L

a Fiscalía de Estado de la Provincia "motorizará una denuncia penal contra el médico psiquiatra que durante dos años otorgó certificados `truchos´ a un empleado de la Dirección General de Rentas al que le diagnosticó `depresión´ y la prescripción de ausentarse del trabajo, cuando en realidad no prestaba servicios porque estaba de viaje por Europa", comunicaron a INFORME DIGITAL. No será la única medida que adoptará el Gobierno: también darán intervención a la Secretaría de Salud para que a través del área de contralor profesional analice la posibilidad de retirarle la matrícula. En Entre Ríos, al no haber colegiación de los médicos, el control y otorgamiento de la matrícula corre por cuenta del Estado provincial, aunque ese es un aspecto que podría cambiar si prospera un proyecto de ley con media sanción del Senado que crea el colegio médico. El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo que dará intervención al Ministerio Público Fiscal, y también a la Secretaría de Salud, aunque paralelamente la investigación seguirá adelante a nivel de la Dirección de Sumarios para determinar responsabilidades. El profesional involucrado es el médico Alberto Francisco Raiteri quien durante dos años justificó las ausencias de un empleado de Rentas, supuestamente afectado por un estado depresivo, aunque en la realidad se hallaba de viaje por Europa. La situación fue abordada en una investigación que tiene en marcha la Dirección de Sumarios, adonde el médico Raiteri ya prestó declaración en el sumario iniciado. Según se desprende del expediente abierto, cada mes, entre los días 4 y 8, entre enero y diciembre de 2006, el psiquiatra Raiteri extendió certificados médicos a un empleado de Rentas de Diamante en los que consignaba un diagnóstico parecido: “trastorno depresivo”. Y acto seguido establecía la necesidad de que debía “permanecer alejado de su actividad laboral por un lapso de 30 días”. Pero puesto al trasluz el entuerto, se descubrió que durante el tiempo en el que supuestamente el empleado había concurrido periódicamente al consultorio de su psiquiatra, estaba de viaje por Europa y México. La información la aportó la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior: de acuerdo a esos registros, el empleado salió por el Aeropuerto de Ezeiza el 23 de diciembre de 2005 e ingresó de vuelta el 5 de enero de 2009. En ese mismo lapso, el empleado, según los diagnósticos de Raiteri, estaba afectado por un cuadro depresivo y por eso no cumplía con su trabajo. El fiscal de Estado no dudó en rotular de “escandaloso” el trámite de otorgar certificados médicos con diagnósticos simulados, y por eso se mostró firme en ordenar distintos procedimientos en lo inmediato de modo de conformar un caso “testigo” que permita avanzar en situaciones que se sospechan pero que rara vez quedan al descubierto. “Acá no solamente está la denuncia penal, que vamos a motorizar a través del Ministerio Público Fiscal, sino que además deberá tomar intervención Salud por la cuestión de la matrícula, porque el Estado tiene el control de la matrícula. Y por supuesto se avanzará con el sumario que ya se inició”, destacó el funcionario. El expediente, que ya acumula valiosos elementos, pone blanco sobre negro y destaca sin medias tintas que “de acuerdo al detalle de los movimientos migratorios de la Dirección Nacional (de Migraciones) el doctor Raiteri ha procedido a entregar certificados médicos a un agente del Estado Provincial que no se encontraba en el país, lo que no coincide con lo declarado ante esta Instrucción”. De ese modo, en Sumarios llegan a un primera conclusión: que el psiquiatra Raiteri “ha incurrido presuntamente en delito de falso testimonio previsto en el Artículo 275º del Código Penal”; y que el hecho de que el empleado haya presentado, o haya hecho presentar, ante la Administración Pública certificados médicos “que dan cuenta de una constatación por parte de un profesional cuando por su ausencia del país ello no fue real”. Claro que la investigación no sólo afecta al psiquiatra sino también al empleado de Rentas. El 7 de marzo de 2007, luego de dos años de viajes por Europa que fueron encubiertos por diagnósticos por “depresión” que justificaron sus ausencias al trabajo, el dependiente de Rentas decidió presentar su renuncia. Aunque el trámite no lo hizo personalmente, sino a través de tercero. El decreto N° 2.980, del 5 de agosto de 2009, por el que se le abrió un sumario administrativo, señala que ese día se presentó ante la delegación Diamante de Rentas la señora “Elina Lucila Garay, adjuntando poder especial para trámites y actos de administración, mediante la que comunica la aparente decisión” del empleado de “renunciar al cargo” que ocupaba en la DGR. El modo cómo se tramitó la renuncia permitió al área jurídica de Rentas empezar una investigación, más aún cuando se habían acumulado, entre diciembre de 2006 y abril de 2007, casi cinco meses de inasistencias injustificadas.