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a mitad de estos comercios están ubicados sobre rutas nacionales o provinciales y, según cifras extraoficiales, en el territorio entrerriano alrededor de dos mil mujeres ejercen la prostitución. Un documento revela dónde están y quiénes regentean estos lugares en toda la geografía. La trata de personas es, por definición, el comercio de seres humanos captados por violencia, engaño o abuso de un estado de desamparo o miseria con el propósito de reducir a esas personas a la servidumbre o esclavitud y obtener de ellos una ganancia, ya sea explotándolos sexualmente en la prostitución, en formas diversas de trabajo esclavo o para la extracción de órganos destinados a trasplantes. Es el tercer delito más rentable del mundo –detrás del tráfico de armas y drogas–, afecta a 161 países como lugares de origen, tránsito o destino, pero a la vez es un negocio que genera 32 mil millones de dólares anuales y en todo el mundo hay unas 4 millones de víctimas por año, de las cuales la mayoría tienen entre 18 y 24 años y el 25 % son niños. En la Argentina hay alrededor de 500 mil personas que son sometidas a diversas formas de esclavitud y un informe elaborado hace un tiempo por Unicef ubicaba a Entre Ríos como un eslabón importante en la cadena de explotación de menores en el país, principalmente a través de la Ruta Nacional 14. Actualmente hay en la provincia 82 locales que funcionan bajo el rótulo de whiskerías, cabaret, casas de tolerancia, bares con alternadoras, casitas con foquitos rojos u otras denominaciones comerciales ubicados dentro del ejido urbano o en los caminos y rutas entrerrianas. Sin embargo, el número ha descendido en los últimos dos años, producto de la clausura de 11 comercios, cinco que cerraron por disposiciones municipales y uno que cesó en su actividad. Círculo “Es básico admitir que si no existiera gente que paga para poder acceder a personas en condiciones de esclavitud, esto sería imposible de llevar a cabo”. La frase pertenece a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue pronunciada en marzo de 2009 ante la Organización de Estados Americanos (OEA). El jefe de Policía de Entre Ríos, Héctor Massuh, admite que “en el último tiempo la prostitución se ha disfrazado y ahora se ejerce en otros ámbitos” y si bien reconoce que “persisten los locales denominados como whiskerías que mantienen una clientela fija entre los habitantes de las colonias y camioneros”, el jefe policial aclara que “la prostitución se ha mudado a otros lugares dentro de la esfera privada a los que las fuerzas de seguridad no pueden acceder si no es a través de una orden judicial”. Lo cierto es que de los 82 burdeles que actualmente funcionan en la provincia, 41 están ubicados sobre rutas nacionales o provinciales, es decir, fuera del ejido de los municipios. La Ruta Nacional 14 está considerada como el corredor más activo de la prostitución. Sobre esta vía se encuentran 15 prostíbulos y a esos hay que sumar otros tres que fueron clausurados recientemente; mientras que a lo largo de la Ruta Nacional 12 hay otros cinco locales similares. Al respecto, el jefe de Investigaciones, Carlos Schmunk, reconoció que “en las rutas, en las ciudades y en los pueblos hay lugares donde se realiza esta actividad; lo que se persigue es la explotación de menores y mayores, no sólo en el ámbito de la prostitución, sino respecto de cualquier tipo de derecho que sea vulnerado”, al tiempo que aclaró que “la oferta de prostitución no sólo no está contemplada en la habilitación de los locales nocturnos sino que está penada por la ley”, pero admitió que “se han encontrado artilugios para el funcionamiento de pensiones o lugares de alquiler de habitaciones, pero que en realidad funcionan como lugares de oferta sexual”. Así es como han proliferado en las ciudades casas o departamentos donde se ofrecen servicios sexuales y, en la mayoría de los casos, sin las debidas normas de higiene y salubridad; de modo que el efecto ha sido una mayor clandestinización de la actividad. Perfiles Sin embargo, en Entre Ríos no hay una legislación que penalice el ejercicio de la prostitución desde la derogación de un artículo de la anacrónica Ley de Contravenciones Policiales Número 3.815, del año 1952. Se estima que en la provincia hay alrededor de dos mil mujeres registradas como “alternadoras”, aunque las cifras no son oficiales sino que pertenecen a organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. En la costa del Uruguay se ha detectado una fuerte presencia de chicas de entre 18 y 20 años, oriundas de provincias del Norte, principalmente de Misiones, y también de países limítrofes; mientras que en la costa del Paraná se destaca un mayor flujo de mujeres de santafesinas. Las desigualdades sociales, la falta de trabajo y de oportunidades y la pobreza suelen ser el denominador común que termina por convertirlas en víctimas de explotación y abuso. Aunque sin reglamentación aún, el Congreso Nacional sancionó el 29 de abril de 2008 la Ley Número 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas e inmediatamente se creó en la provincia la División Trata de Personas, dependiente de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos. Mientras tanto, la Procuración General de la Nación, a cargo de Esteban Righi, emitió un instructivo en el que advierte a todos los fiscales del país que el “incumplimiento” de las normas provoca “severos inconvenientes para la investigación” de este delito, pero además deja constancia de que “los prostíbulos, prohibidos por ley, funcionan bajo nombres eufemísticos y son lugar de destino por excelencia de las víctimas”. Asimismo, planteó que en las causas en las que se investigue el delito de trata de personas soliciten, frente a la posibilidad de disponerse un allanamiento en esos lugares, que intervengan los municipios para “concretar la clausura del local y promover la caducidad de la habilitación o inhabilitación, de acuerdo con las ordenanzas o reglamentaciones locales”. También la Policía de Policía de Entre Ríos remitió, el 11 de agosto de 2008, una nota a todos los municipios en la que “se sugiere legislar sobre la no habilitación de locales de diversión nocturna, así como también extremar el contralor sobre los ya existentes debiendo adaptarse a la legislación vigente”, en la consideración de que “esto demostraría el grado de compromiso de todas las autoridades políticas, judiciales, policiales y organizaciones no gubernamentales para combatir a los comerciantes de personas”. Sólo la Municipalidad de Gualeguaychú respondió, mediante la sanción de una ordenanza que prohíbe la habilitación de locales de diversión nocturna y se fijó un plazo de 24 meses, a partir del 12 de febrero de 2010, para la caducidad de las habilitaciones vigentes para whiskerías, clubes nocturnos, cabaret y similares. En las escuelas Con el objetivo de prevenir acerca del accionar de las redes de trata de personas, el Gobierno provincial habilitó el dictado de distintas charlas y seminarios en colegios secundarios, en virtud de que se considera que es ese el principal espacio de captación de chicas que luego son obligadas a ejercer la prostitución. Las actividades son coordinadas entre el Consejo General de Educación (CGE) y la Policía de Entre Ríos y ya se han realizado algunas actividades en escuelas de Larroque, Gualeguaychú y Paraná, aunque el objetivo es extenderlas a toda la provincia, a fin de lograr la prevención y la concientización de los jóvenes y adolescentes. Las charlas están a cargo de profesionales que trabajan en la División Trata de Personas de la fuerza de seguridad y se ha elaborado también un documento audiovisual explicativo acerca de cómo se realiza la captación de las menores y cuál es el calvario que se inicia a partir de que ingresan en manos de una red de este tipo. (Fuente: El Diario)