E

n una ofensiva destinada a neutralizar el apoyo oficial para que sea sancionada la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Iglesia decidió desafiar el poder de convocatoria de los Kirchner y quiere que se llame a un plebiscito. Así lo anticipó el obispo auxiliar de La Plata, monseñor Antonio Marino, que preside la comisión de seguimiento legislativo constituida en el Episcopado. Teólogo y consultor del Vaticano, Marino, de 68 años, fue elegido por sus pares para llevar la voz de la Iglesia a los legisladores que tratan el controvertido proyecto. Tras reunirse con varios de ellos, dice haber advertido que la presión oficial por sacar adelante la iniciativa pesa en muchos senadores "más que sus propias convicciones". "He conversado con varios senadores para presentarles la postura de la Iglesia y muchos admiten que coinciden con nuestra posición y están de acuerdo..., pero después aparece el realismo político y terminan apoyando la ley", advirtió Marino, que secunda a monseñor Héctor Aguer en la arquidiócesis de La Plata y tiene muy buena relación con el cardenal Jorge Bergoglio. Dijo que la convocatoria a un plebiscito sería "una vía más razonable que la seguida por los legisladores, muchos de los cuales actúan bajo presión". Se trata de una herramienta contemplada en la Constitución nacional, cuyo artículo 40 prevé la posibilidad de someter a consulta popular un proyecto de ley. (Ver aparte) Tras ser aprobada en Diputados, la iniciativa sobre el matrimonio gay está, en estos momentos, en el Senado. La Comisión de Legislación General inició una ronda de consultas, aunque la intención oficial es no incluir modificaciones en el texto para convertirlo en ley y evitar que regrese a la Cámara baja. En la comisión mencionada, las fuerzas están parejas, aunque con leve predominio en favor de la aprobación. La intención del oficialismo es que el dictamen se vote en diez días y que se trate en el recinto el 14 de julio. La Iglesia confía en obtener un mayoritario rechazo popular al matrimonio gay a partir de las fuertes movilizaciones que se registraron en el interior, como en Salta y San Juan. Para continuar con esas demostraciones de fuerza, el Departamento de Laicos del Episcopado convocó a una concentración para el 13 de julio, frente al Congreso de la Nación, en vísperas de la discusión en el Senado, a la que se sumarán distintas confesiones religiosas. "Hay un gran apresuramiento para promulgar la ley. En otros países el debate llevó años. Los legisladores ignoran las implicancias que están encapsuladas en la letra de la ley", advirtió monseñor Marino ante La Nación. Se refirió, explicó, al desarrollo de la personalidad de los niños y a distorsiones que se producirían en el sistema jurídico filiatorio. Reclamó, así, "más tiempo para una decisión más sana". Tras preguntarse si la población aprobaría la sanción de una ley sobre un tema tan trascendente, que no figuró en la plataforma electoral de ningún partido, el obispo deslizó que en el oficialismo "le temen al plebiscito". Y advirtió sobre "el peso de una verticalidad, propia del realismo político". Marino afirmó que la coacción se da, principalmente, en el oficialismo y no dudó en señalar que la ofensiva del Gobierno por lograr la sanción de la ley constituye una maniobra distractiva. "Llama mucho la atención que en momentos en que la sociedad está afectada y preocupada por el índice de inflación, la inseguridad, la desocupación y el drama de la droga, entre otros graves problemas, se fije como prioridad legislativa este tipo de leyes", dijo monseñor Marino. El intento fallido por la ley de divorcio No es la primera vez que un tema controvertido inspira una propuesta de convocar a un plebiscito en la Argentina. Hace exactamente 24 años los diarios hablaban de una posibilidad de consulta popular ante un tema que se debatía en el Congreso: la ley de divorcio. "El Gobierno podría revisar su decisión inicial de no impulsar una consulta popular sobre el divorcio si continúa la ola de declaraciones, consideradas como destempladas, de parte de altos dignatarios eclesiásticos o si la marcha organizada por la Iglesia para el 5 de julio cobra un cariz de confrontación con las actuales autoridades", informaba La Nacion el 25 de junio de 1986, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El tratamiento de esa ley demandó diez meses. La Cámara de Diputados comenzó a debatirla en agosto de 1986 y la sanción definitiva del Senado ocurrió en junio de 1987. Finalmente, el plebiscito no fue convocado. En el país sólo se realizó una consulta popular general: fue el 25 de noviembre de 1984, cuando también durante la presidencia de Alfonsín, se convocó a un plebiscito para definir si la población aceptaba o no el acuerdo alcanzado con Chile para terminar con el conflicto por el Canal de Beagle. "Queremos que los argentinos, todos los argentinos, participen tomando posición acerca de si conviene o no dar solución rápida y pacífica a un problema que ha constituido desde hace un siglo un elemento de tensión con la República de Chile ?sostuvo el primer mandatario al anunciar la iniciativa?. La solución al diferendo del Beagle no sólo constituiría el final de un antiguo litigio, sino, además y sobre todo, un factor esencial para construir un futuro que se nos avecina con rapidez." El sí obtuvo el 81,13% de los votos frente al 17,24% del no y un 1,63% en blanco, con una participación del electorado del 70,17 por ciento. El tratado pasó sin problemas por la Cámara de Diputados, donde el radicalismo contaba con mayoría de legisladores. Fue el 30 de diciembre de 1984. Terminó siendo aprobado por el Senado, tras una larga discusión, en marzo de 1985.