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a situación de zozobra creada respecto de la cobertura médica de 4.000 docentes que se desempeñan en escuelas públicas de gestión privada todavía se mantiene, a pesar de las declaraciones oficiales que tienden a echar un manto de tranquilidad. Entre los apoderados de escuelas públicas de gestión privada hay dudas respecto de cómo se aplicaron los descuentos, ya qué obra social se destinaron. Educación cometió un serio error en la liquidación de los sueldos de junio, cuando debió producirse la mudanza del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) a una obra social nacional, elegida libremente por cada docente. En vez de descontar un aporte personal del 3 %, retuvo el 6 %, y en lugar de girar ese dinero a las escuelas, para que estas a su vez realizaran la tramitación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), lo depositó en las cuentas de la Obra Social de Docentes Privados (Osdop). Las autoridades prometieron corregir el desacierto, pero en medio apareció un dictamen de la Superintendencia de Servicios de Salud, que ordenó mantener la cosas tal y como estaban. Esto es, depositar el aporte al Iosper hasta dando se resolviera un planteo de fondo de las escuelas privadas. Pero ese dictamen todavía no ha sido tomado en cuenta por el Concejo General de Educación (CGE). Por eso, ayer los colegios privados preparaban una presentación que harán ante el ministro de Salud, Ángel Giano, en el que piden la intervención directa en el entredicho. “Le pedimos al Ministerio que nos ayude a destrabar esta situación. Esta desprolijidad administrativa del Consejo de Educación terminó de empeorar el panorama”, dijo el padre Oscar Rigoni, delegado de Educación de la Diócesis de Concordia. “Estamos solicitando su intervención porque se trata de la salud de los docentes”, añadió. Susana Cogno, vocal gremial del CGE, no pudo aportar demasiado al respecto. “Nadie me atiende el teléfono. Parece que se han ido todos de vacaciones. Ni los correos me contestan”, se quejó. El origen del conflicto Todo comenzó a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en febrero último declaró inconstitucional el decreto Nº 4.427, emitido por la Provincia en 1972 y a través del cual se incorporó de modo masivo a todos los docentes privados al Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos. La demanda había sido iniciada por la Obra Social de Docentes Particulares en 2009 contra el Gobierno de Entre Ríos, y fue acogida favorablemente por la Corte a pesar de la oposición de la Provincia. En una presentación que hizo el Consejo General de Educación durante la tramitación de la demanda, sostuvo que la salida del Iosper de los docentes privados provocaría dos desequilibrios financieros: uno, a la propia obra social, al restarle aportantes, unos 4.000 titulares; y otra, al Estado, por cuanto “se produciría un importante incremento de las erogaciones en concepto de pago de salarios de docentes privados”. Así resuelto el tema a nivel judicial, el Gobierno decidió acatar la medida. El 18 de junio el CGE dictó la resolución Nº 1.909 por la que ordenó cesar el depósito de los aportes patronales y personales al Iosper, y dispuso girar esos fondos a cada una de las escuelas privadas para que, una vez que cada docente hiciera la opción por alguna obra social nacional, el dinero se girara a ese organismo. Pero con el primer monto retenido, correspondiente a los salarios de junio, ocurrió un caos: en vez de descontarle el 3 % del salario, el CGE descontó el 6%, y contradiciendo una disposición propia, giró los fondos directamente a Osdop. Otra vez Descubierto el “error”, el 7 del actual el Consejo de Educación giró a las escuelas privadas el texto de la circular Nº 02, firmada por la directora de Enseñanza Privada, Patricia Palleiro de Todoni, y Liliana Arce de Kunzi, responsable de liquidaciones, a través de la cual asumió el compromiso de corregir las planillas de sueldos. “Visto la situación generada en relación con la liquidación de haberes del mes de junio del personal de las Instituciones de Gestión Privada Centralizadas, es necesario aclarar que las planillas que se mandaron a las mismas el día 6 de julio del 2010 fueron recibidas en el Departamento Contable de esta Dirección a las 11.30 horas de dicho día, para ser enviadas al interior de la Provincia con la prontitud exigida, a las 13.30 horas. Esto motivó que no se advirtieran los errores cometidos por la Dirección de Liquidaciones de la Provincia, en dichas planillas, a saber: • Descuento por Obra Social del 6 %, cuando corresponde el 3 %. • Identificación del Aporte por Obra Social por el código 631 (Osdop), cuando correspondía la consignación del código 611 (Obra Social)”, dice el texto de la disposición oficial. Desde el área de Educación Privada prometieron corregir la situación para lo cual “la Dirección de Liquidaciones de la Provincia está re-liquidando, con la re-impresión de las planillas y recibos como corresponde con lo cual se mandará la transferencia por la diferencia faltante. La rendición correspondiente de junio se debe realizar, indefectiblemente, con las planillas corregidas”. Pero lejos de subsanarse el error, los equívocos persisten. Según explicaron ayer apoderados legales de la Diócesis de Concordia, el Consejo de Educación si bien reliquidó los salarios con el descuento del 3 %, en vez del 6 %, mantuvo el aporte a Osdop, a través del código 631. “La situación está planteada así –dijo un integrante de la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada–: han mandado las nuevas planillas, que llegaron a Concordia, y también a algunas escuelas de Paraná, y efectivamente se ha corregido el porcentaje. Pero aparece una vez más el código 631, que según el listado que en su momento suministró el CGE, corresponde a Osdop”.