E

l aumento salarial anunciado a principios de agosto por el Gobierno, y que los docentes –y el resto de los empleados del Estado– perciben desde este mes, del orden del 7 %, está siendo trasladado de forma no autorizada a los aranceles. Las escuelas han comenzado a aplicar subas en los aranceles que cobran a sus alumnos, con la excusa del impacto que ese aumento salarial tendría en sus finanzas, fundamentalmente en aquellos institutos que no cuentan con el 100 % de su planta subvencionada por el Estado. El Colegio La Salle –1.044 alumnos, 100 empleados dependientes en forma directa– es uno de ellos. En una carta que enviaron a los papás, aluden a los dos incrementos salariales que aplicó el Gobierno, en julio y septiembre, y la mejora que recibieron los no docentes lo que obliga a “modificar los aranceles”. Dice: “Luego de analizar el impacto de estas modificaciones de costos en nuestro presupuesto, hemos decidido aumentar el valor de los aranceles en un porcentaje mínimo a partir de la facturación de octubre 2010”. Cofinanciamiento Víctor Terezano, quien acaba de asumir como presidente de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada de Entre Ríos, admite que los colegios privados están aplicando aumentos en las cuotas, pero de todos modos sostiene que institucionalmente no hubo un pedido formal al Consejo General de Educación (CGE) para que autorice una suba de los aranceles. “Es verdad. Hay escuelas que, como consecuencia del aumento salarial que recibieron los docentes, y en función de que no cuentan con toda la planta reconocida por el Estado, han comenzado a aplicar aumento en las cuotas. Pero no hay en ese sentido una posición oficial de la Asociación. Cada institución tiene su propia autonomía para decidir”, dice. “La decisión de cada escuela es a riesgo y responsabilidad de cada establecimiento”, asegura. “De todos modos, entiendo que en los casos en los que se ha dado se justifica: desde el inicio del ciclo 2010, este es el tercer aumento salarial que reciben los docentes, y esto incrementa los gastos”, añade. Por el principio de cofinanciamiento, vigente en el país desde 1964, las escuelas privadas asumen la responsabilidad de mantener los edificios y afrontar los gastos de funcionamiento, y el Estado tiene a su cargo el pago de salarios de la planta docente en los 430 institutos de enseñanza privada. Aunque no en todos los casos hay reconocimiento del 100 % de la planta, la Provincia afectó en 2010 el 15 % del presupuesto de Educación, que totalizó 1.835 millones de pesos, a financiar la educación privada. Autorizados En realidad, en la provincia las cuotas de los colegios privados subvencionados por el Estado están reguladas. Ningún colegio puede modificar en teoría sus aranceles sin que previamente el Consejo de Educación lo haya autorizado; aunque existen excepciones. La última modificación que oficialmente se facultó a aplicar ocurrió en abril último. Entonces, Educación autorizó una suba de aranceles del 15 % en primaria, y del 17 % en secundaria: así, las escuelas con un reconocimiento del gasto salarial en un 100 % tienen autorizado percibir cuotas en los niveles inicial y primario de 53 pesos; en el nivel medio, de 80 pesos; y en el ciclo superior, 113 pesos. Mientras, los establecimientos privados que cuentan con el 80 % de los gastos salariales solventados por el Estado, fueron habilitados a percibir cuotas de 71 pesos en inicial y primario; de 106 pesos en secundaria; y de 205 pesos en el nivel superior. Previo a esa modificación, las escuelas privadas habían aplicado subas a comienzos del ciclo lectivo 2009, en sumas de entre 10 y 40 pesos. Aunque los incrementos suelen ser mayores en bandas arancelarias que no son alcanzadas por la regulación estatal: se trata de las denominadas áreas extracurriculares, como idiomas o computación. El padre Oscar Rigoni, delegado de Educación en el Obispado de Concordia, dice que la necesidad de modificar los aranceles se apoya, casi siempre, en la situación de la planta docente y no docente. “Hay escuelas que solamente cuentan con un 20 a un 30 % de cargos reconocidos por el Estado, y necesitan de los fondos generados por las cuotas que pagan los alumnos para hacer frente a los salarios”, indicó. El dato 78.409 es el número de la matrícula de las escuelas públicas de gestión privada en Entre Ríos. “Notenemos noticias” dicen desde el CGE La directora de Educación Privada del Consejo General de Educación (CGE), Patricia Todoni, se mostró sorprendida por la existencia de escuelas que han aumentado la cuota luego de que se permitiera una suba de aranceles oficialmente en abril último. “No tenemos noticias”, dijo. “No hay aumento autorizado. El último fue en abril. Las escuelas tienen que adaptarse a las bandas que fueron autorizadas”, señaló. De todos modos, no quiso abundar en consideraciones hasta no conocer fehacientemente la resolución de aumento dispuesto por los colegios en función del último aumento salarial docente. (El Diario).-