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a primera boda de personas del mismo sexo en Entre Ríos ocurrió en la ciudad de San José, el sábado último, cuando una pareja de dos mujeres contrajo enlace en el marco de una ceremonia reservada que no tuvo trascendencia, sino hasta que las propias autoridades la dieran a conocer. Las contrayentes tendrían 30 y 40 años, respectivamente, y una de ellas sería una profesional de la salud, ambas afincadas en San José, donde no tuvieron ningún tipo de inconveniente en conseguir turno para desposarse. Al ser una localidad chica, la demanda no es tan alta, y por eso no hubo inconveniente en celebrar la ceremonia un día sábado. El enlace entre personas del mismo sexo es posible luego de que el 15 de julio último el Congreso de la Nación convirtiera en ley un proyecto que reformó el Código Civil, e introdujo sensibles modificaciones. La principal, se reemplazó la fórmula tradicional que distingue “hombre y mujer” por el genérico “contrayentes”. Aquí nomás San José es una ciudad pequeña de la costa del Uruguay. Tiene apenas 17 mil habitantes, y se encuentra ubicada a sólo 10 kilómetros de la cabecera departamental, Colón. La separan 239 kilómetros de la capital provincial, Paraná. La localidad adquiere cada mes de julio trascendencia provincial por ser el epicentro de la Fiesta Nacional de la Colonización, aunque antes consiguió adquirir cierta envergadura por el movimiento económico que produjo el Frigorífico Swift, hoy envuelto en una serie de tropiezos derivado del cierre de las exportaciones cárnicas. Aunque también las playas y el complejo termal le dan brillo propio. Allí precisamente, en ese pueblo que es satélite de la casi cosmopolita Colón –muy cerca está también Villa Elisa– se produjo la boda, una ceremonia que llevada a cabo por el subrogante de la oficina de San José del Registro Civil, Daniel Stürtz. El funcionario negó toda información y se excusó de hablar. “No quiero hablar del tema, y no permito que se publique nada”, dijo anoche, cuando la noticia ya estaba en varios portales de Internet. “Las chicas no querían que esto trascendiera”, atinó a explicar. Más turnos De acuerdo con lo que trascendió el viernes, la novedad del primer matrimonio igualitario que se celebra en Entre Ríos trascendió durante una reunión de responsables de las distintas oficinas del Registro Civil. Allí, durante una charla informal se supo que el sábado último se había realizado la primera boda de ese tipo. El titular del Registro Civil de Entre Ríos, Héctor Allende, admitió que conocía el caso pero también evitó dar mayores precisiones al respecto. Sólo reconoció que hay dos pedidos formales de turno para celebrar este tipo de matrimonios: uno fue pedido en la oficina de Paraná, y otro en Gualeguaychú. Hasta ahora, la aplicación de ese cambio trascendental en el Código Civil había cobrado notoriedad en Entre Ríos por un costado polémico: la negativa del responsable de la oficina del Registro Civil de Concordia, Alberto Arias, quien anunció que no oficializaría ninguna unión entre personas del mismo sexo. “La ley de matrimonio que aprobó el Congreso no incluye la posibilidad de la objeción de conciencia, pero al margen de eso está en el orden jurídico la objeción de conciencia”, dijo Arias, abogado canónico, muy ligado a la Iglesia. “Mis principios morales me dicen que la unión de dos varones o de dos mujeres no es matrimonio. Pero ahora la ley dice que sí, y ese nuevo orden jurídico se va a respetar en todas las oficinas del Registro Civil, se van a celebrar esos matrimonios. Pero no hay que obligar a nadie a celebrarlos”, explicó. Aunque el propio Gobierno salió a poner límites a la objeción de conciencia. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo que no hay ninguna posibilidad que pueda ampararse en la objeción de conciencia para no cumplir con su trabajo. “Yo me rijo por lo que establece el artículo 36º de la Constitución de Entre Ríos, que dice que todos los ciudadanos son admisibles como empleados públicos, con el único requisito de la idoneidad. Esto es, que tenga aptitud para cumplir con lo que establecen las leyes, desde la Constitución para abajo. El funcionario tiene obligación de cumplir las leyes”, postuló el fiscal. El caso, según explicó el titular del Registro Civil, todavía no se ha resuelto, y sigue las vías administrativas. (El Diario).-