E

l Poder Ejecutivo decidió suspender el trámite de adjudicación en un concurso público convocado por el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos para cubrir un cargo de juez en el fuero Civil y Comercial. La medida se tomó a raíz de la queja de una de las concursantes, luego de que se detectara la existencia de “cédulas mellizas” en la notificación de los resultados. La suspensión recayó sobre el Concurso Número 82 destinado a cubrir un cargo en el Juzgado Civil y Comercial Número 10 de Paraná. En ese procedimiento, una de las concursantes, la doctora Gabriela Rosana Sione, interpuso una medida cautelar administrativa, en la que solicitó la “suspensión del trámite del concurso”, por “graves y manifiestos vicios, tanto formales como sustanciales”, que –según indicó en el pedido– “de continuar le ocasionarían un perjuicio grave e irreparable que hace procedente su protección cautelar, a los fines de no ver frustrados irremediablemente sus derechos”. Los hechos se dieron así: a ese concurso se presentaron 19 postulantes, pero sólo tres consiguieron pasar de la primera fase, la calificación de antecedentes, a la segunda, la prueba de oposición. Además de Sione, consiguieron avanzar Adriana Beatriz Acevedo y Martín Luis Furman. Pero ninguno estuvo de acuerdo con el puntaje que recibieron en las pruebas y las impugnaron ante el Consejo de la Magistratura. La respuesta que se le dio al planteo fue la piedra de toque que motivó el escándalo: una primera cédula de notificación, enviada el 11 de diciembre de 2009, les informó del rechazo de las tres presentaciones. Pero el mismo día, pero dos horas más tarde, se envió una segunda cédula de notificación que dio cuenta del rechazo a sólo dos impugnaciones, las de Sione y Furman, mientras que a Acevedo se le aceptó la observación, y le generó la obtención de un mejor puntaje. Sione decidió cuestionar la forma cómo se llevó adelante el concurso, y llegó hasta el Poder Ejecutivo. Al analizar el pedido de la letrada, el Gobierno dispuso, a través del decreto 1.756, “suspender el trámite del Concurso Número 82”, hasta tanto “recaiga resolución definitiva del recurso de apelación”. Los hechos Entre las irregularidades denunciadas por Sione, se detalló, entre otros “errores”, el envío de “cédulas mellizas” a tres concursantes que resultaron mejor calificados para cubrir el cargo del titular del Juzgado Civil y Comercial Número 10, de Paraná. Las tres concursantes con mejor puntaje fueron: Gabriela Rosana Sione, Adriana Beatriz Acevedo y Martín Luis Furman, quienes no estuvieron de acuerdo con el puntaje obtenido y presentaron las respectivas impugnaciones ante el Consejo de la Magistratura. Hechas las observaciones de los concursantes, el Consejo emitió el 11 de diciembre de 2009, una cédula de notificación en la que se les informó sobre el rechazo de las tres presentaciones, aunque dos horas después se produjo el envío de una nueva cédula, sin anular la anterior, que daba cuenta del rechazo a sólo dos impugnaciones: las de Sione y Furman. En tanto, la de Acevedo fue aceptada “parcialmente” y le generó un mejor puntaje. Conocida esa situación, Sione interpuso una medida cautelar en la que alegó “la nulidad de la resolución 372 del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y su antecedente: el acta de sesión ordinaria”, que se celebró el 3 de diciembre del año pasado. En esa presentación, la concursante consignó que tanto la resolución como el acta “adolecen de graves y manifiestos vicios, tanto formales como sustanciales, los que de producir o bien continuar produciendo efectos, le ocasionarían un perjuicio grave e irreparable que hace procedente su protección cautelar, a los fines de no ver frustrados irremediablemente sus derechos”. Al analizar el planteo y por consejo de la Fiscalía de Estado, el gobernador Sergio Urribarri, firmó el decreto por el cual dispuso suspender el trámite, hasta tanto se resuelva el recurso interpuesto por Sione. En los considerando de la norma, se indicó que tal disposición “se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 175 inciso 24, de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y 67 de la ley Orgánica de Procedimiento Administrativo Nº 7.060”, que establece que el Poder Ejecutivo (...) podrá suspender o diferir la ejecución del decreto o resolución de oficio o a petición de parte, cuando estime que existen para ello un interés fundado de orden administrativos”. D 372. La resolución cuestionada por Sione y por la cual el Poder Ejecutivo dispuso suspender el trámite, es la 372 en la que el Consejo de la Magistratura desestimó el planteo de la concursante. En ese texto, el Consejo contestó que no hubo “vicio alguno de arbitrariedad manifiesta en las calificaciones otorgadas por el jurado” y que “los reproches formulados constituyen en definitiva, críticas que expresan un desacuerdo con las calificaciones asignadas pero que no conforman ninguno de los supuestos excepcionales que permiten apartarse de las conclusiones arribadas y dado que todo ello forma parte del ámbito de discrecionalidad con el que debe y puede actuar todo cuerpo examinador”. No conforme con lo expresado por el Consejo, Sione no sólo interpuso una apelación jerárquica sino que también peticionó ante el Poder Ejecutivo la suspensión, la que fue concedida a través del decreto 1.756, del 24 de junio de 2010, publicada recién el 20 de septiembre en el Boletín Oficial. En los fundamentos, el Poder Ejecutivo destacó que la suspensión es para “evitar” consecuencias más gravosas, las que podrían poner en juego intereses superiores de orden públicos, “relativos a la legalidad del accionar del -Estado”. Datos CONCURSO Nº 82 Según consta en la página oficial del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, en el Concurso 82, para un cargo de juez Civil y Comercial Nº 10 de Paraná, con competencia en Procesos de Ejecución, la terna quedó constituida de la siguiente manera: Adriana Beatriz Acevedo: 69,95 puntos. Gabriela Rosana Sione: 69,23 puntos. Martín Luis Furman: 62,45 puntos. (Marcela Pautaso. El Diario)