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a Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Regional Paraná alertó a los contribuyentes la presencia de falsos funcionarios que invocando el nombre de la entidad cometen estafas a través de la venta de inexistentes espacios publicitarios y protección impositiva. La estrategia consiste en promover suscripciones por un valor aproximado de 2.000 pesos a supuestos medios que tratan la cuestión impositiva. De esta forma, se promete acceder a beneficios fiscales, asesoramiento y protección inexistente. El organismo recomendó a los contribuyentes que “ante la sospecha de ser visitados por un falso inspector, se comuniquen al 0800-999-2347”. AFIP informó que “la asistencia en cuanto a la gestión que los contribuyentes y responsables pudieran necesitar del organismo, se otorga siempre sin costo alguno”. Asimismo, se destacó a través de un comunicado que “las facultades de fiscalización y control comprenden en forma igualitaria a todos los contribuyentes, sin otorgarse beneficios o protecciones individuales, todo ello en el marco de la ley”. El accionar de personas inescrupulosas ya ha sido denunciado en varias oportunidades por los propios directivos de la AFIP. Por tal motivo, aquel contribuyente que sospeche del accionar de estafadores podrá comunicarse a la AFIP para chequear la identidad del inspector. El accionar de estafadores se da justo en un momento donde se han profundizado las inspecciones del organismo nacional de contralor en comercios y empresas de Entre Ríos. Desde fines de enero de 2010 la AFIP detectó a través de los inspectores fedatarios, o encubiertos, que el 90% de los comercios controlados en Entre Ríos perjudicó al fisco en sus ventas. Según los registros del organismo recaudador los sectores de mayor incumplimiento son el gastronómico y el textil. Las irregularidades más comunes constatadas son la no emisión o entrega de comprobantes por ventas o servicios. De 20 comercios visitados 18 incumplieron, ya que no entregaron al comprador –un inspector encubierto– factura o ticket por la venta. Las infracciones detectadas son pasibles de clausuras de tres a 10 días y de multas de hasta 30.000 pesos. La mayoría fue clausurada.