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l Canciller Héctor Timerman fue claro en la reunión con los asambleístas: "si Botnia contamina se tiene que ir", les dijo. Timerman irá a Gualeguaychú en un plazo de treinta días a dialogar con la Asamblea Ciudadana Ambiental de esa ciudad. Antes, los jefes de la delegación argentina ante la Corte de La Haya en el reciente juicio de nuestro país contra Uruguay estarán también en Entre Ríos y explicarán qué pruebas manejaron en cada área. Se trata de la abogada Susana Ruiz Cerrutti y el científico Juan Carlos Colombo, directora ella del equipo legal que obtuvo una victoria en la contienda y director él del equipo técnico-científico, que no logró demostrar que Botnia causó contaminación, aunque sí, que hubo eventos contaminantes en el área de la pastera. "Quedó claro que tenemos una mirada distinta sobre el impacto del acuerdo. Para el gobierno, cierra el conflicto y para Gualeguaychú, nada está cerrado –dijo el asambleísta y abogado Luis Leissa, uno de los diez delegados de la Asamblea Ambiental que se reunieron con el canciller Héctor Timerman-. Quedan varios asuntos pendientes. Hernán Orduna, es titular de la binacional Comisión Administradora del Río Uruguay, destacó que todavía resta definir cuestiones de procedimiento para el control. Claramente, para afuera, se afirma que el acuerdo está hecho. Para adentro, las principales "pautas todavía deben acordarse", describió. La "letra chica" del acuerdo es ahora "motivo de discusión dentro de la CARU", apuntó. Por otro lado, el 13 de agosto se reunirán en Buenos Aires los integrantes del grupo legal de la Asamblea con Ruiz Cerrutti. Tendrán en agenda temas varios, entre ellos, el juicio penal federal que se sigue en el Juzgado de Concepción del Uruguay a directivos de Botnia y Ence por contaminación con residuos peligrosos (infracción a la Ley 24051), la querella del gobierno nación al contra un grupo de asambleístas y la posibilidad de litigar contra Botnia-UPM en cortes de derechos humanos europeas, dado que en la región del sur entrerriano viven argentinos que también tienen nacionalidades europeas. "Acordamos enviar una carta a Timerman con detalle de todos los eventos de contaminación atmosférica que verificó en el área, provenientes de Botnia, el equipo de científicos de la UBA dirigidos por la doctora Inés Camillioni. Timerman trasladará esa carta al gobierno uruguayo", informó Leissa. Además, la Asamblea acordó con Ruiz Cerrutti insistir para que el Juez Federal de Concepción del Uruguay Gustavo Pimentel libre un nuevo exhorto a la Cancillería argentina, para que ésta a su vez reclame ante sus pares uruguayos por las citaciones a directivos de la empresa pastera que no se han presnetado ante los requerimientos argentinos. "Tabaré Vázquez decidió, siendo Presidente, no hacer llegar a sus destinatarios los exhortos enviados por el juez anterior Guillermo Quadrini. De esa forma, Uruguay viola el Protocolo de San Luis que ambos países suscribieron, sobre cooperación judicial internacional, que obliga a los signatarios a brindar pruebas colaboración entre sí", agregó. Timerman entregó también hoy a los asambleístas copia de todas las presentaciones argentinas ante La Haya. "Son unos cien biblioratos en tres idiomas, francés, inglés y español", dijeron los gualeguaychuenses. "Los va a trasladar la municipio". Como evaluación final, Leissa indicó: "la reunión no fue ni amable ni ríspida. Se mantuvo un tono firme y se aclaró que hay coincidencias y discrepancias. Pero tomamos esto como un primer encuentro. Habrá otros donde avanzar más". En cuanto a la querella contra los asambleístas, no se abordó durante la reunión (sí, pudo conocer Clarín que en próximos días habrá un encuentro con el gobernador Urribarri donde se tratará la cuestión). La reunión duró menos de una hora. Comenzó a las tres de la tarde, presidida por el canciller Héctor Timerman. Estuvieron presentes el gobernador entrerriano Sergio Urribarri, la doctora Ruiz Cerrutti y el funcionario de Cancillería Hernán Orduna, también entrerriano. La Asamblea, reunida el domingo pasado, encargó a sus compañeros que escuchen y no tomen decisiones, y lleguen de regreso a Gualeguaychú directamente a la reunión que cada miércoles se realiza en el Club Frigorífico para informar lo escuchado. El grupo votado para dialogar con el ministro es el mismo que ya estuvo tres semanas atrás con Timerman y otros funcionarios del Ejecutivo nacional. Son ellos Carlos Goldaracena, Martín Alazard, Luis Leissa, Osvaldo Fernández, Jorge Fritzler, Raúl Almeida, Oscar Bargas, Juan Veronesi, Roberto Marchesini y Cristina Limba. Para la Asamblea Ciudadana Ambiental, el acuerdo bilateral no está claro y más bien es ambiguo. Por ejemplo, no se vislumbra cuánto tiempo será analizada la planta de Botnia cada vez. Tampoco satisface a nadie que sea la DINAMA la monitoreadora junto con los científicos, ya que hasta el momento, esa Dirección Nacional de Medio Ambiente ha venido controlando a la planta y ha estado de acuerdo con las 40 mil toneladas de desechos tóxicos que Botnia arrojó al río Uruguay desde el inicio de su producción hasta febrero de 2010 (a agosto, sumar un cuarto más). Otro de los puntos que causa mucho malestar en el interior de la asamblea es que se haya puesto al mismo nivel el control de UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú. "No podemos pensar que lo visto hasta ahora es un plan de monitoreo", dicen. "Lo de monitorear todas las plantas fabriles y desagües existentes en ambas orillas en la zona argentino-uruguaya del río es una buena iniciativa, pero desvía del objetivo central: controlar a Botnia desde adentro de la planta. E ingresar a ésta doce veces al año no es nada". En ese plan, llevan una lista de al menos once cuestiones para aclarar acerca del monitoreo. "Acá no se termina el conflicto de siete años, sino que permanece igual", sostienen. "La Asamblea está en desacuerdo con lo firmado por los presidentes", indicó la secretaria del grupo, Susana Padín. Para los asmableístas, un punto es clave: "Gualeguaychú sigue preocupado y tenemos miedo que este acuerdo convalide la contaminación que produce la planta". (Verónica Toller, Clarín).-