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a Fiscalía federal de Concepción del Uruguay comenzó a analizar la denuncia penal del gobierno nacional contra un grupo de ambientalistas de Gualeguaychú que cortan el paso a Uruguay en la ruta 136, a la altura de Arroyo Verde, desde hace tres años y medios. Pese al hermetismo oficial, que se niega a dar a conocer la querella, este jueves trascendió que la denuncia penal estaría dirigida contra unos 25 integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental. Se trataría de los dirigentes más rebeldes, quienes acusan al oficialismo de abandonarlos en su lucha contra la pastera Botnia. De acuerdo a lo poco que reveló el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, en la presentación ante la Justicia se identificaba "con nombre y apellido" a "aquellos que con su conducta han permitido por acción o por omisión la comisión de delitos". Entre los delitos enunciados por Fernández figuran los siguientes: "Entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito". Este jueves el jefe de Gabinete ratificó que el corte de los asambleístas es un "capricho" y advirtió que la Justicia "va a tener que tomar cartas en el asunto". A todo esto, y mientras en Concepción del Uruguay la fiscal Milagros Squivo analizaba los argumentos del Gobierno para impulsar la denuncia, los abogados de la Asamblea Ciudadana Ambiental trabajaban en las últimas horas para conseguir algunas precisiones. En este marco, la fiscal Squivo había evitado pronunciarse sobre el eventual desalojo de la ruta y derivó la decisión en el juez subrogante Gustavo Pimentel, quien en el martes dictó el fallo que ordenaba al Gobierno garantizar la libre circulación en la ruta.