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a causa contra los ambientalistas de Gualeguaychú avanza rápido. En la mañana de este lunes, Gendarmería les notificó a los manifestantes del corte de la ruta 136 sobre la causa que sigue el juez Gustavo Pimentel, y también procedió a identificar a los dirigentes que estaban presentes, a fin de transmitir sus nombres al magistrado. Efectivos de Gendarmería, encabezados por el jefe del Escuadrón Gualeguaychú, comandante Carlos Arias, identificaron a alrededor de una decena de integrantes de la Asamblea, que son acusados por el gobierno de una serie de delitos, entre los que se incluye homicidio culposo, privación de la libertad, amenazas, extorsión, entre otros cargos. Entre los apuntados por Gendarmería estaban el abogado Luis Leissa; José Pouler, uno de los voceros históricos de la Asamblea; Sira Muñoz, María Elena Marchioli, entre otros. Bajo una intensa lluvia, aunque dentro del refugio instalado allí, Arias les leyó a los asambleístas presentes la notificación del Juzgado Federal de la tramitación de la causa. El decreto 828/2010, firmado por Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, señala que "la ocupación denunciada ha implicado la comisión de diferentes ilícitos" y que su "detección y cese, a los efectos de su eficaz tutela, corresponde a los poderes del Estado". Y ratifica la línea definida por la administración nacional, que ahora considera "delitos hechos tales como, homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos, actos de intimidación pública y manifestaciones que constituirían apología del delito". Ante la presión judicial, los asambleistas ya reconocen que podrían levantar la protesta. José Pouler, uno de los líderes del corte, ratificó que el miércoles habrá una "asamblea más grande" durante la cual, sostuvo, "puede estar el levantamiento del corte como una de las medidas, a cambio de que ocurran ciertas cosas del gobierno que hasta ahora no han sido posibles". Cuando por radio Mitre se le preguntó si la flexibilización de la postura de la Asamblea es producto de la avanzada judicial que está encarando el Gobierno, admitió que "en parte sí". Pero destacó que también es "porque hay que empezar a exigir cosas" para evitar que "Uruguay se prenda de eso para no permitir el monitoreo", a pesar de que el fallo de la Corte de La Haya no se refirió al corte. "Entonces, tal vez nuestra tozudez haga que esto se prolongue en el tiempo y no conseguir las pruebas que demuestran que Botnia contamina", sostuvo. El dirigente criticó al Gobierno nacional por presionarlos y dijo que le exigirán algo a cambio de flexibilizar la protesta. "Hay que ver que quiere el gobierno darnos a cambio", dijo, a la vez que advirtió que "una amenaza" como la de llevarlos ante la Justicia no hará que se retiren de la ruta, ya que se trata, sostuvo, de "un gobierno que ha estado ausente, que nos ha mentido continuamente". En ese sentido, señaló que, tras conocerse que el gobierno querellará a los ambientalistas, "uno empieza a atar cabos", dijo, y "se da cuenta que en realidad era una decisión del gobierno engañarnos".