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uatro entidades defensoras de consumidores convocaron a un “apagón” de celulares el sábado próximo de 12 a 13, en “protesta” por los aumentos tarifarios que anunciaron las concesionarias del servicio. También piden que el Poder Ejecutivo “ordene a las empresas dejar sin efecto los aumentos anunciados” y reclaman que el Congreso “apruebe una ley que establezca un marco regulatorio de la actividad”, que la clasifique como “servicio público”. Así lo señaló el representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, mediante un comunicado de prensa. Polino indicó que junto a Consumidores Libres las entidades que promueven el apagón telefónico son el Centro de Educación al Consumidor (CEC); la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC); la Unión de Usuarios y Consumidores (UUC), además de la organización Barrios de Pie entre otras organizaciones sociales. Movistar ya dispuso un aumento de hasta un 15 por ciento, por lo que los mensajes de texto pasarán de 0,43 a 0,48 centavos para los teléfonos con abono mensual y de 0,67 a 0,74 centavos para aquellos que son con tarjeta. En tanto, Personal determinó una suba de entre 15,9 y 20,2 por ciento, que se pondrá en vigencia a partir de octubre próximo. El mensaje de texto en este caso pasará de 0,38 a 0,45 centavos para los celulares con abono mensual y de 0,43 a 0,49 centavos en el servicio prepago. Bajo el nombre “Apagón de la telefonía celular”, las entidades concretarán una “protesta por los aumentos arbitrarios e inconsultos que la empresa Movistar comenzó a aplicar a partir del viernes y que la empresa Personal anunció a partir del 7 de octubre” próximo, señaló el diputado socialista. “La medida tomada por las entidades de defensa del consumidor tiene por objeto reclamar al Poder Ejecutivo nacional a que ordene a las empresas dejar sin efecto los aumentos anunciados y reclamar del Congreso Nacional a que apruebe una ley que establezca un marco regulatorio de la actividad”, explicó. Y agregó que se pretende que “dicha norma clasifique como servicio público a la telefonía celular, consagre la portabilidad numérica para garantizar la competencia y posibilite la realización de audiencias públicas cada vez que las empresas quieran cambiar las reglas de juego”.