Criminalística y de Inteligencia Criminal. Ese organismo, si bien dependerá del titular de la Jefatura Central, estará abocado a la tarea de investigación judicial. Por el otro, se creará la superintendencia de seguridad, que depender de la seguridad ciudadana. A decir del alto funcionario policial, modificar el reglamento le significará al Poder Ejecutivo un menor costo económico que crear una fuerza específicamente judicial, la que depende del Poder Judicial. En sus cálculos, la creación de una nueva institución demandará entre 3.000 y 4.000 nuevas incorporaciones, mientras que –según dijo– “lo que estoy proponiendo es crear, dentro de la institución policial, un ámbito que sea exclusivo para la atención de los fiscales, pero dependería orgánicamente del Jefe de la Policía. Con esto, no sólo se evita una erogación económica importante, sino que también futuros conflictos, no declarados, dentro de la fuerza”. (Marcela Pautaso, El Diario).-