E
l Gobierno trabaja contrarreloj de modo de llegar a tiempo para presentar ante la Justicia el estatuto por el que se da forma a la nueva sociedad que conformó el Estado provincial con la láctea Cooperativa Tambera Paraná Limitada (Cotapa), una firma que había ingresado en un proceso de quiebra y puesto en zozobra a sus 130 empleados. Aunque la redacción del estatuto estaba lista hacía meses, en las últimas horas surgió un escollo difícil de sortear. Para la conformación de Cotapa Sociedad Anónima, el Estado capitalizó sus acreencias con la empresa, transformándolas en acciones y quedándose así con el control. A su vez, la cooperativa debía aportar bienes y maquinarias. Pero esa integración no podría darse: los bienes de Cotapa están a nombre de un fideicomiso, no de la cooperativa. Anoche, el escribano Mayor de Gobierno, Francisco Gastaldi, trabajaba en la introducción de una “cláusula suspensiva” mediante la cual queda establecido que la nueva sociedad comenzará a cobrar vida una vez que Cotapa haga su aporte en bienes, fundamentalmente bienes inmuebles, y maquinarias, clave para el proceso productivo. Si ese paso no se da, la sociedad no tendrá validez, y sobrevendrá el proceso de quiebra de Cotapa. El Gobierno decidió ingresar al negocio lácteo cuando supo que la quiebra de la firma era inexorable. El martes 20 de enero de 2009 el gobernador Sergio Urribarri hizo pública la decisión de incorporar al Estado como socio mayoritario. Así quedó ratificado a través del decreto Nº 26, que estableció la posibilidad de que la cooperativa pueda pagar el 100 % de las deudas impositivas con el Estado mediante una capitalización que permita un control oficial del 51% del paquete accionario. Aquella medida del Poder Ejecutivo luego fue refrendada por la Legislatura a través de la Ley Nº 9.967, sancionada en junio último, que puso como condición que el Estado provincial tenga una representación accionaria a que suponga “por lo menos” el 51% del capital social, “y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias, y se asegure la mayoría en la conformación del directorio”. Al capitalizar las deudas que Cotapa mantenía con el fisco, el Estado provincial tendrá una participación accionaria tal que le asegurará el control total de la nueva empresa, al convertir en acciones acreencias por un total de 8.319.065 pesos. A su vez, la actual Cotapa aportará bienes de uso por un valor de 15 millones de pesos, y “la exclusividad del uso de la marca comercial”. El mayor aporte está constituido por inmuebles, cinco en total, por un valor de 13.087.500 pesos. Y 1.730.769,23 pesos en bienes muebles, fundamentalmente maquinarias aplicadas al proceso de producción de la planta láctea. En tanto, la Municipalidad de Paraná, participará con una mínima parte del paquete accionario, con 68.318 pesos al capitalizar deudas impositivas (el 0,5%). La participación estatal en Cotapa buscó, así, evitar la caída de una empresa emblemática en el sector lácteo. De ese modo, el Ejecutivo procuró poner un freno en la causa judicial que tramita la quiebra de Cotapa en el Juzgado Civil y Comercial Nº 3, iniciada en 2006. La titular del Juzgado, Valentina Rodríguez Amable, autorizó aquel acuerdo propuesto en julio de 2009, a la vez que otorgó un plazo de 120 días hábiles para concretar la transformación de las deudas fiscales en capital de la nueva empresa con mayoría estatal. El trámite que restaba ahora era la presentación en la Justicia del estatuto de conformación de la nueva sociedad. Pero cuando se pensaba que todo estaba encarrilado, apareció un contratiempo. “El Estado se comprometió a transformar acreencias impositivas en acciones; y Cotapa debía aportar bienes inmuebles y maquinarias. Pero cuando la Escribanía se pone a analizar el borrador del estatuto, se encuentran que los bienes de Cotapa están a nombre de un fideicomiso, desde el año 2006, a nombre de un señor Weisheim”, señaló una fuente del Gobierno. –¿Por qué habrían de enajenar los bienes? –Es una estrategia viejísima: cuando una empresa está en concurso, y a los fines de salvar parte de su patrimonio y evitar los embargos, los pone a nombre de un tercero. Eso hizo Cotapa. Pero en esas condiciones, la sociedad no se puede constituir, porque Cotapa no puede aportar nada. El problema lo tiene que solucionar Cotapa, porque el Estado ha hecho todo lo que está a su alcance. Por eso, se aplica esta cláusula suspensiva: la sociedad va a quedar constituida cuando Cotapa cumpla su parte. Si no lo hace, se cae todo el acuerdo, y va a la quiebra. (El Diario).-