E
l juez de instrucción de Victoria, Alejandro Calleja, imputó a los concejales José Molla y Angélica Chada en la causa abierta por presunta concución –delito que comete un funcionario público cuando hace un cobro indebido en provecho propio–, a raíz de una denuncia pública que realizó el empresario Guillermo Huarte, quien construye un frigorífico en lo que será el parque industrial de Victoria. Ya culminó la etapa instructoria y la semana que viene el juez deberá definir si dicta el procesamiento o sobreseimiento de los imputados o falta de mérito.
En septiembre de 2009, Guillermo Huarte que los ediles en cuestión le solicitaron dinero a cambio del voto para autorizar la instalación de su frigorífico en lo que será el Parque Industrial de la ciudad, a partir de un proyecto por el que se le cedían por un plazo de 20 años las tierras fiscales municipales. “El Concejo Deliberante está constituido por gente que no es correcta, en una palabra un poco burda y desagradable, coimeros”, sostuvo entonces Huarte.
Acerca de Molla, contó que “cuando estuvo en el frigorífico de Buenos Aires, en un punto de la reunión, cuando habíamos terminado de almorzar, me hizo saber que el grupo que estaba era el que trabajaba y que él era el político. (…) Días después, me pide 15.000 pesos de coima para que el proyecto salga aprobado”.
En lo que respecta a Chada, Huarte afirmó que en oportunidad de que la concejal visitara el emprendimiento con otras personas, para hacerle un pedido en favor de la sociedad protectora de animales, la edil le dijo “mi voto vale 100 mil pesos”.
Tras esas declaraciones, la Fiscalía local abrió una investigación en la que se citó a declarar a Huarte, y a varios testigos, para citar por segunda vez al empresario, tras lo cual se dispuso la continuidad de la causa, imputando a los ediles.
La imputación no significa que la Justicia se exprese en cuanto a su culpabilidad o inocencia, sino que se considera que existen elementos para continuar con la causa, tendiente a dirimir la verdad de lo ocurrido.
Citación
La semana pasada ambos imputados concurrieron a declarar, y por pedido de Chada también lo hizo Huarte. “Voy a solicitar por escrito, a raíz de las contradicciones en que cae el demandante, no sólo mi sobreseimiento, también voy a solicitar a Fiscalía que evalúe el presunto delito de falso testimonio”, aseguró Chada. Continuó diciendo que “el resarcimiento económico no me interesa, continúo pensando que es un insolvente, pero quiero que salga la verdad a la luz”.
La edila mencionó que habrá novedades sobre el caso esta semana. “Se convocó a la última indagatoria el 20 de agosto, y luego de eso el juez tiene 10 días para dictar el procesamiento, sobreseimiento o falta de mérito”, explicó. Cabe destacar que ambos ediles realizaron su defensa por separado, y en el caso de Chada, se encarga de su propia defensa.
Respecto de la denuncia del empresario la imputada recalca que “es un invento. Él, teóricamente, dice que yo le pedí la coima un 23 de agosto, y al Concejo Deliberante sube un 25 de agosto. Realmente nos involucraron en una situación no deseada para nadie, pero reconozco que son los riesgos de quienes hacemos política y nos interesa seguir en ella. Es parte del trajinar de la política pero no por esto nos vamos a amedrentar”, sostuvo.
Incluso acotó que “el único que sale como testigo a Huarte es un camionero que trabaja para él y ni siquiera se ponen de acuerdo respecto de en que posición estaba yo, no recuerda otros testigos. Realmente fue una mentira burda en la que nos involucro esta persona, pero confío en la justicia entrerriana y en que todo se resuelva a favor de la verdad”.
