L

a vuelta a clases tras el receso invernal estará signada por la primera medida de fuerza que realizan los docentes en el año, que se concreta desde este lunes con un paro por 48 horas que se extenderá hasta el martes, al que convocaron la Asociación Gremial del Magisterio (AGMER) y el sindicato de los docentes técnicos (AMET). El Gobierno remarcó que descontará los días no trabajados y cuestionó con dureza a las entidades. Ayer también se conoció que el gobierno provincial promovió una medida autosatisfactiva, con la intención de que la Justicia intime a los gremios a no realizar el paro. Sin embargo, el juez Civil y Comercial N° 1 de Paraná, Juan Carlos Coglionesse, no hizo lugar al requerimiento del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) para que los gremios docentes dejaran sin efecto el paro. El magistrado consideró que la vía escogida por el gobierno no era la adecuada para el reclamo, que consistía en exigir a los sindicatos que acataran la conciliación obligatoria y suspendieran la medida de fuerza de 48 horas. En la resolución señaló que el dictado de la medida pretendida "sería totalmente redundante y abstracto", dado que "nada agrega a la resolución dictada por la Dirección Provincial del Trabajo, por el contrario devalúa el acto administrativo, prácticamente tornándolo inexistente, debiendo en consecuencia cada vez que se dicte un acto administrativo ser convalidado judicialmente para que se cumpla". La medida de fuerza había sido dispuesta por el Congreso de Agmer realizado en Villaguay a comienzos de julio y estaba supeditada a que el Gobierno hiciera una propuesta de mejora salarial antes del 20 de julio. El plazo estaba fijado a fin de poder realizar con las bases la eventual proposición oficial, que finalmente no llegó. El miércoles 21, el Gobierno llamó a los gremios a un encuentro a concretarse al día siguiente en el Salón de los Gobernadores. Agmer llegó a ese encuentro con la medida de fuerza ratificada, luego de considerar “extemporánea” la llamada oficial, según la definió Mónica Ruiz Díaz, secretaria de Finanzas de la organización sindical. En el encuentro del jueves pasado, el Gobierno hizo un racconto de las acciones que se fueron concretando, tal cual lo acordado a comienzos de año en el entendimiento que tuvo como marco el acta suscripto entre los gremios a nivel nacional y la Administración Central y adelantó que la nueva oferta llegaría recién sobre finales de agosto. Esta actitud fastidió a los representantes sindicales. Según dijo César Baudino, titular de Agmer a la salida del encuentro, se trató de “otra reunión improvisada por las autoridades del Gobierno provincial, sin una propuesta concreta”. En ese sentido, entendió que el gobernador Sergio Urribarri “ha mandado a sus ministros a poner la cara en una situación que no tiene respuestas”. Su par de Amet, Hugo de Bueno, aseveró que se retiraban “frustrados” porque “la expectativa era otra”. En conferencia de prensa realizada ese mismo día, el ministro de Gobierno y Educación, Adán Bahl, ratificó que se iban a descontar los días si había paro y adelantó que, al día siguiente (viernes 23), el Consejo General de Educación pediría a la Dirección de Trabajo que se dicte la conciliación obligatoria. El organismo que conduce Oscar Balla dictó la medida en el transcurso de esa mañana, intimando a las partes a que no tomen medidas unilaterales (como el paro), y las convocó para un encuentro a celebrarse el miércoles a las 9. La reacción de AGMER fue de rechazo a la decisión administrativa y de ratificación de la protesta, a la vez que adelantó que buscará que la Justicia dicte la inconstitucionalidad de la decisión administrativa porque “el Gobierno no puede ser juez y parte”, razonó el secretario general de la delegación Uruguay del gremio, Gustavo Blanc. También AMET decidió sumarse a la medida de fuerza por 48 y desconocer también la conciliación. Esto llevó al ministro Bahl a sostener que ambos gremios “serán los dos primeros gremios del país que incumplen un acuerdo a nivel nacional”, refiriéndose al acta rubricada a principios de año. El Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, también salió a la palestra, para desacreditar el fundamento de la presentación contra la conciliación que realizará AGMER. “Eso no tiene ningún sustento. El mecanismo de la conciliación, como instancia previa a la adopción de medidas de fuerza, es un instituto común en el derecho laboral de todas las provincias, el argentino, el americano y también el europeo. Si el gremio no está de acuerdo, debería plantear un recurso de revocatoria o de apelación, para que sea un juez el que revise si la resolución de Trabajo es o no ilegítima”, indicó. (Fuente: El Once Digital)