L

a tala de árboles es uno de los pasos iniciales para la concreción de la megaobra del puente y la avenida costanera en la Isla del Puerto que deberá llevar adelante la firma constructora. Una vez en el lugar, los asambleístas decidieron continuar las medidas de protesta con la concreción de un campamento durante el fin de semana, al que se sumara la ciudadanía con una “mateada” en el lugar. Sin embargo, la iniciativa quedó trunca luego de que los asambleístas fueran denunciados ante el Juzgado de María Calveyra por el delito de “sedición”, figura comprendida en el artículo 230 del Código Penal. La denuncia penal surgió luego que los asambleístas se hicieron presentes en el lugar, enterados de la tala de árboles que se producía en el Balneario Itapé. Cristina Tejedor, integrante de la Asamblea, comenzó haciendo uso de la palabra y señalando que el desmonte "está prohibido" por normativas provinciales. Por este motivo desde la Asamblea se presentaron denuncias ante el subsecretario de Recursos Naturales de la provincia, Conrado González, Arbolado Urbano, Prefectura y la Secretaría de Medio Ambiente local y provincial, tendientes a detener el desmonte del lugar. Tanto los ambientalistas como el arco opositor tuvieron acceso a la palabra y concluyeron en la realización de un campamento durante el fin de semana y la invitación a la ciudadanía uruguayense a sumarse en una mateada, a la espera de que la Secretaría de Recursos Naturales de la provincia envíe un inspector. Campamento “sedicioso” Conocida la decisión adoptada por los asambleístas, desde la firma Lemiro Pietroboni se resolvió radicar una denuncia ante la Justicia por la figura de sedición, representada en el artículo 230 del Código Penal que establece que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los individuos de una fuerza armada o reunión de personas, que se atribuyeren los derechos del pueblo y peticionaren a nombre de este y los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código”. Esta denuncia motivó que la doctora Calveyra envíe personal policial al Balneario Itapé para despejar la zona, quedando así truncada la realización del campamento promovido por los asambleístas. Una mateada por la flora Más allá de la medida adoptada, los asambleístas resolvieron rápidamente mantener la invitación a la familia uruguayense a sumarse a una mateada que tuvo su primera parte este sábado por la tarde. Otra medida adoptada por los asambleístas es la de llenar la casilla de correo del subsecretario de Recursos Naturales, Conrado González, con adhesiones a la detención de la tala indiscriminada de árboles. Mientras tanto, en medio de la polémica, lo cierto es que quienes se acerquen al lugar podrán observar el paso de las máquinas y la limpieza de una amplia porción de terreno que finaliza en la costa del balneario y deja al descubierto una zona que hasta hace pocos días estaba arbolada con la verde flora que caracteriza a la costa ribereña. “Plan de trabajo que cumplir” El empresario Víctor Pietroboni se refirió al conflicto generado entre las tareas que desempeña la firma constructora y las protestas de la Asamblea Ambiental de Concepción del Uruguay. Aclaró que no conoce los pormenores del caso ya que se encuentra de vacaciones fuera de la ciudad, pero igualmente confirmó que “Vialidad provincial nos dio la orden de iniciar los trabajos”, confirmó. El poderoso empresario uruguayense recordó que “a partir de la resolución de CARU que aprueba el proyecto ejecutivo sin objeciones, nosotros tenemos un plan de trabajo que cumplir”. Por ello remarcó que “la empresa tiene plazos que respetar” y que la autorización expresa de Vialidad provincial hizo que “nosotros debamos iniciar las tareas”. “No se ha dado ningún permiso” Cristina Tejedor, representante de la Asamblea Ambiental, expresó que cuando se decidió radicar la denuncia por la tala de árboles, desde Arbolado Urbano no estaban enterados del hecho y esto quedó al descubierto cuando “el Concejal Grandi llamó a la ingeniera Marcó para enterarla de lo que estaba pasando y ella dijo que no le habían avisado nada, pero que hay disposiciones municipales que prohíben podar las ramas sin aviso previo”. Conocido este hecho, los asambleístas decidieron constatar la tala a través de la certificación del escribano Miguel Ángel Salvarredy, dado que para Tejedor hubo “árboles que fueron cinchados y los tiraban abajo para luego decir que se habían caído”. Aquí la asambleísta denuncia un trabajo sistemático de parte de la empresa Pietroboni, en dejar caer los árboles de manera artificial para tiempo más tarde poder justificar el desmonte. Respecto a la obra, Tejedor dice que “en la provincia no se ha dado ningún permiso” y la empresa ya trabaja en el lugar. “Están cobrando certificados (de obra). El ingeniero Navarro (de la firma Pietroboni) nos dijo eso”, argumentó Cristina Tejedor. En ese aspecto, denunció que “Han empezado la obra sin tener los trámites que ellos mismos se han impuesto. No tienen permiso y están cometiendo irregularidades”. (Fuente: El Día de Concepción del Uruguay)