Jueves 24 de junio de 2010
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Interés general
Oficialmente se recuperaron 200 mil hectáreas públicas
El fiscal de Estado aseguró que se han recuperado prácticamente todos los lotes de propiedad pública en la zona de Las Lechiguanas y del Puerto de Ibicuy. Destacó que se han dado de baja los "famosos" arrendamientos.
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Rodriguez Signes aseguró que se han recuperado 200.000 hectáreas de propiedad pública.

E

l fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, informó sobre los avances en la resolución de las irregularidades que permitieron la usurpación de miles de hectáreas de tierras fiscales en el Delta entrerriano. Al respecto, aseguró que se han recuperado "prácticamente todos los lotes de propiedad pública en la zona de Las Lechiguanas y del Puerto de Ibicuy" y que son unas 200.000 hectáreas a las que “hemos dado por finalizados los famosos arrendamientos”. "No nos quedamos con los expedientes, fuimos al terreno y tomamos medidas concretas", enfatizó en declaraciones periodísticas. En ese contexto, se refirió a la última acción encarada en abril de este año, cuando se tomó posesión de "prácticamente todos los lotes de propiedad pública en la zona de Las Lechiguanas y del Puerto de Ibicuy". Al respecto, explicó que se trata "de 200.000 hectáreas que nosotros hemos recuperado, porque hemos dado por finalizados los famosos arrendamientos". Según aseguró el fiscal, esto "significará un ingreso para la provincia en la medida en que se hagan nuevos contratos de permisos de uso, porque por los arrendamientos de esta zona se estaban pagando cifras irrisorias que iban de 4 a 5 pesos anuales por hectárea". Rodríguez Signes precisó que la zona de islas sobre la que se trabaja para su recuperación se extiende desde el Puente Rosario - Victoria hacia el sur, hasta la intersección del Uruguay con el Paraná. "Hemos hecho varios viajes al terreno y tomamos medidas concretas. La última fue el 5 de abril, que fuimos con el escribano del gobierno, con el director de Delitos Rurales de la Policía, Hugo Pasutti, y con un agrimensor para establecer exactamente los puntos donde están ubicadas las islas fiscales; tomamos posesión de prácticamente todos los lotes de propiedad pública", aseguró. Cabe señalar que dichos terrenos, situados en las islas Las Lechiguanas, departamento Gualeguay, y alrededor del Puerto de Ibicuy, están intrusados desde hace entre 20 y 30 años. "Hablamos de 200.000 hectáreas de propiedad pública y nosotros las hemos recuperado, porque hemos dado por finalizados los famosos arrendamientos. Son tierras fiscales que estaban o arrendadas o dadas en comodato gratuito, o directamente intrusadas. Esto lo recuperamos; en abril tomamos posesión porque constatamos con el escribano qué estaba desocupado y se le dio intervención a la Policía de Entre Ríos y al Poder Judicial", completó. En declaraciones a la prensa, el funcionario señaló además que "frente al muelle isla del Puerto de Ibicuy, en el límite entre Buenos Aires y Entre Ríos, está la península de Las Lechiguanas, que fue vendida por el gobierno de (Rubén Daniel) Di Bello, período1976/78". "Nosotros hemos planteado la lesividad y la recuperación de este lote, que está enfrente de este puerto que es estratégico, de 30 pies de profundidad, un puerto único en la región que necesita inversión y que se recuperen todos los terrenos que están alrededor", dijo. Agregó luego que está “también la zona de Mazaruca y de Las Lechiguanas, que compró (el empresario Victorio) Gualtieri, que yo creo que es discutible y estoy tratando de revertirlo. A todo eso hay que revisarlo, al igual que las ventas que hicieron los gobiernos de facto a precios irrisorios, a empresas que no existen, en muchos casos a especuladores rosarinos". Respecto de los intrusadores, Rodríguez Signes precisó que "la gran mayoría es de la zona de Rosario, San Lorenzo, Ramallo; es decir, de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe". "Hay algunos entrerrianos, pero muy pocos, porque es muy difícil acceder a la zona de islas desde Victoria, desde Gualeguay, desde Gualeguaychú. Para los bonaerenses es fácil, cruzan el río y está. Gente rosarina de mucho dinero está ocupando las islas como espacio de recreación. Y esto es territorio de la provincia de Entre Ríos", reclamó. A propósito de ello, el fiscal consideró que la recuperación de estas tierras fiscales "significará un ingreso para la provincia en la medida en que se hagan nuevos contratos de permisos de uso, porque por los arrendamientos de esta zona se estaban pagando cifras irrisorias". "En 2009, por ejemplo, se recaudaron, sobre 200.000 hectáreas, 900.000 pesos. Es decir, por hectárea se estaba pagando de 4 a 5 pesos por año, lo cual es una insignificancia. Como mínimo se debería recaudar diez veces más; y volcar esos recursos en inversión en la zona y en trascender lo que es la producción ganadera; o en el Puerto de Ibicuy, que es de gran importancia estratégica para Entre Ríos; y hay además hay obras que quedaron inconclusas", acotó el funcionario. En este sentido, agregó que "el Delta representa casi el 13 por ciento de la superficie total de la provincia. Del millón de hectáreas de la zona de islas, que es rica en tierra fértil y agua, hoy es propiedad pública casi el 3 por ciento, que está en discusión con esta situación de arrendatarios y usurpadores. El valor que tiene esto es incalculable a futuro. Obviamente que hay que hacer inversiones, porque sino la única posibilidad es la explotación ganadera; pero hay quienes piensan que se puede cultivar arroz. Entre Ríos es la primera productora de arroz del país, con 100.000 hectáreas plantadas; el principal insumo para el arroz es el agua y allí se podría hacer con un riego completamente natural. Realmente las posibilidades son enormes", subrayó. Finalmente, el fiscal de Estado consignó que lo que hace falta es "una decisión, no solamente jurídica, sino política, de apoyatura logística. La policía es fundamental que esté presente en esta zona; y actualmente está y está resistiendo a la gente que intenta volver, porque nosotros estamos accionando, pero ni bien baja el río los usurpadores reinciden", acotó. "De todos modos creo que se está generando una conciencia de que esto es estatal, que es de la provincia y que hay que defenderlo, porque genera un ingreso para la provincia, por la cuestión ambiental, y por el potencial productivo que tiene sobre todo para la producción de alimentos".
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