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uerte oposición presentan el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas al Servicio Cívico Voluntario aprobado por el Senado y girado la semana pasada a la Cámara de Diputados. Los jefes militares evaluaron el proyecto y fundamentaron, por escrito, el rechazo a enseñar oficios dentro de los cuarteles a jóvenes en situación de riesgo. Los legisladores alentaron esa alternativa como forma de dar una respuesta social a la inseguridad. En sus presentaciones, los jefes de las Fuerzas Armadas elevaron una contrapropuesta: que el oficio que se enseñe sea el militar, con la ampliación de vacantes para soldados voluntarios. "Luego de analizar el borrador del dictamen para la creación del servicio cívico voluntario, llevo a su conocimiento que no se aprecia conveniente la participación del Ejército del modo que queda establecido en el proyecto", indicó, días antes de la votación en el Senado, el teniente general Luis Pozzi al presentar su informe a la ministra Nilda Garré. Ese pensamiento fue compartido por la Armada y la Fuerza Aérea en sendas comunicaciones al Ministerio de Defensa. La ministra Garré fue más enfática en declaraciones a la prensa: "El proyecto es literalmente un disparate. Es inaplicable y me enoja porque se quieren dar señales de que se encuentran soluciones, y están tan mal legisladas que no van a ser una solución". El vicepresidente Julio Cobos fue uno de los impulsores de la iniciativa. Se apoyó en la experiencia que llevó adelante como gobernador de Mendoza, cuando firmó en 2004 con el entonces presidente Néstor Kirchner un convenio para capacitar a jóvenes dentro de las guarniciones. Según el Ejército, ese plan no funcionó. El 27 de agosto, a las 8.10, según quedó registrado en la comunicación militar, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Gustavo Sibilla, recibió un informe sobre la experiencia en Mendoza elevado por el comandante de la VIII Brigada de Montaña, general Julio Pelagatti. Esa explicación se sustentó en los números del plan: entre 2005 y 2008 ingresaron en el programa 816 jóvenes y terminaron los cursos 409. En 2008 se dio por finalizado el acuerdo. Se detalló como causas del abandono del 50 por ciento de los cursantes a la falta de adaptación a las normas de convivencia, la inasistencia provocada por la demanda de muchas horas de presencia en el cuartel y la insatisfacción de los alumnos, que dijeron sentirse defraudados por interpretar previamente que ese programa de estudios tendría similares características a los planes Trabajar (cobrar sin contraprestación). La información que recibió el Ministerio de Defensa señaló: "El comportamiento de los voluntarios cívicos presentó dificultades en el primer año de implementación durante el dictado de clases con docentes civiles, en las cuales se evidenciaron conductas agresivas, alcoholismo, robos y, en algunos casos, drogadicción. Este tipo de comportamiento fue muy poco frecuente en oportunidad de depender de personal militar". El proyecto de ley votado por el Senado establece que los docentes deberán ser aportados solamente por el Ministerio de Educación y que se dejará a los militares la única función de brindar "instalaciones ociosas". La respuesta de los militares es contundente. "La Armada no cuenta con infraestructura ociosa, que, debidamente adecuada, pueda ser destinada a un centro que dé cabida al servicio cívico voluntario", explicó en su escrito el almirante Jorge Godoy. Similar fue la posición adoptada por el brigadier general Normando Costantino: "La Fuerza Aérea no dispone de la infraestructura y elementos necesarios para facilitar el alojamiento y racionamiento de aquellos que se inscriban en el servicio cívico voluntario". Preocupaciones El potencial incremento de robos de armas y las posibles denuncias penales por aplicación a civiles de un régimen disciplinario militar son los dos temas que preocupan, fundamentalmente, a los jefes militares sobre este proyecto de instalar en cuarteles a jóvenes en situación de riesgo. Además, alertaron que el limitado presupuesto castrense requeriría partidas especiales si este plan se aprobara en Diputados. Frente a la situación de capacitar en oficios para dar un futuro a jóvenes que hoy no estudian ni trabajan, los militares proponen una mayor incorporación de soldados voluntarios, programa previsto para hombres y mujeres de 18 a 24 años, con contratos extendibles hasta los 28 años y la posibilidad de seguir enrolados luego como suboficiales. Los soldados voluntarios reciben un pago de unos 3500 pesos y pueden completar estudios durante su formación militar. "El Ejército podría incrementar su participación en la contención social por medio de una mayor incorporación de soldados voluntarios", afirmó el teniente general Pozzi. "Se aprecia que es factible de poner en práctica parcialmente el proyecto a través de la incorporación a la Fuerza Aérea bajo la figura de soldado voluntario", expresó el brigadier general Costantino en su comunicación al Ministerio de Defensa. El pensamiento de las Fuerzas Armadas apunta a dar su colaboración en un momento social grave, pero sin asumir funciones que no les corresponden, y con la contrapropuesta de aumentar el número de soldados voluntarios, los jefes militares buscan un respaldo político a la carrera militar como oficio válido para aprender. La propuesta legislativa El proyecto de ley aprobado por el Senado, en cambio, estipula que jóvenes de 14 a 24 años podrán cursar estudios escolares y aprender oficios en guarniciones militares. Y se estable como modalidad de curso que esos estudiantes serán alojados en los cuarteles, donde recibirán ropa y comida. También se agregó la participación de esos jóvenes en talleres culturales y actividades artísticas y recreativas dentro de las unidades castrenses. Los legisladores votaron en favor de un proyecto que coloca a esos jóvenes dentro de los reglamentos militares referidos a normas de convivencia.