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a situación bordea el límite del absurdo. El 18 de junio el Consejo General de Educación (CGE) dictó la resolución Nº 1.909, por medio de la cual dispuso el “inmediato cese en las retenciones efectuadas por este organismo a los docentes de gestión privada” para financiar la cobertura de salud que brindaba el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), atendiendo así a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. La disposición trasladó esa responsabilidad –la tarea de depositar las retenciones a cada docente destinada a la obra social– a cada apoderado legal de las escuelas públicas de gestión privada. La orden, firmada por la titular del Consejo de Educación, Graciela Bar, no fue obedecida por los mandos medios, en apariencia: alguien dispuso desoír esa disposición, y no sólo que cambió de modo compulsivo el porcentaje de aporte a la obra social, que pasó del 3 % al 6 % del salario del docente, sino que en vez de girar el dinero a las escuelas privadas, se lo depositó directamente a una obra social determinada, en este caso, la Obra Social para los Docentes Privados (Osdop). “Yo se lo había advertido a Patricia Todoni (directora de Enseñanza Privada del Consejo de Educación). Le había dicho que hace 15 días había recorrido las escuelas de la diócesis la persona encargada de realizar las liquidaciones de sueldos, Liliana Arce, y dijo que ella iba a descontar el 6 %, y se lo iba a depositar a Osdop. Y así lo hizo. Lamentablemente, aquella decisión del Consejo no se aplicó, falló la cadena de mandos y nadie tuvo en cuenta la advertencia que hicimos”, dijo ayer el padre Oscar Rigoni, delegado de Educación de la diócesis de Concordia. Fallo La mudanza de los docentes privados desde el Iosper a una obra social nacional privada comenzó a darse como consecuencia de un fallo de la Corte que atendió así a un planteo de inconstitucionalidad formulado por Osdop contra un decreto de 1972, que dispuso la afiliación compulsiva de los privados a la obra social provincial. El planteo obtuvo un pronunciamiento favorable, a pesar de las objeciones que había interpuesto el Consejo de Educación que, entre otras cosas, sostuvo que la salida de los docentes privados del Iosper provocaría dos desequilibrios financieros: uno, a la propia obra social, al restarle aportantes, unos 4.000 titulares; y otra, al Estado, por cuanto “se produciría un importante incremento de las erogaciones en concepto de pago de salarios de docentes privados”. En Entre Ríos, y por el principio de cofinanciamiento, la educación privada cuenta con subvención del Estado: en el Presupuesto 2010, de los 1.835 millones de pesos destinados a educación, un 15 % se giró a los colegios privados para el pago de sueldos. El pago de salario incluye las obligaciones con la seguridad social, que sale también de las arcas oficiales. Mientras los docentes privados estuvieron afiliados al Iosper, aportaban el 3 % de su salario, pero ahora que han sido volcados a Osdop, la cobertura es más cara, y el aporte trepa al doble: es del 6 %. Vuelta atrás El delegado de Educación del Obispado de Concordia dijo que la determinación del Consejo de Educación de volcar a toda la docencia privada hacia Osdop “violenta” el derecho de opción. No obstante, entendió que habrá que dar marcha atrás y reliquidar los sueldos otra vez. “Cuando comenzaron a llegar las planillas de liquidación de sueldos a las escuelas, en la Junta de Educación empezamos a recibir una parva de consultas. Pero este error se dio porque nadie atendió nuestras advertencias”, dijo el sacerdote. La equivocación, señaló, de acuerdo con el compromiso que asumió la directora de Educación Privada, será corregida en lo inmediato. Y por eso, desde la diócesis de Concordia se envió un comunicado a todas las escuelas con la novedad de que “todas las planillas de haberes y los recibos, en el caso de las centralizadas, serán confeccionados de nuevo, para rectificar dos errores: la inclusión del código de Osdop y un descuento que duplicó lo que correspondía (6 % en vez de 3 %). En las nuevas planillas aparecerá la indicación Obra Social, sin especificar ninguna”, señala el texto. Susana Cogno, vocal gremial del CGE, no se ahorró críticas hacia el Gobierno, y destacó la “contradicción” de que el organismo que conduce la educación “incumplió” una directiva propia. “Se tomó la decisión política de no depositar el dinero en Osdop, sino dar la libertad de opción a cada docente. Lamentablemente, esto no pudo darse así, y se creó este escándalo. Acá se ha producido un daño explícito, no respetaron la libertad de opción y realizaron los descuentos sin más trámite”, fustigó. Superintendencia pide un compás de espera La Superintendencia de Servicios de Salud ordenó que los descuentos a los docentes privados se continúen depositando en la cuenta del Iosper, y no de otra obra social, mientras se dilucida un planteo de fondo hecho por la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada de Entre Ríos. El dictamen, firmado el 6 del actual por Silvia Albino, subgerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia, dice que “hasta tanto se sustancia la consulta formulada por la Asociación de Escuelas Públicas de Gestión Privada de Entre Ríos, los aportes y contribuciones a realizarse, que serían los correspondientes al mes de junio de 2010, sean canalizados hacia la entidad en la cual, al presente, se encuentra comprendida la población beneficiaria en cuestión”. Las escuelas privadas habían elevado un pedido de intervención a la Superintendencia “a fin de que nos aporte las precisiones necesarias, de las que hoy carecemos, para obrar de manera justa y conforme a las leyes, salvaguardando la salud de nuestro personal, la libertad que le asiste de optar por la obra social que prefiera, nuestros deberes como empleadores aportantes al sistema, y los derechos de las obras sociales sindicales”. A raíz de la situación “excepcional” planteada por el fallo de la Corte, las escuelas fueron intimadas por Osdop a realizar los aportes de inmediato a esa obra social y no a otra, bajo pena de ser denunciadas judicialmente. “A posteriori, hemos sido también intimados por la obra social Osplad, que nos ha advertido que las entidades propietarias deben garantizar a los docentes la libre elección de una obra social sindical nacional, y que si, como lo exige Osdop, procediéramos a depositar a esta última todos los aportes, estaríamos incurriendo en un delito penal, atentatorio de la libre opción”, dice el texto de los privados. Y puntualiza que a las intimaciones cruzadas, “se suma una situación aún más grave para las personas y la salvaguarda de su salud: la obra social provincial no ha sido clara y contundente en su compromiso de seguir atendiendo a nuestros docentes en una etapa de transición hasta tanto de manera efectiva dispongan ya de la plena cobertura de la obra social nacional sindical que corresponda”. (Fuente: El Diario)