E
l Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) rechazó, por el momento, acceder a algún tipo de recomposición de aranceles a los prestadores. A la vez, dice que entre 2009 y 2010 aplicó una suba global promedio del 22 %, similar a la pauta de incremento salarial que hubo en el Estado provincial. En la obra social dicen que a lo largo del año último los prestadores recibieron una mejora del 12%, y en lo que va de 2010, otro 10%, con lo cual en dos años la suba fue del 22%, con lo cual para el segundo semestre no se espera que haya otro incremento. Las finanzas del Iosper, una prestadora que tiene un universo de beneficiarios de 270 mil personas y maneja un presupuesto anual superior a los 300 millones de pesos, se apoyan esencialmente en los aportes que recibe de los agentes del Estado y del mismo Estado como patrón. Por tanto, sus erogaciones están atadas a esa variable: si no hay aumento salarial en la Administración, no hay movimiento en los montos que paga a los prestadores. Estructura rígida El Iosper, dicen sus autoridades, recibe el menor aporte entre las obras sociales provinciales del país, con un promedio del 6,39%: un afiliado activo aporta un 3 % de su salario, y otro 4 % realiza el Estado, en tanto que los pasivos, aportan el 4 % de su salario, y el Estado, el 2 %, en vez del 4 % histórico. Ese recorte, producido en 1996 como consecuencia de la aplicación de una ley de emergencia económica dictada por la Provincia, es eje de un reclamo que el Iosper entabló en la Justicia, aunque en esa instancia lo perdió ante la máxima instancia, el Superior Tribunal de Justicia, y ahora aguarda que se habilite el camino de la Corte Suprema de la Nación. Aunque la expectativa es alcanzar acuerdos fuera de los estrados judiciales, según dicen en el Iosper. “El directorio en pleno se reunió con el Gobernador en Buenos Aires, y se ha planteado esta situación. Nos prometió la revisión de la situación, y trabajarlo juntos. Ese fue el compromiso formal que hizo”, dijo Silvio Moreyra, titular del Iosper. Y ese, agrega, es un paso clave que pretenden dar: conseguir un gesto del Gobierno que les permita recuperar aquel 2%, aunque sea de modo escalonado. La cuestión es que sin mayores recursos es imposible hacer frente a cualquier pedido de recomposición que presenten los prestadores. “En esta etapa vamos a trabajar con los prestadores, teniendo entendido que todos queremos defender el sistema. En los últimos tres años, el Iosper ha podido encauzar sus cuentas, y ha sido bastante eficiente en los sistemas de pago. Todo lo que se firmó, se pagó. Ahora no vamos a cambiar: no vamos a firmar nada que no podamos pagar”, afirma. Una sangría Victoria Jáuregui, vocal del Iosper en representación de los docentes, asevera que en el marco actual de estrechez financiera, “una de las cuestiones es crear conciencia en el afiliado de que estamos en una situación de delicado equilibrio. Queremos llegar a que la gente sepa en qué situación está la obra social. Estamos bien, porque realmente se han hecho bien las cosas. Tenemos una reserva, pero no queremos llegar a utilizar esa reserva. Todos debemos tomar conciencia de que la obra social necesita recursos”. Cada mes, el Iosper recibe unos 28 millones de pesos en concepto de aportes patronales y personales, y paga un monto similar por los servicios que reciben los afiliados. “Aunque en algunos meses, llegamos a tener déficit”, admite Moreyra. En ese marco, la obra social sintió financieramente la salida de los 11 mil docentes privados que emigraron a obras sociales nacionales, diáspora que supondrá, de aquí a fin de año, una merma de 8 millones de pesos. “En este año vamos a tener una afectación presupuestaria de 8 millones de pesos, que son los no ingresos. Claro, esos 8 millones no los iban a consumir a todos. Pero también a nosotros lo teníamos previsto, entonces nos va a afectar, porque para todos los convenios teníamos una inversión prevista”, sintetiza Moreyra. Por eso, en el Iosper dicen que es imposible en lo inmediato responder a las demandas de los prestadores. “No podemos tener mayores obligaciones que los ingresos, porque eso nos llevaría a no ser viable”, apunta el titular de la obra social provincial. “Según la Superintendencia de Salud, los ingresos promedio de una obra social sindical por aportante es de 220 pesos. El Iosper tiene un promedio de 100 pesos de aporte –afirma y después se pregunta:— ¿Cómo una obra social puede afrontar los servicios prestacionales con esos ingresos?”. El dato f20 millones de pesos es lo que se estima supondría recuperar el 2% de aporte por los jubilados, según las estimaciones del Iosper. La propuesta de la obra social es poder recuperar ese aporte no de forma inmediata, sino escalonada, en un plazo de tres a cuatro años. (El Diario).-