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l Partido Socialista de Concepción del Uruguay expresó su “más enérgico repudio y estado de preocupación” ante el violento asesinato sufrido por el militante Mariano Ferreyra, trabajador tercerizado del Ferrocarril Roca, hecho ocurrido mientras se manifestaban pacíficamente en reclamo por sus condiciones laborales y la reincorporación de compañeros despedidos y señaló como autores a "un grupo de choque que respondía a la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria". “Consideramos este hecho como un vil atropello a la libertad de huelga, lo cual da cuenta del estado crítico en que se ve sumida la clase trabajadora de nuestro país, viéndose obligada a enfrentar diariamente las más injustas reglas de juego que impone el sistema imperante y, al mismo tiempo, arriesgar constantemente la vida frente a la criminalización de la protesta legítima que es amparada, por acción u omisión, desde los más altos cargos del Estado nacional”, analizaron desde el socialismo en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL. Asimismo expresaron su solidaridad “sincera y comprometida” con los familiares y compañeros de la víctima, denunciando “toda forma de violencia simbólica y física destinada a quebrar las luchas sociales y hacer retroceder las conquistas de los trabajadores”. Por último, además de expresar su adhesión al paro, manifestaron su convencimiento “de que una sociedad democrática no se logra únicamente por medio de la máscara progresista que pretende hacernos creer que el poder está en manos del pueblo trabajador, al mismo tiempo que se niega deliberada y reiterativamente la libertad sindical y las mínimas seguridades para los trabajadores argentinos, tanto en sus lugares de ocupación como en las calles, donde arriesgan su propia vida en cada oportunidad que los ve reclamando por las injusticias y ejerciendo uno de los principales derechos que consagra nuestra Constitución”. Por su parte, desde la Corriente nacional y popular (Conap), dieron a conocer su “enérgico repudio ante el criminal ataque contra trabajadores que ejercían su derecho democrático a la protesta y el asesinato absurdo e infame del joven militante del campo nacional y popular Mariano Ferreira”. El Partido Comunista Revolucionario (PCR) de Entre Ríos también fue parte del repudio “la represión y el asesinato de Mariano Ferreyra y el ataque a balazos a otros compañeros”, en el marco de la protesta de trabajadores ferroviarios terciarizados, “a manos de las patotas armadas al servicio de una burocracia, que desde hace décadas viene entregando conquistas, como cuando fue cómplice de la privatización del servicio ferroviario en la década menemista, dejando decenas de miles de trabajadores desocupados”. “Hoy en vez de estar del lado de los trabajadores precarizados para luchar por su estabilidad, hacen negocios con `empresas´ armadas para pagar salarios de hambre y lucrar con las necesidades de la gente”, denuncian en el escrito enviado a este sitio. El PCR coincidió en señalar a “la patota mafiosa de la Unión Ferroviaria”, a lo que agregó “la complicidad de la policía federal”, al tiempo que hizo responsable a José Pedraza –secretario general de la Unión Ferroviaria- y lo vinculó con el kirchnerismo al sostener que “cuenta con el apoyo del gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner y de Moyano desde la Confederación del Transporte”. Por último exigieron justicia y castigo a los responsables materiales y políticos y convocaron a participar “de todos los actos en pos de ello a la vez que hacemos llegar nuestra solidaridad a sus familiares y compañeros de lucha”. “Exigimos una profunda y contundente investigación judicial. El total esclarecimiento de los hechos. Estén donde estén”, señala el texto enviado a INFORME DIGITAL, firmado por el titular del PJ Gualeguay Carlos Gálligo, que consideró que “desde el año 2003 se ha garantizado la plena libertad para el ejercicio de la protesta social; no se puede permitir que nadie atente contra esa conquista. Las patotas asesinas deben ser desarticuladas y no deben tener cabida en la vida sindical y política de la Argentina”. En ese contexto, Gálligo ensayó una defensa del gobierno nacional y acusó a la oposición de realizar un uso político del crimen: “queremos advertir a la población el perverso y diabólico tratamiento mediático que llevan adelante grupos monopólicos de la información”, disparó y cuestionó “el inescrupuloso aprovechamiento político por parte de sectores de la oposición, quienes pretenden asociar este hecho con la brutal represión producida en puente Avellaneda -en el año 2002– donde murieron 2 militantes sociales, Costeki y Santillan”. En tanto, desde la Juventud Radical de Paraná repudiaron manifestaron su “enérgico rechazo a la violencia instalada sistemáticamente por sectores sindicales, hacemos un llamado a los trabajadores ha no amedrentarse por estos hechos ni por los que vendrán que solo son generados para instalar el miedo en la sociedad y desvirtuar un reclamo por dignidad por un salario justo de un pueblo libre y digno”. “Exigimos un manto de piedad de los sectores que concentran el poder en nuestra Nación, vemos como se hostiga, persigue, somete al trabajador y su reclamo. Vemos cada día mas trabajo en negro contratos basura, se persigue ideológicamente se los condiciona o excluye por sus ideales al trabajador se le quiere domar su espíritu libre que el trabajo exalta que el trabajador posee”, denunciaron desde el radicalismo en declaraciones enviadas a este diario.